Brasil | La base material de la victoria de Lula: políticas populares y disputa de todos los territorios – Por Solange Martínez
La base material de la victoria de Lula: políticas populares y disputa de todos los territorios
Por Solange Martínez*
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil no se explica exclusivamente por una acertada estrategia electoral ni por una mayor eficacia comunicacional en las redes sociales. Su reelección se sostiene en una base material construida mediante políticas públicas que ampliaron los ingresos, aliviaron el endeudamiento de los hogares, recuperaron derechos laborales y fortalecieron la capacidad de consumo de los sectores populares. Entre la primera y la segunda vuelta, el gobierno profundizó esa orientación y, al mismo tiempo, modificó su estrategia comunicacional para disputar el territorio digital frente al bolsonarismo y las grandes plataformas tecnológicas. Las redes permitieron amplificar los mensajes y organizar la militancia, pero fue la intervención del Estado sobre las condiciones concretas de vida de millones de brasileñas y brasileños la que constituyó el principal sustento político y social de la continuidad del proyecto de Lula.
El 25 de octubre, Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro. El presidente reelecto consiguió 64,2 millones de sufragios, más de diez millones por encima de los obtenidos en la primera vuelta. La diferencia no terminó con la polarización política brasileña, pero permitió la continuidad de un proyecto de gobierno que había colocado la recuperación de los ingresos y la protección social entre sus principales líneas de intervención.
Las políticas públicas como base material de la victoria
La posibilidad de disputar el voto popular estuvo vinculada con las políticas públicas que modificaron los ingresos disponibles, aliviaron deudas y ampliaron derechos. En las semanas anteriores al balotaje, el gobierno profundizó esa orientación con medidas de impacto directo sobre los hogares.
En septiembre anunció la tercera etapa del programa Desenrola Brasil, que habilita al Estado a comprar carteras de deudas bancarias y no bancarias y trasladar a los deudores los descuentos obtenidos. El mecanismo prevé reducciones de al menos el 90% y podría alcanzar a 15 millones de personas. La medida reconoce una dimensión central de la economía popular: el endeudamiento de los hogares se convirtió en un mecanismo de presión sobre los ingresos y la capacidad de consumo.
En octubre, el gobierno actualizó en un 15,04% los valores del Bolsa Família. El beneficio mínimo pasó de 600 a 691 reales mensuales, mientras que el promedio estimado llegó a 777 reales. Se trata de una recomposición del poder adquisitivo de las familias que reciben la transferencia y de la continuidad de una política que constituye uno de los principales instrumentos de protección social del Estado brasileño.
La intervención también alcanzó a los pequeños trabajadores independientes. La Ley Complementaria 238, sancionada el 21 de octubre, estableció la remisión integral de las deudas previsionales federales de los microemprendedores individuales (MEI) vencidas hasta el 13 de octubre, incluidos intereses y multas. La medida puede beneficiar a más de 3,6 millones de emprendimientos. El paquete Prospera MEI incorporó, además, iniciativas para ampliar los límites de facturación y facilitar el acceso a recursos productivos.
Otro cambio significativo fue la promulgación de la Enmienda Constitucional 141, que termina con la escala laboral 6×1 y establece dos días de descanso semanal remunerado. La reforma prevé una reducción gradual de la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial. La modificación coloca en el centro de la agenda una demanda histórica de los trabajadores: la disputa por el tiempo de trabajo y el derecho al descanso.
A estas medidas se suman la exención del impuesto a las ganancias para ingresos mensuales de hasta 5.000 reales, vigente desde enero de 2026; el programa Gás do Povo, que garantiza recargas gratuitas de garrafas a hogares elegibles; la tarifa eléctrica gratuita para determinados consumos de sectores de bajos ingresos; y la ampliación de programas como Pé-de-Meia y Farmácia Popular.
El conjunto permite identificar una orientación de política económica que busca intervenir sobre distintas dimensiones de la reproducción social: ingresos, alimentación, energía, salud, educación, endeudamiento y condiciones laborales. No se trata únicamente de transferir recursos, sino de ampliar la capacidad de los hogares para sostener sus condiciones de vida frente a las presiones del mercado.
