Bolivia | Transportistas anunciaron un paro de 48 horas luego de que Rodrigo Paz eliminará el subsidio al precio del diésel
Transportistas suspenden servicio interprovincial e interdepartamental hasta que se fijen nuevas tarifas
Por Iván Montero Plaza
La Federación Departamental de Transportistas de Omnibuses de Santa Cruz (FDTO-SC) determinó el cierre de operaciones del transporte interprovincial, interdepartamental e internacional con salida y llegada a Santa Cruz a partir de las 00:00 de este lunes 21 de septiembre, tras el retiro de la subvención al diésel y su impacto en el sector.
📌El presidente Rodrigo Paz oficializó el Decreto Supremo 5716, eliminando el subsidio estatal al diésel y fijando su cotización en 17,95 bolivianos por litro. Esta medida ha generado un fuerte rechazo social en Bolivia, especialmente entre dirigentes mineros e interculturales… pic.twitter.com/68AU0lwPBo
— teleSUR TV (@teleSURtv) September 20, 2026
En el documento se explica que la medida responde a la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5716 que eliminó el esquema de subvención al diésel y estableció inicialmente un precio de Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 que regía. La nueva norma también establece un mecanismo para que el precio se ajuste de acuerdo con referencias internacionales.
En su pronunciamiento, la FDTO-SC sostiene que el Gobierno no estableció una tarifa oficial de pasajes que permita compensar el incremento del costo del combustible. Afirma, además, que cualquier modificación de tarifas debe ser definida mediante una disposición oficial y con participación del sector del transporte.
“Cualquier precio fijado por los transportistas carece de respaldo legal, se aclara en el acta. Efectivamente las tarifas deben aprobarlas las alcaldías y gobernaciones.
A partir de esta posición, los dirigentes resolvieron suspender las operaciones mientras esperan que el Gobierno establezca una nueva estructura tarifaria.
La resolución contempla cuatro acciones principales:
Realizar una conferencia de prensa para explicar a la población las razones de la medida y solicitar comprensión.
2. Disponer el cierre de operaciones del transporte interprovincial, interdepartamental e internacional desde Santa Cruz a partir del lunes 21 de septiembre.
3. Mantener la suspensión “de forma indefinida”, hasta que el Gobierno establezca una tarifa oficial de pasajes mediante decreto y en coordinación con el sector.
4. Encomendar a la dirigencia la ejecución de las determinaciones y la comunicación correspondiente a las instancias competentes.
El anuncio de los transportistas cruceños se produce un día después de la entrada en vigencia del DS 5716, que fijó el precio inicial del diésel en Bs 17,95 por litro, IVA incluido, y sustituyó el esquema anterior por un mecanismo basado en el Precio de Paridad de Importación, que contempla referencias internacionales y otros costos asociados a la importación y comercialización del combustible.
Paz promulga la ley del contrato con el FMI y abre paso a reformas económicas
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1765, que pone en vigencia el contrato de crédito por 1.369 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abre paso a la aplicación de las reformas económicas acordadas entre el Gobierno y el organismo internacional.
La ley, publicada por la Gaceta Oficial este fin de semana, indica que el acuerdo pretende “respaldar el programa integral de reformas económicas, conforme a las condiciones financieras establecidas en el SAF, cuya gestión técnica ha sido efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”.
El contrato busca atender el complejo escenario económico que enfrenta Bolivia, marcado por déficits fiscales persistentes, la caída de los ingresos por hidrocarburos, la reducción de las reservas internacionales, presiones inflacionarias y dificultades para acceder a divisas.
De acuerdo con el contrato, la corrección de estos desequilibrios será gradual y combinará medidas para reducir el déficit fiscal, fortalecer la posición externa del país, proteger a los sectores más vulnerables y recuperar condiciones para la inversión y el crecimiento económico.
El programa también plantea reconstruir las reservas internacionales, reducir los desequilibrios fiscales y externos y fortalecer las redes de protección social, con el objetivo de generar condiciones para un crecimiento sostenible.
El acuerdo aclara que el financiamiento del FMI no reemplaza las decisiones de política económica del Estado boliviano. El organismo internacional respalda el programa económico definido por las autoridades nacionales.
El Servicio Ampliado del Fondo (SAF) es un mecanismo destinado a países que enfrentan problemas de balanza de pagos y desequilibrios estructurales de mediano plazo. Indica que los 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), permitirá cubrir una parte de las necesidades de financiamiento del país sin concentrar los vencimientos en el corto plazo.
El plazo de repago será de hasta 10 años desde cada desembolso, mientras que la amortización comenzará después de cuatro años y seis meses. Ese periodo, según el análisis financiero incorporado al acuerdo, permitirá al Estado contar con un margen de tiempo para aplicar las reformas y avanzar en la estabilización de la economía antes de comenzar a devolver el capital.
El análisis reconoce que Bolivia ya enfrenta riesgos de solvencia derivados de su situación fiscal y financiera y que el nuevo crédito incrementará marginalmente el nivel de endeudamiento. Sin embargo, el documento concluye que la operación, por sí sola, no llevaría al país a una situación de insostenibilidad de la deuda.
Las proyecciones sobre la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) y las necesidades de financiamiento muestran, según el análisis, una tendencia hacia la estabilización en el mediano plazo.
El cumplimiento de los pagos dependerá de las proyecciones fiscales y de que el Tesoro General de la Nación incluya oportunamente en el presupuesto los recursos necesarios para atender el capital, los intereses y los demás costos asociados al crédito.
La ley promulgada compromete al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a remitir a la Asamblea semestralmente, la información sobre la ejecución del crédito, presentando informes documentados.
