Argentina | Feminismo y educación: una disputa que excede las aulas – Por Alejandra Rizzo

Feminismo y educación: una disputa que excede las aulas

Por Alejandra Rizzo*

Octubre llegó con una coincidencia de fechas que resume el momento de la educación argentina. El 4 de octubre se cumplieron veinte años de la Ley de Educación Sexual Integral. Este jueves 15 las universidades vuelven a las calles en la quinta Marcha Federal Universitaria. Entre tanto, el Gobierno de Javier Milei insiste con su proyecto de Ley de Libertad Educativa y con un Presupuesto 2027 que se discute en el Congreso. Detrás de cada una de esas agendas hay una misma pregunta: qué proyecto de país se construye desde la educación y qué lugar ocupan en él las mujeres y diversidades.

Hablar de feminismo y educación no es hablar solo de docentes ni de contenidos curriculares. Es pensar en las y los estudiantes que necesitan permanecer en el sistema, en las trabajadoras de la educación y la ciencia, y en las familias, sobre todo las mujeres, que sostienen la escolaridad con tareas de cuidado. Es pensar también en universidades que producen conocimiento y, a la vez, redes de prevención y acompañamiento frente a las violencias.

La ESI es el caso más elocuente. Informes de Unicef y otros organismos indican que el embarazo adolescente cayó 49% entre 2014 y 2020, y que la mitad de los estudiantes pudo reconocer situaciones de violencia entre pares. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 mantiene congelado en 30 millones de pesos el programa de fortalecimiento de la ESI, lo que implica una caída real estimada del 17,4% respecto de 2026 y del 98,5% frente a lo ejecutado en 2023. El vaciamiento no pasó por derogar la ley, sino por quitarle sostén. En 2024 los docentes capacitados pasaron de 65 mil a unos 900, y las provincias asistidas por Nación, de 24 a 6. Un relevamiento reciente señala que en 14 de las 20 jurisdicciones consultadas ya no existe articulación con Nación. Desde el Gobierno afirman que no hay por ahora una estrategia concreta para una reforma integral de la norma. Al mismo tiempo, dirigentes libertarios y funcionarios, como la vicejefa de Gobierno porteño Clara Muzzio, cuestionan la ley y proponen reducir su objetivo a evitar abusos y embarazos no deseados.

El proyecto de Ley de Libertad Educativa completa el cuadro. Busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional 26.206 y elimina la meta de inversión del 6% del PBI. Coloca en primer plano el rol preferente de la familia y la subsidiariedad del Estado, y habilita el home schooling como parte de la educación formal. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) advierte que declara a la educación como servicio esencial, lo que afecta el derecho a huelga, y que omite conquistas como la ESI con perspectiva de género. Desde una mirada feminista, el texto menciona reiteradamente a «padres y tutores», pero no a las madres, los cuidados ni las familias diversas, aunque el sostenimiento de la escolaridad recae históricamente sobre las mujeres. El Gobierno anunció en julio que lo presentaría en la comisión de Educación del Congreso.

En la universidad el conflicto tiene otra forma, pero la misma raíz. El Gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, aun cuando la Justicia federal le dio la razón al Consejo Interuniversitario Nacional en la cuestión de fondo. En la paritaria de septiembre ofreció 3% para ese mes y otro 3% para octubre, frente a una recomposición del 32,5% reclamada por los gremios, que anunciaron 23 días de paro. No es un asunto ajeno al feminismo. Las universidades públicas forman a las profesionales e investigadoras del país y sostienen áreas de género, protocolos y redes contra la violencia; la Universidad Nacional del Centro, por ejemplo, integra una red por la igualdad de género y contra la violencia. Un documento del Consejo Directivo de Exactas-UBA señala además una caída presupuestaria del 89% en materia de género respecto de 2023 y que el Presupuesto 2026 no proyecta construir ningún jardín de infantes. Menos jardines significa más tareas de cuidado sobre los hogares y, con ellas, menos tiempo para estudiar y trabajar.

La escuela, además, es uno de los pocos lugares donde las violencias se nombran. La marcha de Ni Una Menos del 3 de junio, en su undécimo aniversario, estuvo atravesada por el pedido de justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba. El Ministerio de Educación provincial autorizó el retiro anticipado de estudiantes y docentes del turno tarde, a pedido de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Facultades de todo el país se adhirieron a la convocatoria. Un docente de la escuela a la que asistía la adolescente sostuvo que cada docente tiene la obligación de trabajar la ESI más allá de la estigmatización y la quita de subsidios para políticas de género. Los datos acompañan la urgencia: el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven registró 83 femicidios entre el 1 de enero y el 24 de mayo. La marcha también rechazó el proyecto de «falsas denuncias» presentado por la senadora Carolina Losada. Es otro discurso que pone bajo sospecha a quienes denuncian, y que se vuelve más dañino cuando la ESI, que enseña a identificar y contar la violencia, queda sin recursos.

La mirada tampoco puede quedarse en el aula tradicional. En abril, la mesa de diálogo organizada por Géneras y CAF, en la que participó NODAL, reunió a representantes de ministerios, universidades, sindicatos y empresas para debatir los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial en el trabajo de las mujeres. Allí, la ministra bonaerense Estela Díaz advirtió que la reforma laboral precariza aún más el trabajo y que hay falta de regulación y control. La educación, desde la alfabetización digital hasta la formación técnica y científica, define quiénes quedan adentro de la transformación tecnológica y en qué condiciones.

Lo que está en juego, entonces, no es solo una partida presupuestaria ni una reforma legal. Es qué sentido común organiza la escuela y la universidad. El mismo movimiento se observa en otros poderes: como analizó NODAL, el Decreto 467/2026 eliminó el criterio de diversidad de género para proponer integrantes de la Corte Suprema. Frente a eso, la docente e investigadora feminista Valeria Sardi sostiene que las experiencias acumuladas en estos veinte años dan una potencia para resistir los ataques actuales.

Frente a este escenario, la pregunta no es solo qué lugar le dará el Estado a la educación, sino qué hacemos desde los feminismos cuando el Estado se retira, recorta recursos y desmantela políticas públicas. La respuesta no puede ser individual. Es necesario organizarnos para exigir que los derechos conquistados se garanticen, fortalecer las redes entre docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones territoriales, y sostener experiencias colectivas de formación, cuidado y acompañamiento. Porque frente al avance de un proyecto que busca mercantilizar la educación y profundizar las desigualdades, los feminismos tenemos el desafío de convertir la resistencia en organización y la organización en fuerza política para defender la educación pública, popular, inclusiva y emancipadora.

*Alejandra Rizzo, es militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Feminista Aquelarre en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL