Brasil reduce la deforestación, pero la Amazonía sigue en disputa – Por Carolina Sturniolo y Fernando Rizza
Brasil reduce la deforestación, pero la Amazonía sigue en disputa
Por Carolina Sturniolo y Fernando Rizza*
La Amazonía brasileña registró la menor superficie bajo alerta de deforestación desde 2016. Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el área alcanzó los 2.874 km², un 36 % menos que en el período anterior. El dato, obtenido a partir de registros satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, muestra los resultados de las políticas de control ambiental impulsadas por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, la disputa por el futuro de la selva continúa abierta, mientras se impulsan políticas de conservación, otros sectores avanzan sobre el territorio para ampliar la explotación de petróleo, minerales y la expansión de los agronegocios.
La discusión excede las fronteras brasileñas. La Amazonía abarca aproximadamente 7 millones de km² y se extiende por nueve países de América del Sur, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa. Alberga alrededor de 47 millones de personas, incluidos más de 400 pueblos indígenas. Su biodiversidad, sus reservas de agua dulce y su capacidad para regular las lluvias y almacenar carbono, la convierten en un territorio estratégico para la región y para el equilibrio climático global. Por eso, defender la Amazonía exige discutir quién controla sus recursos, qué actividades productivas se desarrollan y qué lugar ocupan las comunidades que la habitan.
Menos deforestación, otra política territorial
Los datos del INPE permiten dimensionar el cambio registrado en Brasil. La superficie bajo alerta pasó de 4.495 km² en el período anterior a 2.874 km² en el último registro. Además, durante los cuatro años del tercer mandato de Lula, las alertas acumularon 19.642 km², un 41 % menos que entre 2019 y 2022. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, la deforestación en la Amazonía había aumentado un 60 % y alcanzó los 10.278 km² en 2022. Estas cifras corresponden al sistema DETER, que utiliza imágenes satelitales para identificar cambios en la cobertura forestal y orientar las inspecciones ambientales. No equivalen, por sí solas, a la medición definitiva de la deforestación anual, que requiere los datos consolidados del sistema PRODES.
La reducción se vincula con una decisión política estratégica de recuperar la capacidad del Estado para controlar el territorio. En 2023, Lula restableció el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm), reactivó el Fondo Amazonía y fortaleció las instituciones responsables de la protección ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas. El plan combina monitoreo, fiscalización, ordenamiento territorial y promoción de actividades productivas sostenibles, con el objetivo de alcanzar la deforestación cero para 2030. En este marco, Lula sostuvo que, “si se mantiene el ritmo de trabajo y se destinan los recursos necesarios, es posible alcanzar ese objetivo”.
Estas medidas muestran que la protección de los bosques no depende solamente de los compromisos ambientales. También requiere presupuesto, organismos públicos, control de las actividades ilegales y reconocimiento de los derechos territoriales. Los territorios indígenas cumplen un papel central en esa estrategia, protegerlos significa reconocer a sus habitantes como sujetos de derechos y fortalecer formas de ocupación y gestión territorial que contribuyen a conservar los ecosistemas.
Sin embargo, los avances conviven con contradicciones. En septiembre de 2026, la autorización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) para que Petrobras explore nuevos pozos petroleros en la cuenca de Foz do Amazonas, frente a la costa del estado de Amapá, volvió a poner en discusión los límites de la política ambiental. La reducción de la deforestación no elimina la tensión entre la conservación de la selva y la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos. La disputa por la Amazonía también se expresa en las decisiones sobre qué recursos explotar, con qué fines y bajo qué condiciones ambientales y sociales.
Una disputa que atraviesa América Latina
En Ecuador, la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní expone otra dimensión del conflicto. En agosto de 2023, el 60 % de los votantes respaldó dejar el crudo bajo tierra en el bloque 43. Sin embargo, a septiembre de 2026, solo se habían cerrado 59 de los 247 pozos. La demora en cumplir el mandato popular mantiene abierto el enfrentamiento entre los compromisos de protección ambiental, los intereses de la actividad petrolera y los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el pueblo Waorani.
En Venezuela, la expansión de la minería ilegal de oro en los estados de Bolívar y Amazonas amenaza los territorios indígenas y las áreas protegidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre sus impactos ambientales y sociales, incluida la contaminación de los ríos con mercurio y la violencia contra las comunidades y las personas defensoras del territorio.
Colombia también incorporó herramientas de protección del bioma amazónico mediante la delimitación de una reserva de recursos naturales renovables que restringe nuevas concesiones mineras y actividades de exploración y explotación de hidrocarburos dentro de su área de aplicación. La medida, adoptada hacia el final del mandato de Gustavo Petro, expresa los intentos de establecer límites a la expansión extractiva, aunque sus alcances dependen de su implementación efectiva.
Estas experiencias expresan una disputa regional que, desde el Centro de Estudios Agrarios (CEA), denominamos «Nuevo ALCA». Se trata de una dinámica de expansión del capital transnacional que profundiza las tensiones territoriales y busca asegurar el acceso a los bienes comunes que requiere su nueva fase financiera y digital. Grandes volúmenes de agua dulce, litio, tierras raras, combustibles y capacidad de producción de alimentos forman parte de los recursos estratégicos en disputa. En este escenario, América Latina y el Caribe ocupan un lugar central por la magnitud de sus reservas naturales y su capacidad productiva. El problema no se limita a la explotación de esos recursos, sino que involucra quién los controla, quién se apropia de la renta que generan y qué modelo de desarrollo se impone sobre los territorios.
Defender la Amazonía es discutir el modelo de desarrollo
La Amazonía no es un espacio vacío a disposición de los intereses económicos de las corporaciones. Es un territorio habitado, con pueblos, culturas, conocimientos y formas de producción que deben participar en las decisiones sobre su futuro. Por eso, la reducción de la deforestación en Brasil constituye un indicador relevante, pero no alcanza para resolver las tensiones que atraviesan la región.
En este escenario, atender las demandas históricas de las organizaciones campesinas e indígenas por una reforma agraria integral debería ser una de las prioridades políticas de Luiz Inácio Lula da Silva de cara a su reelección. No se trata de promover la privatización del suelo brasileño ni de fragmentar la Amazonía en función de intereses particulares, sino de avanzar hacia una ocupación soberana del territorio, con reconocimiento de los derechos de las comunidades y una distribución más justa de la tierra y de los recursos.
La Amazonía brasileña alberga alrededor de 25 millones de habitantes. Las comunidades que viven en ella han desarrollado conocimientos y prácticas de aprovechamiento de los bienes naturales que contribuyen a la conservación de la biósfera y la biodiversidad. Reconocer ese papel no debe reducirlas a la figura de guardianes de la naturaleza, implica garantizar sus derechos, fortalecer sus formas de organización y profundizar un modelo de democracia participativa y protagónica que les permita decidir sobre los territorios que ancestralmente han habitado y gestionado.
El futuro del pulmón de la humanidad y de una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta no puede quedar subordinado a las corporaciones transnacionales ni a las llamadas «oportunidades de negocios». En definitiva, no puede quedar sujeto a la lógica de la renta y la acumulación del capital. Defender la Amazonía exige fortalecer la soberanía sobre los bienes comunes, reconocer a los pueblos que la habitan y discutir un modelo de desarrollo que priorice la vida, la justicia territorial y las necesidades de las mayorías.
* Carolina Sturniolo es médica veterinaria, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y docente de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
Fernando Rizza es médico veterinario, columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y docente de las carreras de Licenciatura en Desarrollo Agrario e Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Argentina.
