Perú | Organizaciones rechazan decisión de archivar el proceso por las esterilizaciones forzadas practicadas por la dictadura de Alberto Fujimori
Más de 1 500 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en el sur claman justicia
Por Brenda Flores Castro Márquez
La Fiscalía archivó investigación por el caso de esterilizaciones forzadas ocurridas en el Gobierno de Fujimori y salva así a 52 imputados, pese a que se reconoce que existió delitos de lesa humanidad. Defensa legal de víctimas apelarán para revertir decisión, que afecta dos décadas lucha por justicia.
“Me cayó como un balde de agua fría”, cuenta Margarita Rojas, luego de conocer que se archivó la investigación de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, donde ella era una de las 4 mil víctimas incluidas en este proceso y que esperaban obtener justicia. De ellas, 1 504 corresponden a caso de madres de. las regiones de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua y Tacna.
Fue en 1995, tenía 24 años cuando fue sometida, sin su consentimiento, a una intervención quirúrgica de ligadura de trompas en el centro de salud de Santo Tomás, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Cuenta que el personal médico le engañó diciendo que le colocarían una “ampolla para la gripe”, y quedó dormida. Cuando despertó, estaba echada en una camilla con una bata blanca puesta. Sentía un dolor en el vientre y al bajar la mirada observa un corte. “Díganos gracias, ya nunca más vas a tener hijo”, le dijeron las enfermeras.
“¿Cuántos años estamos en esto? No pueden archivar. Pensamos que estaba avanzando el caso y teníamos esperanza que haya justicia, pero ahora estamos muy preocupadas”, señala Margarita. “No es justo para nosotras campesinas mujeres, ¿por qué no tenemos justicia? ¿porque no tenemos plata?”, exclamó entre lágrimas.
Paula Ticona, otra víctima de esterilización de la ciudad cusqueña de Sicuani, recuerda con dolor lo vivido y que, pese a sus testimonios, la inmunidad prevalezca. “Alberto Fujimori con (Alejando) Aguinaga que era ministro de Salud, ellos nos hicieron esto, ordenaban a los doctores de los hospitales y postas de salud. Estoy triste, preocupada, indignada ¿Hasta cuando no vamos a encontrar justicia?”, clamó.
Para Paula, no solo se trató de daño físico sino también psicológico. El temor a regresar a los establecimientos de salud y la discriminación que sufrieron en sus comunidades. “Nos critican con estas cosas, somos humillados”, menciona.
Ellas al igual que muchas víctimas empezaron este proceso hace casi dos décadas. Y constantemente debían entregar documentos, dar declaraciones y pasar por peritajes médicos y psicológicos. Todo con la confianza de que habría un desenlace positivo, pero no ocurrió así.
La Cuarta Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos declaró extinguida por prescripción la acción penal contra 52 investigados por el caso de esterilizaciones forzadas ocurridas entre el 28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2000. La decisión fiscal, del 22 de octubre del 2022, incluye los casos de 4 mil 172 personas agraviadas por lesiones graves y cinco mujeres por lesiones graves seguidas de muerte.
Este archivamiento libra de investigación a figuras políticas conocidas como Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y actual senador de Fuerza Popular, además de los exministros Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.
Dentro de la disposición fiscal se menciona detalles relevantes, que confirman el presunto delito. “Al haberse practicado intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento libre, previo, pleno e informado de las agraviadas, debido a los vicios que lo afectaron configuran esterilizaciones forzadas”, se lee.
“DETERMINAR que dichas esterilizaciones forzadas reúnen, según el derecho internacional, los elementos de un crimen de lesa humanidad, al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil”, concluye.
Contradictoriamente, el Ministerio Público hace alusión a reglas nacionales para justificar su decisión como los artículos 78, inciso 1, y 80 y 83 del Código Penal, la Ley 32107 o más conocida como Ley Rospigliosi. Además, de la interpretación establecida por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 190/2025, recaída en los expedientes 00009-2024-PI/TC y 00023-2024-PI/TC.
Tras la noticia, el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Germán Vargas, sostuvo que es indignante la resolución, donde se pretende dejar en impunidad crímenes muy graves.
