Argentina, una semana, tres decisiones judiciales: sobreseimientos para Milei y Macri, persecución para Cristina y Máximo Kirchner – Por Emilia Trabucco
Argentina, una semana, tres decisiones judiciales: sobreseimientos para Milei y Macri, persecución para Cristina y Máximo Kirchner
Por Emilia Trabucco*
El 23 de octubre, mientras el presidente Javier Milei y Karina Milei, secretaria general de Presidencia, eran sobreseídos en la causa $LIBRA, comenzaba un nuevo juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner por la causa Hotesur y Los Sauces; cuatro días antes, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el archivo de la investigación por el crédito de US$57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que también involucraba a Luis Caputo y Federico Sturzenegger, ambos funcionarios del actual gobierno.
Esta secuencia pone de manifiesto que la reestructuración del Poder Judicial constituye una dimensión estratégica de la disputa por el poder en Argentina, en la que las relaciones entre magistrados, dirigentes políticos y sectores concentrados de la economía adquieren particular relevancia frente a las decisiones judiciales que involucran a quienes gobiernan y a sus principales opositores. Es en este entramado de relaciones e intereses donde adquiere centralidad el funcionamiento del denominado Partido Judicial, una estructura corporativa atravesada por prácticas mafiosas, cuya intervención en la disputa política constituye uno de los mecanismos de la guerra jurídica contra el campo nacional y popular.
En la investigación por $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente el 14 de febrero de 2025, el peritaje del teléfono del intermediario Mauricio Novelli registró siete llamadas con Milei el día del lanzamiento y un borrador que aludía a posibles pagos millonarios, cuya ejecución no fue acreditada. A pesar de las comunicaciones documentadas y de las medidas probatorias pendientes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los once investigados, sin haberlos convocado a declaración indagatoria, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Previamente había apartado del expediente a cinco compradores que denunciaban pérdidas, decisión confirmada el 4 de septiembre por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, apenas dos días después del nombramiento de este último por Milei. La queja presentada por los inversores ante Casación continúa pendiente.
La selectividad en la aplicación de los criterios procesales adquiere mayor relevancia al recuperar un antecedente de 2023, cuando los mismos camaristas adoptaron una interpretación amplia del derecho a querellar para permitir a Bases Republicanas, organización cercana al PRO, impulsar la reapertura de una investigación contra Cristina Kirchner por la denominada ruta del dinero K. Frente a los compradores de $LIBRA, en cambio, aplicaron una interpretación restrictiva que dejó al fiscal Taiano como único acusador activo. La discusión sobre la legitimación de una querella, aparentemente circunscripta a una cuestión técnica, determina en los hechos quiénes pueden sostener una investigación, solicitar medidas probatorias y recurrir las decisiones judiciales, exponiendo uno de los terrenos donde se materializa la disputa por el poder dentro de los tribunales.
Esta trama se proyecta sobre el proceso de reconfiguración del Poder Judicial que impulsa el gobierno nacional, mediante el cual se definen relaciones institucionales y nombramientos con capacidad de perdurar más allá de los mandatos electorales. Milei designó jueza federal a Ana María Cristina Juan, esposa de Martínez de Giorgi, mientras el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, informó al 21 de octubre el envío de 232 pliegos al Senado y 169 designaciones de jueces, fiscales y defensores. Mediante el Decreto 467/2026, el Ejecutivo eliminó instancias de participación ciudadana previas a las nominaciones presidenciales, mientras la Corte Suprema, presidida por Horacio Rosatti, continúa funcionando con tres integrantes y dos vacantes.
La investigación sobre el endeudamiento con el FMI permite observar otra dimensión de estas relaciones, vinculada con la responsabilidad estatal frente a decisiones económicas que comprometieron recursos públicos y condicionaron la soberanía nacional. Luego de que la Procuración del Tesoro se retirara como querellante y el fiscal Raúl Pleé desistiera de mantener la impugnación, el 19 de octubre los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky confirmaron el archivo de la causa contra Macri, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y otros exfuncionarios. Hornos y Borinsky habían sido señalados por sus reuniones con Macri durante su presidencia. Mientras los compromisos contraídos por éstos con el organismo internacional continúan condicionando las decisiones económicas del Estado y las condiciones materiales de vida de las mayorías, la investigación sobre las eventuales responsabilidades penales de quienes encabezaron aquel proceso quedó clausurada.