La concentración temporal de varias de estas decisiones antes de la segunda vuelta también merece atención. Su proximidad con el calendario electoral muestra que el gobierno colocó la intervención estatal en el centro de la disputa política. Esto no permite atribuir automáticamente el voto a cada medida, pero sí reconocer que la campaña se desarrolló sobre una experiencia concreta de políticas públicas. Esa base material fue el punto de apoyo sobre el que se desplegaron otras formas de organización y disputa política.
La disputa por todos los territorios
Uno de los cambios más importantes entre las dos vueltas fue la comprensión de las redes sociales como territorios estratégicos para la producción de poder. La campaña de Lula reconoció que no alcanzaba con trasladar a las plataformas los mensajes de los medios tradicionales. Era necesario disputar sus lenguajes, sus formas de circulación y las comunidades que participan en la producción y reproducción de contenidos.
En ese proceso adquirió protagonismo el llamado Exército de Lula, una red de comunicación por WhatsApp coordinada por el diputado André Janones. El canal superó los diez millones de seguidores y funcionó como una estructura de distribución de videos, mensajes y materiales de campaña. Sus participantes recibían contenidos para compartir, intervenían en publicaciones de otras redes y contribuían a multiplicar la presencia digital del candidato. La iniciativa permitió sostener una intervención política permanente, en lugar de limitarse a reaccionar frente a la agenda de la derecha.
También cambió el formato de las intervenciones del propio Lula. Los videos breves, las comunicaciones más directas y un lenguaje menos institucional buscaron acercar al candidato a públicos que no necesariamente participan de los circuitos tradicionales de información política. La campaña incorporó así una lógica de comunicación más descentralizada, en la que la militancia no solamente recibía mensajes, sino que también intervenía en su circulación.
La experiencia expresa una comprensión política del territorio digital: las plataformas no son espacios neutrales. Su propiedad, sus algoritmos y sus mecanismos de distribución están concentrados en grandes empresas tecnológicas que participan de la organización de los flujos de información y de la disputa por las matrices de pensamiento. Para las fuerzas populares, intervenir en esos espacios implica construir capacidades propias de comunicación, organización y producción de sentido.
La transformación digital no reemplazó la movilización territorial, que también tuvo una presencia decisiva en la disputa electoral. El 11 de octubre, la Marcha por la Democracia registró 156 actividades en 76 ciudades brasileñas, con una asistencia estimada por los organizadores en cerca de un millón de personas. El 18 de octubre, las manifestaciones se extendieron a alrededor de 500 ciudades, mientras que el 24 de octubre, en la jornada de cierre de campaña, se realizaron actos en 58 ciudades de 24 estados y unidades federativas. En São Paulo, los organizadores estimaron que más de dos millones de personas participaron de la concentración en la avenida Paulista. Estas movilizaciones reunieron a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones estudiantiles, feministas, colectivos culturales y militantes políticos. La ocupación de las calles permitió ampliar la campaña más allá de las estructuras partidarias y expresar una fuerza social organizada en defensa de la continuidad del proyecto político.
La soberanía digital frente al poder de las corporaciones
La disputa con la Nueva Aristocracia Financiera y Tecnológica (NAFyT) también se puso de manifiesto en tres terrenos concretos: las finanzas, la comunicación y los negocios digitales. En el primero, Lula defendió Pix, el sistema de pagos instantáneos desarrollado por el Banco Central de Brasil, frente a los cuestionamientos de Estados Unidos y las presiones vinculadas a los intereses de las empresas financieras internacionales. El conflicto dejó en evidencia que controlar los medios de pago supone también disputar quién organiza y captura los beneficios de la circulación del dinero.
En el terreno comunicacional, la campaña electoral expuso los límites de una democracia cuya conversación pública depende de infraestructuras privadas. Las tensiones con Meta y X, las denuncias sobre restricciones a contenidos y la intervención del Tribunal Superior Electoral durante octubre pusieron en discusión el poder de estas empresas para establecer las condiciones de visibilidad de los proyectos políticos. La campaña de Lula mostró que disputar las redes sociales ya no es solamente una cuestión de propaganda electoral: implica confrontar con corporaciones que administran espacios centrales de producción de información y formación de opinión.