Si bien se conoce que habría más de 300 mil personas a nivel nacional que fueron afectadas por esta acción, a la que el régimen de Fujimori calificó como una política de control de natalidad. En el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), el Ministerio de Justicia solo reconoce a 6 mil 989, entre hombres y mujeres. En el sur, Cusco reporta 1 mil 695, ocupando el segundo lugar con más casos. Principalmente provenientes de Chumbivilcas, Anta y Paruro.
De esa cifra total de Reviesfo, 4 mil 172 personas, de 22 localidades en el Perú, fueron los primeros en presentar sus denuncias ante la Fiscalía y formaron parte de esta investigación que ahora quedó archivada.
Un total de 1 mil 450 son demandantes de Cusco afectadas por esta decisión de prescripción del Ministerio Público, 18 son de Apurímac, 11 de Arequipa, 21 de Moquegua, tres de Puno y una de Madre de Dios. En suma, representan 1 mil 504.
Un largo camino
El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMU) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) acompañaron a las víctimas con la defensa legal. Fueron 16 años de una investigación fiscal preliminar, que luego de la sustentación de la denuncia fiscal ante el Poder Judicial, se decidió finalmente abrir instrucción y pasar a una etapa judicial. No obstante, los imputados en el caso presentaron un recurso de amparo que hizo que la Corte Suprema ordenara una nueva investigación.
“Ellos nunca han sido absueltos, eso hay que dejarlo claro. La Corte Suprema dijo que se vuelva a hacer la investigación fiscal preliminar, y en eso hemos estado casi dos años. Ahora el fiscal concluyó esta investigación fiscal preliminar”, explica María Ysabel Cedano, abogada de DEMU.
Lamentablemente, son varias víctimas que murieron en el camino por obtener justicia, manifiesta Sigfredo Florian, letrado de IDL. “Solo en el grupo de casos que yo patrocino que son en Anta de Cusco y Huancabamba en Piura, tenemos dos personas que ya han fallecido”, mencionó.
Buscan revertir decisión
Cedano precisó que impugnarán esta decisión fiscal para que se eleven los actuados a la Fiscalía Superior, con el principal argumento que la resolución fiscal concluye que las esterilizaciones forzadas fueron un crimen de lesa humanidad y este delito es imprescriptible e inamnistiable.
La letrada señala que, si el resultado es desfavorable, podrán impugnar ante la Fiscalía de la Nación o recurrir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo porque se está vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional internacional. Asimismo, es posible recurrir a la justicia internacional.
Sigfredo Florian confía en que se cuenta con los argumentos para revertir el archivamiento. Teniendo como sustento que en más de 50 casos se inaplicó la Ley de amnistía o prescripción de crímenes de lesa humanidad, incluido uno relacionado a esterilizaciones forzadas del año pasado. Además, existe un antecedente importante donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia por el caso Cecilia Ramos, quien falleció tras ser víctima de esta cirugía no consentida.
El letrado indicó que, en tanto esperan una respuesta de la justicia al recurso que presentarán en el más breve plazo, también informarán de los actuados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte IDH.
Presionan a la justicia
Pero el enfoque va más allá de revertir el archivamiento y es ir a la raíz del problema que es la Ley Rospigliosi. “Definitivamente aquí hay una presión a los operadores de justicia que están inaplicando esa ley. Hay varios de ellos que están siendo investigados, procesados por la Junta Nacional de Justicia”, enfatiza Cedano.
Germán Vargas, secretario adjunto de CNDDHH, recordó las advertencias vertidas por el autor de esta norma, Fernando Rospigliosi, de destituir a jueces y fiscales que desafíen reconocer la ley, afectando su autonomía en la toma de decisiones. “Lo que está pasando ahorita a nivel de los operadores del sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, es que hay temor para enfrentar lo que no es una simple amenaza”, refirió.
Vargas reconoce que grupos políticos en la Cámara de Diputados apuntan a derogar las denominadas leyes pro crimen y también pedirían eliminar la Ley Rospigliosi, para desmontar toda esta estructura pro impunidad. Sin embargo, evalúa que habrá un entrampamiento en la Cámara de Senadores, por existir una mayoría oficialista.
CIFRA
6 mil 989 víctimas de las esterilizaciones forzadas reconoce el Ministerio de Justicia, según Reviesfo.
DATO
La Ley Rospigliosi permite la prescripción de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, anteriores al 1 de julio del 2002.
