Perú: ¿partidos más fuertes o una democracia más débil? – Por Gonzalo Alcalde
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Gonzalo Alcalde
Los resultados de 2026 no sólo están confirmando las complejidades de la competencia electoral en un sistema descentralizado, así como las dinámicas distintivas en cada nivel de gobierno y territorio, sino que también podrían estar revelando una nueva etapa de debilitamiento de la institucionalidad política y electoral peruana.
El resultado más llamativo de las recientes elecciones regionales y municipales (ERM) en el Perú ha sido el aparente fortalecimiento de los partidos nacionales, especialmente en las competencias por las 25 gobernaciones regionales. En un escenario donde casi siempre predominaron los movimientos regionales, esta vez los partidos nacionales (solos o en alianzas) obtuvieron la mayoría de las victorias en primera vuelta.
También tendrán prácticamente todas las candidaturas que disputarán los balotajes en diciembre, es decir, en las contiendas donde ningún candidato superó el 30% de los votos en primera instancia. Al mismo tiempo, en el nivel municipal, los resultados preliminares muestran una presencia importante de varios partidos nacionales como Alianza por el Progreso (APP) y Somos Perú, entre otros, aunque todavía no queda claro si la participación en el total de alcaldías cambió significativamente con respecto a elecciones anteriores.
Sin embargo, sería muy apresurado interpretar estos resultados como señales de fortalecimiento del sistema de partidos peruano o, menos aún, de la frágil institucionalidad democrática. Por el contrario, acá planteamos que las nuevas tendencias no responden a un fortalecimiento orgánico de la presencia partidaria en los territorios, sino que reflejan la reacción generada por las reformas electorales que promovió el altamente impopular Congreso de 2021-2026, junto a algunos otros cambios recientes en las reglas electorales.
En particular, el intento de eliminar los movimientos regionales, inicialmente aprobado en 2024, provocó respuestas urgentes a nivel de organizaciones y actores individuales que los llevaron a acuerdos apresurados con partidos nacionales y modificaron significativamente la oferta electoral de 2026.
Si se considera, además, la inédita “reelección encubierta” que podría ser consumada por numerosos alcaldes (modalidad popularizada por el excandidato presidencial y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga), así como la actuación poco firme de las autoridades electorales frente a estas prácticas, emerge una interpretación más bien preocupante de los resultados: detrás de la mayor presencia electoral de los partidos nacionales se encontrarían nuevas señales de debilitamiento de la institucionalidad democrática.
El resultado más llamativo de las recientes elecciones regionales y municipales (ERM) en el Perú ha sido el aparente fortalecimiento de los partidos nacionales, especialmente en las competencias por las 25 gobernaciones regionales. En un escenario donde casi siempre predominaron los movimientos regionales, esta vez los partidos nacionales (solos o en alianzas) obtuvieron la mayoría de las victorias en primera vuelta.
También tendrán prácticamente todas las candidaturas que disputarán los balotajes en diciembre, es decir, en las contiendas donde ningún candidato superó el 30% de los votos en primera instancia. Al mismo tiempo, en el nivel municipal, los resultados preliminares muestran una presencia importante de varios partidos nacionales como Alianza por el Progreso (APP) y Somos Perú, entre otros, aunque todavía no queda claro si la participación en el total de alcaldías cambió significativamente con respecto a elecciones anteriores.
Sin embargo, sería muy apresurado interpretar estos resultados como señales de fortalecimiento del sistema de partidos peruano o, menos aún, de la frágil institucionalidad democrática. Por el contrario, acá planteamos que las nuevas tendencias no responden a un fortalecimiento orgánico de la presencia partidaria en los territorios, sino que reflejan la reacción generada por las reformas electorales que promovió el altamente impopular Congreso de 2021-2026, junto a algunos otros cambios recientes en las reglas electorales.
En particular, el intento de eliminar los movimientos regionales, inicialmente aprobado en 2024, provocó respuestas urgentes a nivel de organizaciones y actores individuales que los llevaron a acuerdos apresurados con partidos nacionales y modificaron significativamente la oferta electoral de 2026.
Si se considera, además, la inédita “reelección encubierta” que podría ser consumada por numerosos alcaldes (modalidad popularizada por el excandidato presidencial y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga), así como la actuación poco firme de las autoridades electorales frente a estas prácticas, emerge una interpretación más bien preocupante de los resultados: detrás de la mayor presencia electoral de los partidos nacionales se encontrarían nuevas señales de debilitamiento de la institucionalidad democrática.
No hubo “tercera vuelta”
Las ERM del domingo 4 de octubre se realizaron en circunstancias excepcionales. Tras veinte años tuvieron lugar en el mismo año que las elecciones generales, apenas cuatro meses después de una segunda vuelta presidencial polarizada entre candidatos que representaban opciones de derecha (Keiko Fujimori) e izquierda (Roberto Sánchez), cada una con bastiones de apoyo electoral bien definidos en el mapa nacional.