La intervención sobre las apuestas online abrió un tercer frente. El 25 de septiembre, el gobierno impulsó la Medida Provisoria 1.394 para prohibir la oferta, intermediación y publicidad de apuestas deportivas y juegos online. La decisión apuntó a un negocio que se expandió sobre los ingresos de los hogares y profundizó situaciones de endeudamiento. Sus efectos también comenzaron a observarse en el consumo cotidiano. Según la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), las ventas del comercio alimentario crecieron un 6,5% interanual entre el 5 y el 11 de octubre y un 6,3% entre el 12 y el 18 de octubre, con incrementos en productos esenciales como arroz, aceite, fideos y café. La entidad vinculó este comportamiento con las restricciones a las apuestas online y con la posibilidad de que una parte de los recursos antes destinados a esas plataformas regresará al consumo familiar.
Pix, Meta, X y las apuestas online muestran distintas expresiones de una misma contradicción: mientras las grandes corporaciones concentran el control de las infraestructuras financieras y digitales, los Estados enfrentan el desafío de recuperar capacidad de decisión sobre ellas. La continuidad del proyecto de Lula abre así una disputa que excede el terreno electoral: se trata de construir soberanía tecnológica y financiera, regular los nuevos negocios digitales y evitar que la organización de la vida económica y política quede subordinada a los intereses de la NAFyT.
Una victoria que expone viejas contradicciones
La reelección de Lula no resuelve las contradicciones económicas y políticas de Brasil. El peso del agronegocio, la concentración de la riqueza y las dificultades para profundizar una política redistributiva seguirán condicionando al próximo gobierno. El país es una potencia agroexportadora, pero esa capacidad productiva no se traduce automáticamente en una distribución equitativa de la riqueza ni en el fortalecimiento de la agricultura familiar y las economías populares.
Brasil exportó bienes agrícolas por US$ 87.000 millones durante el primer semestre de 2026. Esta expansión convertirá al país en el primer productor y exportador de productos alimentarios del mundo, desplazando a Estados Unidos del lugar que ocupó durante los últimos 100 años. Sin embargo, este crecimiento plantea una contradicción central: las empresas agroexportadoras pagan 0% de derechos de exportación, por lo que el Estado no captura ingresos mediante ese instrumento sobre sus ventas externas.
El desafío para el gobierno de Lula será discutir cómo se distribuye la riqueza generada por el complejo agroexportador y qué mecanismos pueden garantizar que esa expansión beneficie al conjunto de la sociedad. Brasil necesita fortalecer la agricultura familiar, las economías populares y avanzar en una reforma agraria que permita democratizar el acceso a la tierra y a los recursos productivos.
La disputa no pasa solamente por ampliar la capacidad de producción y exportación, sino por definir quién se apropia de sus resultados. La consolidación de Brasil como potencia alimentaria mundial deberá medirse también por su capacidad para reducir las desigualdades, distribuir la renta y garantizar que la riqueza producida alcance a las mayorías populares.
A esto se suma una derecha que conserva una importante representación parlamentaria y capacidad de presión institucional, además de las disputas geopolíticas sobre la autonomía brasileña y su relación con Estados Unidos, China y los países de América Latina.
La experiencia electoral deja, en este sentido, una cuestión política relevante. La disputa por las redes sociales es indispensable para enfrentar la concentración tecnológica y la capacidad de las grandes plataformas de organizar la circulación de información. Pero la comunicación no puede sustituir la construcción de una base social ni las transformaciones materiales que sostienen la relación entre un proyecto político y las mayorías.
Lula modificó su estrategia para disputar el territorio digital y articuló esa intervención con la movilización popular. Sin embargo, la continuidad de su proyecto también se juega en la capacidad de profundizar las políticas públicas, redistribuir la riqueza y ampliar los derechos de quienes viven de su trabajo. La comunicación puede construir adhesiones y multiplicar mensajes; la transformación de las condiciones de vida constituye el terreno material sobre el que se disputa su continuidad.
*Psicóloga. Docente. Investigadora del Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte (UNLa). Analista de Nodal y del CLAE
