Uruguay | Tenemos que hablar de la violencia – Por Camilo Laner

Tenemos que hablar de la violencia

Por Camilo Laner*

Mucho se habla de la violencia. Desde hace años parece ser un tema en disputa permanente: ¿qué se entiende por violencia?, ¿quiénes hablan de ella?, ¿quiénes son señalados como violentos?

En los últimos tiempos, distintos hechos volvieron a colocarla en el centro de la agenda, potenciada por la vi Enfrentamientos armados en barrios vinculados al narcotráfico, situaciones de violencia en centros penitenciarios y en instituciones de menores, videos virales que muestran peleas callejeras, etc. La violencia, en realidad, nunca se va. Pero sí hay algo que se repite: siempre se dirige la mirada hacia los mismos sectores.

Estos episodios no solo comparten características en su desarrollo, sino también en la forma en que son narrados. Se instala una imagen persistente donde determinados sectores sociales aparecen como portadores naturales de la violencia: un problema a erradicar, un enemigo a combatir.

Se habla de “violencia social”, pero las respuestas que se impulsan son profundamente individualizantes y punitivistas: aumento de penas, cárceles de máxima seguridad, más presencia policial. Discursos que, más allá de sus diferencias, terminan convergiendo ante la presión social en una misma salida: la represión.

En ese marco, vuelven con fuerza propuestas como la baja de la edad de imputabilidad y discursos desde ámbitos institucionales, como los del Presidente del INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente) , que refieren a adolescentes como “delincuentes de poca monta”. No se trata de expresiones aisladas, sino de una forma de construir sentido común que legitima la intervención punitiva sobre determinados cuerpos y territorios.

Hay un tipo de violencia que queda fuera de esa escena: la que se ejerce desde el Estado y desde los sectores que concentran el poder. La violencia estructural de la injusticia social.

Existe una forma de violencia física, que es la que aparece cotidianamente ante nuestros ojos, la que se muestra y se señala. Pero también existe una violencia simbólica, que no solo permanece invisibilizada, sino que es condición para la existencia de esa violencia física. Es una violencia que opera en el plano de las ideas, de los discursos y del sentido común, y que no solo no logramos identificar con claridad, sino que además se nos oculta de manera sistemática.

Es violencia tener que salir al mercado laboral para obtener un salario que no alcanza ni para sostener un techo. Es violencia que ese trabajo se desarrolle bajo contratos precarios, muchas veces en “negro”, sin derechos ni garantías. Es violencia que las promesas de campaña nunca lleguen a los sectores más vulnerados, y que su incumplimiento se vuelva una constante. Es violencia no poder acceder a los derechos mìnimos para una vida digna.

Pero también es violencia el lavado de dinero, que no solo sostiene, sino que organiza buena parte de las violencias que luego se condenan públicamente. Ese dinero no es abstracto: proviene del narcotráfico, de la trata de personas y de otros negocios ilícitos que operan con distintos niveles de protección y tolerancia. Es violencia su ostentación, que las redes sociales estèn llenas de personas que ostentan riqueza proveniente de mundos inalcanzables para las grandes mayorìas.

Sin embargo, cuando se observa la respuesta del sistema penal, aparece con claridad una lógica selectiva: mientras se endurecen las penas sobre los eslabones más débiles, las condenas vinculadas a estos delitos suelen ser, en muchos casos, menores o menos efectivas. No se trata de una falla del sistema, sino de su forma de funcionamiento: perseguir con mayor intensidad a quienes están abajo y administrar, con mayor flexibilidad, las violencias que atraviesan a los sectores de poder.

Pero esta violencia no recae solo sobre la clase trabajadora. También se expresa sobre aquellos sectores que, generación tras generación, han sido expulsados del acceso al trabajo, y que ya no ven en él una salida posible.

Para comprender mejor estas dinámicas, es necesario detenerse en las fracturas que se han ido consolidando dentro de los propios sectores populares. Como plantea el profesor Carlos Pérez Soto, resulta clave distinguir entre quienes tienen trabajo y quienes han sido completamente excluidos del sistema productivo.