Esto hacía pensar que esta vez —a pesar de la habitual desarticulación entre elecciones nacionales y subnacionales—podría haber una suerte de “tercera vuelta” de una disputa aún fresca entre las principales fuerzas nacionales y sus allegados.
Sin embargo, ni Fuerza Popular (FP), partido de la flamante presidenta Fujimori, ni Juntos por el Perú (JP) tuvieron un protagonismo comparable en las ERM. Según los resultados oficiales preliminares y las proyecciones de DataPol, Fuerza Popular obtuvo apenas dos alcaldías provinciales (de un total de 196) y 32 distritales (de un total de 1696 contiendas), mientras que Juntos por el Perú logró seis provinciales y 44 distritales.
En el nivel regional, JP alcanzó un primer lugar, en alianza con un movimiento regional (en Puno, departamento del sur andino), y FP tuvo su mejor desempeño en Lambayeque (costa norte) donde alcanzó el segundo lugar. Una explicación parcial para este modesto desempeño es que los dos partidos finalmente presentaron candidaturas en menos de la mitad de las circunscripciones regionales, provinciales o distritales.
Esto no significa que las ERM hayan estado totalmente desconectadas de los factores que moldearon los resultados de las elecciones generales. Al contrario, si pensamos en términos del espectro político derecha-izquierda, el mapa de preferencias del país que revelaron las ERM 2026 mantiene algunos patrones generales revelados en las elecciones generales.
Por ejemplo, en los departamentos del sur andino, especialmente Cusco (donde habría ganado en primera vuelta la excandidata presidencial de 2016 y 2021, Verónika Mendoza) y Puno, varios resultados sugieren una continuidad de preferencias por candidaturas de izquierda o netamente regionalistas.
En Lima Metropolitana, mientras tanto, predominaron muy marcadamente las organizaciones de derecha y centroderecha, tal como ocurrió en las elecciones generales. No obstante, estas continuidades de carácter general, las competencias subnacionales conservaron dinámicas propias, vinculadas con liderazgos territoriales, redes políticas locales y agendas territoriales particulares.
Un espejismo de partidos nacionales fortalecidos
En contraste con el débil desempeño de FP y JP, a varios otros partidos nacionales con mayor presencia histórica en las contiendas subnacionales sí les ha ido bien en las ERM 2026, especialmente en el nivel regional. Recordemos que en 2022 los movimientos regionales obtuvieron 15 de las 25 gobernaciones, mientras que los partidos nacionales consiguieron sólo diez. Los resultados preliminares de 2026 muestran una mejora considerable: nueve de las diez gobernaciones aparentemente definidas en primera vuelta corresponden a partidos nacionales.
Además, de las 30 candidaturas que disputarían las quince segundas vueltas regionales, 28 pertenecen a partidos nacionales o alianzas vinculadas con ellos, y solamente dos a movimientos regionales.
En las elecciones municipales también se observa una presencia importante de organizaciones nacionales, aunque todavía falta un consolidado que permita establecer cuánto aumentaron con respecto a 2022 y elecciones anteriores. Según las proyecciones publicadas al 15 de octubre en el portal de la plataforma independiente DataPol, Alianza para el Progreso, junto a sus aliados regionales, habría obtenido 331 alcaldías (entre provinciales y distritales), Somos Perú, junto a sus aliados, 264, Podemos Perú 192 y Ahora Nación 170.
Pero ¿representan estos resultados un verdadero fortalecimiento de los partidos nacionales, en términos de sus diagnosticados déficits de arraigo social en los diferentes territorios, coherencia programática o institucionalidad? No necesariamente. Una explicación alternativa bastante más sustentable se encuentra en las reformas electorales impulsadas por el Congreso anterior y las respuestas que generaron entre los actores políticos regionales.
En mayo de 2024, una amplia mayoría parlamentaria aprobó en primera votación una reforma constitucional que buscaba eliminar a los movimientos regionales, aunque finalmente no prosperó en la votación definitiva. La amenaza, sin embargo, provocó una respuesta organizada que no se revirtió: la Asociación de Movimientos Regionales anunció acuerdos con partidos nacionales y distintas organizaciones regionales comenzaron a negociar alianzas. Para enero de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró 23 solicitudes de inscripción de alianzas electorales, incluyendo varias entre partidos nacionales y movimientos regionales.
A esta amenaza de reforma se sumaron cambios que sí se concretaron en las reglas electorales, como la flexibilización de las elecciones internas mediante el uso de delegados, que pudo facilitar las negociaciones entre dirigencias partidarias nacionales y actores territoriales sin mayores vínculos a los partidos y sus agendas.
