Argentina | Buenos Aires es Capital Mundial de la Salud Mental: ¿Qué significa este reconocimiento?

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Buenos Aires es Capital Mundial de la Salud Mental: ¿Qué significa este reconocimiento?

Por Luciana Mazzini Puga

La Federación Mundial de la Salud Mental reconoció al sistema público bonaerense por su modelo de atención con perspectiva en los derechos humanos.

De manera reciente, la Federación Mundial de la Salud Mental, una organización internacional fundada en 1948 que mantiene relaciones oficiales con la OMS, designó a la Provincia de Buenos Aires como la Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029. El reconocimiento se debe a la transformación durante los últimos años del sistema público bonaerense, que avanzó en la transición de un modelo centrado en hospitales psiquiátricos a un sistema de atención integral, comunitario y basado en los derechos humanos. Según describe la Federación, que posee estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, cada capital designada sirve como punto de referencia global para compartir conocimientos, fomentar la cooperación internacional y promover la rehabilitación psicosocial comunitaria y la inclusión social.

En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias en PBA, relata: “Con mucho gusto recibimos esta mención, que es producto del enorme trabajo de la Provincia y de trabajadores y trabajadoras de la salud a lo largo de los siete años de gestión. Los criterios para la designación tuvieron que ver con la evaluación de las políticas de salud mental llevadas a cabo por el gobierno bonaerense, así como también la propuesta de un plan de acción para el futuro“.

En este sentido, la Federación Mundial de Salud Mental destacó el Plan de Acción integral de la provincia y sus principales logros. Estos incluyen avances en la desinstitucionalización y la vivienda comunitaria con apoyo, la integración de la atención de salud mental en los hospitales generales, la expansión territorial de los servicios comunitarios y la participación de jóvenes, usuarios y familias en programas y construcción de políticas. A su vez, la organización internacional plantea que la designación como capital mundial no solo es un reconocimiento, sino también un compromiso para profundizar estas reformas, fomentar la cooperación internacional y situar la salud mental, los derechos humanos y la atención comunitaria en el centro de la agenda pública mundial.

La clave es tener un plan

En la Provincia, las políticas en torno a la salud mental se establecen mediante planes. Así, en 2022 se dio inicio al Primer Plan Provincial de Salud Mental, que permitió avanzar hasta el momento en el proceso de desmanicomialización, tal como indica la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Según los datos ofrecidos por el gobierno bonaerense, se logró la externación del 70 por ciento de las personas que se encontraban institucionalizadas en sectores de larga estadía y se incrementó de 74 a 227 la cantidad de viviendas con apoyo. Estas son dispositivos habitacionales comunitarios pensados como alternativa o paso posterior a la internación psiquiátrica tradicional, que buscan promover la autonomía y la vida en comunidad del paciente.

Además, se cerraron 28 de los 35 pabellones de larga estadía de los hospitales neuropsiquiátricos provinciales, que fueron readecuados y reconvertidos en polos educativos y culturales abiertos a la comunidad. También, los hospitales generales provinciales con capacidad para atender urgencias e internaciones por motivos de salud mental y consumos problemáticos pasaron de ser 11 a 100. Para lograr esto, se amplió en un 70 por ciento la cantidad de camas de internación y se incorporaron más de mil trabajadores y trabajadoras de salud mental. A esto se le suman la creación de 33 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

En octubre de este año, el gobernador y el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, presentaron el 2° Plan Provincial de Salud Mental, que establece los lineamientos para el periodo 2026-2031. Este, entre otros, contempla el fortalecimiento de la atención en hospitales generales, la ampliación de los dispositivos territoriales y las viviendas con apoyo para personas externadas, y nuevas estrategias para garantizar el acceso a medicamentos, la prevención del suicidio y el abordaje de los consumos problemáticos.

Diseñado junto a organizaciones, familias, colegios profesionales, universidades y colectivos de trabajadores, tiene como objetivo fortalecer las políticas de cuidado y ampliar el acceso a la atención. La transición que se propone desde provincia, tal como plantea la Ley Nacional, es que la política de salud mental deje de estar concentrada exclusivamente en instituciones especializadas para integrarse al sistema sanitario general y desplegarse en el territorio.

