Regulación de la IA en América Latina: presión corporativa y respuestas penales amenazan los derechos humanos
Regulación de la IA en América Latina: presión corporativa y respuestas penales amenazan los derechos humanos
Un nuevo informe de Derechos Digitales analiza los procesos legislativos en Brasil, Colombia y Perú y advierte que, mientras las propuestas normativas integrales se estancan por el lobby de las Big Tech y las tensiones geopolíticas, avanzan leyes fragmentadas que dejan afuera impactos clave como la desinformación, la violencia de género y la huella ecológica.
El debate sobre la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en América Latina atraviesa un momento crítico. Mientras los gobiernos de la región buscan posicionarse en el mapa tecnológico global y atraer inversiones, la discusión normativa se ve condicionada cada vez más por intereses económicos, presiones comerciales de EE. UU. y el intenso cabildeo de grandes empresas tecnológicas, debilitando el alcance de los marcos de protección de derechos humanos.
En este escenario, Derechos Digitales publicó «¿Hacia dónde va la regulación de la IA en la región?», una investigación que examina las dinámicas legislativas recientes en Brasil, Colombia y Perú. El estudio identifica cómo se están configurando las agendas regulatorias en la región, qué materias logran posicionarse y cuáles quedan postergadas frente a la urgencia de atraer capitales o aplicar respuestas de carácter eminentemente penal.
El análisis muestra una marcada tendencia hacia normativas reactivas y fragmentadas. En Brasil, el proyecto de ley más ambicioso de la región —que establecía clasificaciones por niveles de riesgo, transparencia para las Big Tech y derechos frente a decisiones automatizadas— fue aprobado por el Senado en 2024, pero permanece frenado en la Cámara de Diputados. En Colombia, de al menos diez iniciativas discutidas en la legislatura en 2024 y 2025, nueve fueron archivadas y solo avanzó la Ley 2502 de 2025, centrada en la sanción penal de la suplantación de identidad. Por su parte, Perú aprobó la Ley 31814 (reglamentada en 2025), un marco pionero pero de carácter abstracto y enfocado en la promoción tecnológica, complementado por reformas que añaden el uso de IA como agravante penal en delitos como difamación o abuso sexual infantil.
La investigación advierte sobre profundos vacíos que quedan fuera de la conversación pública: la falta de medidas preventivas y de debida diligencia para las plataformas frente a la violencia de género facilitada por tecnologías, el impacto de la IA generativa en la integridad de la información más allá de los periodos electorales, y la huella ecológica del sector. Este último punto resulta especialmente crítico, pues la flexibilización de exigencias de transparencia ambiental coincide con el vertiginoso aumento del consumo hídrico y energético de los centros de datos que se instalan en la región.
“La regulación de la IA en América Latina está quedando atrapada una vez más en el falso dilema entre innovación o regulación. Observamos un creciente rumbo hacia la desregulación en materia ambiental y en protección de datos, así como la preservación de intereses corporativos enfocados en mantener el status quo de la autorregulación. Estas tendencias precisan de contrapesos de alcance regional. Es urgente recuperar la discusión y exigir marcos normativos con perspectiva de derechos pensados desde y para América Latina”, señaló Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales.
El informe concluye que el avance de parches legislativos no reemplaza la necesidad de regulaciones integrales con fiscalización efectiva. Frente a un contexto de alineamientos geopolíticos y presiones comerciales, Derechos Digitales hace un llamado a los Estados latinoamericanos a priorizar la debida diligencia, la transparencia algorítmica y la garantía de los derechos fundamentales en el desarrollo e implementación de sistemas de IA.
