El Salvador | El Tribunal Supremo Electoral oficializó la jornada del 28 de febrero para elegir presidencia, Asamblea y alcaldías
El TSE ante el desafío de la transparencia electoral en 2027
La convocatoria a las elecciones de 2027 abre formalmente una etapa decisiva para El Salvador. Las promesas de rigor jurídico, transparencia e imparcialidad formuladas por el Tribunal Supremo Electoral deberán traducirse en decisiones verificables, reglas aplicadas por igual y garantías efectivas para todos los participantes.
En sesión pública, nuestro Organismo Colegiado aprueba el Decreto de Convocatoria a Elecciones 2027, en ejercicio de las atribuciones que la Constitución de la República y la legislación electoral confieren al @tseelsalvador pic.twitter.com/0OS6GTpRPe
— Tribunal Supremo Electoral 🇸🇻 (@TSEElSalvador) October 1, 2026
Con la convocatoria a las elecciones del 28 de febrero de 2027 comienza mucho más que un calendario de inscripciones, campañas y votaciones. Se pone en marcha un proceso en el que las instituciones electorales tendrán la responsabilidad de garantizar que millones de salvadoreños puedan ejercer sus derechos políticos bajo reglas claras y conocidas.
El Tribunal Supremo Electoral ha colocado tres conceptos en el centro de su compromiso: rigor jurídico, transparencia e imparcialidad. Son principios indispensables, pero su verdadero significado dependerá de cómo sean aplicados durante los próximos meses.
En cumplimiento de la Legislación Electoral, hoy 30 de septiembre de 2026, convocamos oficialmente a los salvadoreños, dentro y fuera de nuestras fronteras a las #Elecciones2027. 🗳️🇸🇻
«Son ustedes, los ciudadanos, quienes mediante el voto decidirán el rumbo del país y… pic.twitter.com/Xd8kbjssgF
— Tribunal Supremo Electoral 🇸🇻 (@TSEElSalvador) October 1, 2026
La certeza jurídica que invocó la presidenta del TSE, Roxana Soriano, exige que los plazos y requisitos electorales sean respetados, pero también que las decisiones del organismo estén suficientemente fundamentadas y sean comprensibles para partidos, candidatos y ciudadanía. La autoridad electoral fortalece su credibilidad cuando sus resoluciones pueden ser examinadas y cuando las mismas reglas reciben una aplicación consistente.
La magnitud del proceso tampoco es menor. Según los datos anunciados en la convocatoria, están inscritos 6,534,389 salvadoreños dentro y fuera del país y serán elegidos 582 cargos, desde presidente y vicepresidente hasta diputados, alcaldes, síndicos y regidores. Administrar unas elecciones de esta dimensión requiere capacidad técnica, pero también controles que permitan verificar cada etapa.
La imparcialidad adquiere especial relevancia en cualquier elección en la que participan fuerzas políticas con capacidades y posiciones institucionales diferentes. Corresponde al TSE demostrar mediante sus actuaciones que las normas electorales se aplican independientemente de la identidad, tamaño o peso político de quienes intervienen en la contienda.
Ese principio comprende asuntos que van desde la inscripción de candidaturas hasta la propaganda, el financiamiento, la integración y funcionamiento de los organismos electorales, la votación dentro y fuera del país, el escrutinio y la divulgación de resultados. Cada decisión contribuirá a construir —o deteriorar— la confianza en el proceso.
También los partidos políticos y sus candidatos tienen responsabilidades. Respetar las reglas, someterse a la fiscalización correspondiente y permitir que la ciudadanía conozca y contraste sus propuestas forma parte de una competencia democrática en la que el elector debe disponer de información suficiente para decidir libremente.
El 28 de febrero todavía parece distante, pero la calidad de aquellas elecciones comenzará a medirse desde ahora. No bastará con que las urnas se abran puntualmente el día señalado. La legitimidad del proceso dependerá también de todo lo ocurrido antes: las decisiones administrativas, el cumplimiento de los plazos, las garantías ofrecidas a los participantes y la posibilidad de fiscalizar cada fase.