En este contexto, numerosas figuras regionales encontraron incentivos para vincularse a organizaciones nacionales. Un ejemplo es Rosalí Leandro, virtual ganador de la gobernación de Huánuco por el partido nacional País para Todos, quien anteriormente había sido alcalde distrital y provincial por dos movimientos regionales distintos; en 2026 postuló por el partido nacional mediante designación, sin pertenecer formalmente a él al momento de inscribirse.
Así, el mayor éxito electoral de los partidos nacionales parecería reflejar menos una consolidación de sus estructuras territoriales que la incorporación coyuntural de liderazgos y redes regionales que buscaron adaptarse a un escenario de incertidumbre normativa. En este sentido, una reforma trunca que ostensiblemente buscaba fortalecer el sistema de partidos nacionales habría terminado favoreciendo acuerdos principalmente electorales y cortoplacistas, consolidando el modelo de partidos que suelen caracterizarse como “cascarones” y “vientres de alquiler”.
Reelecciòn encubierta
La influencia del Congreso anterior también se observa en otra controversia que impactó en el proceso electoral y sus resultados. En 2024, la misma reforma que buscaba eliminar los movimientos regionales pretendía restablecer la reelección inmediata, por un período, de alcaldes y gobernadores, la cual estaba prohibida constitucionalmente desde 2015. Aunque este cambio tampoco prosperó, generó expectativas y en las elecciones de 2026 numerosos alcaldes finalmente encontraron un mecanismo de dudosa legitimidad para intentar regresar a sus cargos: postular como primeros regidores de listas cuyos candidatos a alcalde luego renunciarían.
El caso más visible es el de Rafael López Aliaga, quien, después de haber ejercido la alcaldía provincial de Lima (y tras haber sido candidato presidencial y al Senado), postuló en octubre como primer regidor de Renovación Popular. Estableciendo un guion que fue tomado como plantilla por otros, el candidato a alcalde de su lista, Luis Rubio, renunció posteriormente, abriendo la posibilidad de que López Aliaga (cuyo partido lidera estrechamente la votación en Lima) volviera a ocupar el cargo mediante sucesión. El modelo se difundió, y una investigación del Instituto Aklla Perú citada por el diario El Comercio en agosto identificó a 135 alcaldes en ejercicio que postulaban como primeros regidores y 63 listas en las que, además, el candidato a alcalde había renunciado; DataPol mencionaba que al 4 de octubre el JNE había confirmado 130 de estas candidaturas.
Quizás lo más preocupante del uso de esta figura ha sido la respuesta institucional desde el sistema electoral. El JNE reconoció la prohibición constitucional de reelección inmediata, pero sostuvo que no podía impedir candidaturas a regidores porque la prohibición no se refiere expresamente a ese cargo. Esta interpretación fue cuestionada dentro del propio tribunal por el magistrado Gunther Gonzales, quien advirtió que permitir este mecanismo podía vaciar de contenido la prohibición constitucional. La controversia continuó después de las elecciones, e incluso en octubre hubo declaraciones de un funcionario del JNE en el sentido de que la decisión sobre quién debe asumir las alcaldías podría trasladarse a los concejos municipales.
El problema central, por tanto, no parece ser simplemente una falta de claridad en las reglas, sino la incapacidad de las instituciones para hacer prevalecer su mandato constitucional frente a estrategias políticas que aprovechan aparentes vacíos normativos.
¿Partidos más fuertes o instituciones más débiles?
Observados superficialmente, los resultados de las elecciones subnacionales de 2026 podrían sugerir que hubo un cambio positivo para un sistema político plagado por la débil representación, así como la desarticulación entre los distintos escenarios de competencias electorales y los distintos niveles de gobierno, pero esto sería poco más que un espejismo.
Varios partidos nacionales han ganado terreno frente a los movimientos regionales, pero este avance no refleja una mayor institucionalización o consolidación del sistema de partidos sino, en gran medida, una expansión de su papel como cascarones convenientes para figuras sin mayor conexión real a cada organización.
Especialmente al haberse quitado medidas de democracia interna como las PASO en 2024, los partidos nacionales aparecieron como recursos especialmente útiles para las estrategias de adaptación de movimientos y dirigentes regionales frente a las reformas impulsadas por el Congreso. A este escenario hay que sumar la dificultad de las autoridades electorales para responder con firmeza y claridad ante estrategias encubiertas de reelección que fueron extensamente aplicadas y que atentan contra el espíritu de lo establecido constitucionalmente.
Así, en conjunto, los resultados de 2026 no sólo están confirmando las complejidades de la competencia electoral en un sistema descentralizado, así como las dinámicas distintivas en cada nivel de gobierno y territorio, sino que también podrían estar revelando una nueva etapa de debilitamiento de la institucionalidad política y electoral peruana.
*Analista de políticas de desarrollo sostenible y docente universitario en la PUCP, con PhD en Políticas Públicas (University of Texas