La situación de Cristina Kirchner, principal dirigenta del campo nacional y popular, expone una trayectoria judicial de consecuencias políticas radicalmente diferentes. Con una condena firme de seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa “Vialidad”, un decomiso fijado en $684.990 millones y nuevos procesos penales en curso, la dos veces presidenta enfrenta ahora, junto a Máximo Kirchner, un juicio por Hotesur y Los Sauces, después de que los sobreseimientos dictados en 2021 fueran revocados. El requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces lleva las firmas de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, hermano del actual ministro de Justicia, mientras la acusación oral corresponde al fiscal Diego Velasco (Ministerio Público Fiscal, 23/10).
Frente a la sucesión de irregularidades denunciadas durante estos procesos, Cristina presentó el 29 de julio una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la intervención de Carlos Alberto Beraldi, el jurista brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presentación cuestiona la independencia e imparcialidad de los magistrados, las garantías del debido proceso y las consecuencias de la condena sobre los derechos políticos, solicitando medidas urgentes para suspender la inhabilitación perpetua y revisar las condiciones de detención. En su intervención pública, Cristina denunció además la existencia de un machismo estructural en el sistema judicial y sostuvo que la exclusión política de una dirigente elegida por millones de ciudadanos y ciudadanas afecta también el derecho de los electores a elegir libremente a sus representantes.
La dimensión internacional de esta presentación adquiere especial importancia porque traslada la discusión sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino al terreno de las obligaciones asumidas por el Estado en materia de Derechos Humanos. En septiembre, los abogados ampliaron la denuncia ante el Comité mediante nueva documentación económica y la exposición de actos de intimidación, incluida la difusión de imágenes del allanamiento de su domicilio, que consideran violatoria del derecho a la privacidad reconocido en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La defensa solicita que las restricciones impuestas a Cristina sean examinadas a la luz de estándares internacionales de independencia judicial y participación política, colocando en discusión el alcance democrático de decisiones que exceden la situación individual de una persona (presentación de la defensa, 29/9).
Las denuncias se sostienen también en cuestionamientos concretos a la producción y valoración de las pruebas. En septiembre, Beraldi, Valim y Borrego presentaron una auditoría económica que analizó 367 obras financiadas mediante una fuente específica del presupuesto nacional y estableció que solamente 17 de las 51 obras investigadas en Vialidad habían recibido recursos de ese mecanismo, equivalentes al 0,85% de los US$2.200 millones examinados, resultados que contradicen uno de los fundamentos de la sentencia. A las recusaciones por vínculos entre magistrados y dirigentes macristas se suman las denuncias sobre testimonios obtenidos bajo presión en la causa Cuadernos, donde Julio César Silva se retractó durante el juicio y cuestionó las condiciones de su declaración ante Claudio Bonadio y Carlos Stornelli (defensa de CFK; NODAL, Informe N.º 15).
En el juicio de Hotesur y Los Sauces, la defensa encabezada por Beraldi difundió el 25 de octubre un documento que cuestiona los fundamentos de la acusación y sostiene que las sociedades tenían patrimonio declarado, alquileres efectivos, pagos bancarizados y peritajes que acreditarían valores de mercado. También objeta la reiteración de una imputación por asociación ilícita de la que Cristina fue absuelta en Vialidad, mientras el Ministerio Público había reconocido conexiones entre los expedientes y evitado reproducir esa figura en una parte de su acusación (El Cohete a la Luna, 25/10; Ministerio Público Fiscal).
La guerra jurídica constituye una dimensión de la disputa por la conducción del Estado y las relaciones de fuerza sociales, en la medida en que las decisiones judiciales pueden alterar las condiciones de representación política y restringir la participación de quienes expresan intereses contrapuestos a los sectores dominantes. La actuación del Partido Judicial debe analizarse en su articulación con las transformaciones del poder económico, la concentración de riqueza y los mecanismos institucionales mediante los cuales se disputa la orientación del país.
La presentación de la defensa de Cristina Kirchner ante Naciones Unidas amplía esa discusión al terreno de los derechos colectivos y las garantías democráticas, al plantear que la afectación de los derechos políticos de una dirigenta también compromete los de quienes pretenden elegirla. En una Argentina atravesada por el endeudamiento, la desigualdad y la reorganización de los resortes estatales, la insatisfacción democrática expresa una contradicción cada vez más profunda entre la soberanía popular y la capacidad de decisión de estructuras de poder que no dependen de la voluntad de las mayorías.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
