Desmontar derechos laborales es fácil; recuperarlos, una lucha que no termina
Enrique Correa de la Hoz*
Colombia ha vivido una historia laboral plagada de avances interrumpidos y retrocesos impuestos. Con frecuencia, los derechos conquistados por las y los trabajadores han sido suprimidos con una facilidad alarmante, mientras que los procesos para restaurarlos o fortalecerlos han sido lentos, complejos y cargados de obstáculos.
Las reformas de 1990 y 2002 son dos momentos emblemáticos de ese desmonte. En nombre de la modernización y la atracción de inversión, se flexibilizó la contratación, se redujeron garantías económicas y se debilitaron mecanismos de protección frente al despido. Fueron reformas rápidas, promovidas por élites económicas y aprobadas por mayorías legislativas sin mayores resistencias.
Desde entonces, recuperar lo perdido ha sido una tarea cuesta arriba. Cada intento por restablecer derechos básicos —como limitar la tercerización, fortalecer la estabilidad laboral o mejorar las condiciones de trabajo— ha chocado con intereses poderosos, bloqueos institucionales y campañas de desinformación.
El reciente archivo de la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso es muestra de ello. Aunque se trataba de una propuesta técnicamente sólida y acorde con los compromisos internacionales del país, fue hundida sin ser suficientemente debatida. Las fuerzas políticas que promueven un modelo de relaciones laborales precarizado siguen teniendo capacidad de veto.
En este contexto, la consulta popular que ha propuesto el Gobierno representa una nueva oportunidad, no exenta de riesgos. Para que tenga efectos, primero debe ser aprobada por el Congreso -el mismo que hundió la reforma laboral- y luego superar una alta exigencia de participación ciudadana. No basta con ganar: se necesita que más de un tercio del censo electoral vote, y que la mayoría lo haga por el “sí”.
Además, hay problemas de forma que no pueden ignorarse. Varias preguntas están mal formuladas, son ambiguas o incluyen más de una proposición. Esto puede dificultar su comprensión y, en caso de ser aprobadas, dar lugar a interpretaciones diversas o implementaciones ineficaces, pues todo dependerá de nuevas leyes que deberán ser tramitadas por el mismo Congreso que hundió la reforma anterior.
Este tipo de tensiones no es exclusivo de Colombia. En América Latina, muchos países han atravesado reformas laborales regresivas con relativa facilidad. Pero los procesos de recuperación han tomado décadas.
La lección es clara: los retrocesos se decretan; las conquistas se luchan. La consulta popular puede ser una herramienta válida si se la acompaña con pedagogía social, claridad técnica y presión política sostenida. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otro capítulo frustrante de una historia ya conocida.
*Enrique Correa de la Hoz, doctor en derecho del trabajo, ex magistrado, docente e investigador y consultor en derecho laboral.
