Argentina: ajuste sin fin – Por Carlos Heller | Especial para NODAL

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Carlos Heller(*)

Se viven tiempos difíciles en el escenario económico argentino. La moneda local, el peso, se depreció casi un 40% en tan sólo dos meses y medio (en todo el año 2017 se había depreciado un 18,5%). La tasa de interés de las LEBAC (Letras del Banco Central de la República Argentina), utilizadas en la práctica como referencia para el resto de las tasas del sistema, se situaron en el 47% anual para el plazo más corto, al momento de la licitación a principios de julio. Un encarecimiento sin precedentes del costo de financiamiento local.

Las estimaciones de inflación para 2018 la sitúan muy cerca del 30%, un nivel bien por encima de lo que habían sido las metas de inflación fijadas por el Banco Central a principios de año: 15%, valor que se utilizó como parámetro para los aumentos salariales del sector privado. Con un aumento del 12% del Índice de Precios al Consumidor acumulado durante los primeros cinco meses, los salarios reales disminuyeron. La Canasta Básica Alimentaria, utilizada para medir los niveles de indigencia, se incrementó aún más que el nivel general de inflación. Como consecuencia de lo anterior, el consumo interno muestra caídas desde hace ya varios meses.

La situación económica de Argentina con el resto del mundo tampoco está en su mejor momento. Con datos al primer trimestre de 2018, la Cuenta Corriente del Balance de Pagos registró un déficit de más del 5% del PIB. La balanza comercial en particular, el intercambio de bienes argentinos con el exterior, arrojó un déficit de más de 8.000 millones de dólares en 2017, un valor que no se registraba desde 1994.

Ante este panorama, el presidente Macri señaló el pasado 4 de julio, con relación a las políticas aplicadas hasta ahora por su gobierno, que “contra viento y marea lo estamos haciendo bien”. En ese mismo discurso, el mandatario hizo hincapié en los acontecimientos internacionales y sus efectos nocivos para la economía argentina, ratificando lo manifestado por uno de sus principales ministros, Nicolás Dujovne. El funcionario de Hacienda aseguró que la Argentina sufrió turbulencias financieras sólo por tres motivos: la sequía, el aumento del petróleo y la suba de tasas en Estados Unidos.

Omiten decir que es el propio modelo de país que se gestó desde que asumió Macri el responsable de llegar a una situación de extrema vulnerabilidad frente a las “tormentas” del exterior, habiendo impulsado fuertes medidas desregulatorias y de liberalización de flujos financieros.  

Es en este contexto que el pasado mes de junio, en momentos en los que las presiones cambiarias se encontraban en uno de sus momentos más álgidos, la Argentina volvió a endeudarse con el FMI. Como suele ocurrir en este tipo de acuerdos, el préstamo “stand by” otorgado por el Fondo requiere el cumplimiento de una larga serie de “condicionalidades”. Todas ellas en torno al objetivo de reducción del déficit fiscal primario, a como dé lugar. Esto implica, como ocurre en todos los países que acuerdan estos “rescates”, que el recorte fiscal pasará por los sectores más vulnerables.

Algunos de los objetivos de este acuerdo establecen, entre 2018 y 2020, una caída del 13% de los salarios reales del sector público, una reducción de la dotación de personal del Estado y una continuación en el esquema de reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos que viene implementando el gobierno de Macri desde 2016. Esto último se traduce en un fortísimo incremento en las facturas de gas, electricidad, agua potable y transporte, tanto para los usuarios residenciales como para las empresas (incluyendo PyMEs y cooperativas).

Si bien el acuerdo con el FMI no hace más que profundizar y “formalizar” las políticas que se vienen aplicando en la Argentina presidida por Macri, implica además una total subordinación al organismo internacional y una consecuente pérdida de soberanía del Estado. Para no dejar lugar a dudas, en el memorándum del acuerdo, la expresión “(Argentina se) compromete” aparece diez veces y “consultará” unas catorce veces.

Por su parte, los funcionarios del gobierno nacional, incluido el Presidente, se encargan de seguir al pie de la letra las recomendaciones del FMI y no hacen más que repetir hasta el hartazgo su total compromiso con las metas de déficit fiscal. Un objetivo que, como ya lo ha demostrado la experiencia, tanto local como internacional, nunca se termina de cumplir. En efecto, el único resultado de las políticas de ajuste es sólo más ajuste ya que frenan cualquier atisbo de crecimiento y desarrollo de un país.

Hace sólo dos meses atrás, en el marco del inicio de las tratativas con el FMI, el presidente Macri afirmaba: “vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo, esto va en serio. Hay un camino con obstáculos, pero es el camino en el que, con el esfuerzo personal, nos va a ir mejor a todos”. Un discurso que promete un futuro venturoso y ya es bien conocido y utilizado más allá de las fronteras argentinas.

Pero la realidad es que las propias políticas que defienden los gobiernos neoliberales como el de Argentina en la actualidad son las que obstaculizan el camino hacia el bienestar de la sociedad y la someten a las penurias del ajuste.

Un espejo al que mirar es la economía griega. Hace pocos días, los principales medios internacionales titulaban “el fin de los rescates griegos”. Los principales acreedores, los ministros del Eurogrupo, señalan en un comunicado oficial que ahora Grecia “está lista para independizarse” y que “podrá acceder a los mercados”. Sin ningún tipo de reparos, se está dejando en claro que, mientras estuvo dentro de los programas de rescate el estado griego no gozaba de soberanía alguna a la hora de tomar decisiones que afectaran el bienestar de sus habitantes.

Peor aún, Grecia aún no se libró del “yugo” de sus acreedores, éstos continuarán efectuando revisiones trimestrales durante los próximos cuarenta años para asegurarse que se mantenga el superávit presupuestario.

Ahora bien, ¿qué beneficios obtuvo la población griega luego de ocho años de esfuerzo fiscal? La respuesta es: ninguno. Los salarios se redujeron un 20%, las pensiones y otras transferencias sociales sufrieron recortes del 70% y la tasa de desempleo supera el 20%. Como si esto fuera poco, los ciudadanos griegos “terminan” sus rescates con una pesada carga de deuda externa equivalente a más del 180% de su PIB.

Esta es una de las experiencias recientes que demuestra, una vez más, que las medidas de ajuste fiscal no hacen más que empeorar la calidad de vida de las sociedades en beneficio de unos pocos. Algo a tener en cuenta para evaluar lo que sucederá en Argentina de continuar las actuales políticas.

(*) Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Presidente del Partido Solidario, de Argentina.