Paraguay | Detienen al director jurídico del Banco Central por presunta alteración de informes sobre Ueno Bank enviados al Senado

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Fiscalía ordena detener al director jurídico del BCP por el caso Ueno

El Ministerio Público ordenó este domingo la detención de Aldo Javier Rodríguez González, de 55 años, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por su presunta participación en la modificación de documentos técnicos sobre la situación financiera de Ueno Bank, remitidos al Congreso Nacional.

La medida fue dispuesta en el marco de la causa penal n.º 92/2026, que investiga posibles hechos de lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. La resolución fiscal n.º 10 fue firmada por los agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Según la hipótesis fiscal, Rodríguez habría intervenido directamente en la alteración sustancial de un informe elaborado por la Superintendencia de Bancos y enviado al Senado en octubre de 2026. Las modificaciones habrían omitido información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank y las advertencias relacionadas con una transferencia de cartera crediticia a la firma Vinanzas S.A., por un valor aproximado de US$ 74,4 millones.

Los investigadores sostienen que el funcionario habría actuado coordinadamente con otras altas autoridades del BCP para elaborar y validar la documentación cuestionada. Además, señalan que el 9 de octubre pasado acudió al Congreso, junto con otros directivos, para presentar y respaldar el informe ante los legisladores.

Para la Fiscalía, las presuntas maniobras habrían obstaculizado el control parlamentario y retrasado la adopción de medidas correctivas mientras la entidad bancaria seguía operando.

La investigación también busca determinar una eventual afectación al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad. El posible perjuicio patrimonial todavía debe ser establecido.

El Ministerio Público recordó que los hechos atribuidos al funcionario están sujetos a investigación y comprobación judicial, por lo que se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia.

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