Esta división no es un efecto colateral del sistema: es una condición de su funcionamiento. La fragmentación de los sectores populares debilita cualquier posibilidad de organización colectiva y habilita su enfrentamiento interno.

Sobre esa fractura se construye una operación política eficaz: los sectores excluidos dejan de aparecer como resultado de un orden social injusto y pasan a ser percibidos como una amenaza para quienes trabajan. Y cuando la violencia se expresa, lo hace —no casualmente— entre quienes comparten condiciones de subordinación. El miedo como eje estructurados de estamentos econòmicos. El miedo de la clase media en convertirse en clase baja, el miedo de la clase baja a quedarse sin techo. Este miedo es infinito, porque el sistema demuestra constantemente que (aunque inhumano e inimaginable) siempre se puede ser màs pobre.

Así, el conflicto se desplaza. En lugar de dirigirse hacia quienes concentran la riqueza y el poder, se reconfigura como un enfrentamiento entre pobres. Esa es una de las formas más efectivas de reproducción del orden existente.

En ese marco, lo que se denomina “delincuencia” no puede pensarse únicamente como una desviación individual. También expresa —de forma contradictoria y muchas veces brutal— la indignación de quienes han sido expulsados de la vida social, y la decisiòn polìtica de las instituciones del Estado Moderno a sostener la expulsiòn.

El problema es que esa indignación no se organiza políticamente, sino que es capturada por lógicas como las del narcotráfico, que hoy funcionan como formas de integración para sectores que no encuentran lugar ni en el trabajo ni en proyectos colectivos.

Esto plantea un desafío central: cómo reconstruir lazos sociales profundamente deteriorados y reducir la distancia creciente entre sectores populares.

Porque la pobreza actual no es la misma que en otras épocas. No se trata únicamente de carencias materiales, sino de una fragmentación más profunda de los vínculos sociales.

Como señala Silvia Bleichmar, los procesos de descomposición social —marcados por las consecuencias de la última dictadura cívico-militar— han dejado huellas persistentes. Entre ellas, una creciente naturalización de la violencia como forma de relación.

Esto se expresa, por ejemplo, en delitos donde no alcanza con la apropiación de lo material, sino que aparece una necesidad de daño hacia el otro. No es solo quitar: es también marcar, humillar, destruir.

Si esta dimensión estructural no se incorpora, el análisis queda reducido a la superficie. Y, en ese mismo movimiento, refuerza aquello que dice combatir.

Porque al señalar siempre a los mismos como responsables, se legitiman políticas que profundizan la exclusión. El Estado no actúa solo por omisión: interviene activamente en la administración de esa desigualdad, regulando, conteniendo y reprimiendo a los sectores que el propio sistema produce como excedentes.

El desarrollo de anàlisis polìticos que recortan y aìslan las problemàticas, no sòlo reproduce la violencia, sino que imposibilita el anàlisis profundo y la generaciòn de polìticas pùblicas a largo plazo. La respuesta a la descomposiciòn de los lazos sociales no es post-violencia, es preventiva y performativa. Aquì el enfrentamiento de intereses de los sectores que ostentan el poder, que se dedican a obstaculizar medidas eficientes y criminalizar los sectores màs excluìdos.

La violencia estructural e interseccional que genera la pobreza se soluciona, sòlo, modificando la distribuciòn de las riquezas.

Si la violencia sòlo genera màs violencia, què espera una sociedad de una persona que nace violentada y vive esa violencia todo el tiempo en todos los àmbitos de la vida. ¿Espera una respuesta pacìfica? Sumisiòn y silencio. La contraoferta: instituciones de encierro, en las que se perpetùa la precarizaciòn de la vida.

Hablar seriamente de la violencia implica romper con esa lógica. No se trata de un problema meramente de seguridad, sino de una expresión de las relaciones sociales sobre las que se organiza esta sociedad.

Porque mientras la violencia siga siendo pensada como un problema de individuos o de un sector social, se seguirá ocultando su raíz: un orden social que la produce, la administra y la necesita para reproducirse.

 

*Trabajador del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Integrante del Consejo Directivo Nacional de SUINAU.