El gobierno nacional a contramano

Las políticas de PBA en torno a la salud mental se inscriben dentro de los convenios internacionales que recomiendan normativas para avanzar de un modelo estigmatizante y que está asociado a la violación de los derechos humanos hacia uno que respete a los usuarios y proteja su autonomía. En Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 contempla esta perspectiva; sin embargo, de manera reciente, el Senado aprobó una reforma que, según denuncian profesionales de la salud mental, retrocede en materia de derechos humanos.

La reforma, que está a la espera de ser tratada en Diputados, propone modificar principalmente las internaciones involuntarias. En la normativa vigente, la internación involuntaria constituye un recurso excepcional, solo si no son posibles abordajes ambulatorios, y debe ser ante un “riesgo cierto e inminente”. Esto quiere decir que se considera el riesgo de un daño como verdadero, seguro e indudable y es un peligro actual y comprobable, no hipotético, para sí o para terceros. Para llevar adelante esta internación, se requiere de la firma de un psiquiatra o un psicólogo y de otro profesional del equipo interdisciplinario, y la redacción de un informe que indique qué recursos previos se intentaron y por qué no quedó una alternativa menos restrictiva. A la vez, esa decisión debe ser autorizada por un juez en un plazo de tres días corridos. El alta es facultad del equipo de salud, debe informarse al juzgado y debe darse apenas cesa el riesgo, o la internación pasa a ser voluntaria si la persona consiente.

En la reforma, el gobierno propone cambiar el criterio de “riesgo cierto e inminente” a “riesgo grave de daño”. Esto significa un enfoque situacional que contempla antecedentes y evolución del paciente, y habilitaría intervenciones preventivas. No se espera al peligro certero de una situación, sino que se actúa antes ante un riesgo hipotético. A su vez, la internación será indicada por un médico, sea o no psiquiatra, y el equipo interdisciplinario la podrá revalidar dentro de un plazo de 48 horas. El psiquiatra podrá atender el caso mediante teleconsulta. Además, a diferencia de la normativa actual que exige la autorización del juez para la internación, la reforma plantea que el procedimiento será únicamente comunicado a la Justicia. También, deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación, y se deberá notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de salida.

Calmels plantea a la Agencia: “Este proyecto fue impulsado por Patricia Bullrich a espaldas de las provincias argentinas. No mejora los problemas reales de los argentinos, no introduce financiamiento estructural para la ampliación del sistema de salud que es lo que se requiere y, además, agrega obstáculos a los problemas existentes como es el el requerimiento indispensable de la presencia de médicos psiquiatras para constituir equipos de salud mental”.

Y continúa: “Es una disciplina escasa, donde todas las provincias y sistemas de salud hacemos esfuerzos para ampliar la capacidad, pero que hoy es un requerimiento de imposible cumplimiento. Además, vuelve a una mirada biologicista sobre la salud mental en un momento de enorme crisis y necesidad de atención. Esta demanda hace que muchas de las provincias, como Buenos Aires, amplíen los equipos de salud con más recursos y más profesiones para poder dar una mejor respuesta”.

Si la reforma avanza, detalla Calmels, se dará lugar a recursos judiciales ya que contrarresta los tratados internacionales. “Inclusive, las provincias van a tender a armar sus propias normativas internas, lo que va a perjudicar a la Argentina en una fragmentación aún mayor de los sistemas de salud”, afirma.

Escuchar para llegar antes

A través del programa “La Salud Mental es entre todas y todos”, la provincia de Buenos Aires también busca generar espacios de escucha y diálogo con infancias y juventudes para evitar estigmas y miradas patologizantes, promover prácticas de cuidado y detectar situaciones que requieren acompañamiento. A su vez, se creó el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, un espacio en el que jóvenes de distintos ámbitos participan con sus experiencias y propuestas en la construcción de políticas públicas de salud mental.

En cuanto a las políticas para prevenir el suicidio, desde Provincia se detalla que más de 4.500 trabajadores y trabajadoras públicos realizaron una formación en prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes. También, se desarrollaron herramientas específicas para los equipos de salud y los municipios, y se elaboró una nueva guía clínica para equipos de urgencias, hospitales generales y atención primaria.

Estas prácticas no son menores si se tiene en cuenta que el suicidio es la principal causa de muerte violenta en Argentina. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, 5.209 personas se quitaron la vida durante el año pasado, registrando así una cifra histórica y siendo un 22,6 por ciento más que en 2024 cuando se contabilizaron 4.249 suicidios.

Agencia UNQ


 

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