La Libertad: Hallan muertos a 13 trabajadores de seguridad secuestrados en Pataz
Los trece trabajadores de seguridad secuestrados desde el pasado 26 de abril en un socavón minero del distrito de Pataz fueron encontrados sin vida, según confirmaron fuentes de Noticias Trujillo. Las víctimas habrían sido ejecutadas a sangre fría por sicarios armados, en una nueva muestra del violento conflicto que aqueja la zona minera.
Identificados los cuerpos de nueve víctimas
Las autoridades han logrado confirmar hasta el momento la identidad de nueve de las trece víctimas. Entre ellos figuran:
- Nilver Joel Pérez Chuquipoma
- César Rospigliosi Arellano
- Frank Jesús Monzón Valeriano
- Jhon Cristian Facundo Inga
- Franklin Vicente Facundo Inga
- Josué Carbonell Beltrán
- Alexander Domínguez
- Juan Ñaupari Salva
- Darwin Javier Coveñas Panta
Los cuerpos serán trasladados a la morgue de Trujillo, donde se procederá con la identificación oficial y la entrega a sus familiares.
Ejecutados con disparos a quemarropa
Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la brutalidad del crimen: los trabajadores fueron ejecutados uno a uno, presuntamente por sus captores, con disparos a quemarropa. El video, cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades, habría sido grabado por los propios asesinos y pone en evidencia el nivel de violencia con el que operan las mafias en la zona minera.
De acuerdo con testimonios de familiares y compañeros, los trabajadores pertenecían a la empresa contratista R&R, que presta servicios de seguridad a Compañía Minera Poderosa, uno de los principales operadores formales de oro en la región.
Contexto del crimen: minería informal y conflicto armado
El secuestro ocurrió cuando los trabajadores de R&R llegaron a una bocamina ubicada en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz, con la misión de desalojar a mineros ilegales. Según se ha informado, se produjo un enfrentamiento armado en el lugar, que terminó con el secuestro de los 13 agentes de seguridad.
Un compañero de las víctimas indicó que el acto habría sido perpetrado por una banda liderada por un sujeto conocido como “Cuchillo”, quien operaría en la mina de propiedad de otro individuo identificado como “Galindo”.
Contrario a versiones iniciales que hablaban de un posible pedido de rescate por 4 millones de soles, la Policía Nacional del Perú (PNP) descartó que los criminales hayan solicitado dinero a cambio de la liberación de los trabajadores.
Confirmación de la masacre
Fuentes de Noticias Trujillo ya habían advertido desde el miércoles 30 de abril que los trabajadores habrían sido asesinados en los días posteriores a su captura. El hallazgo ocurrió este fin de semana, donde encontraron los cuerpos en el interior de la bocamina.
¿Por qué la Policía no ingresó al lugar del rescate?
Según fuentes consultadas por Noticias Trujillo, los efectivos policiales no ingresaron a la bocamina donde se encontraban secuestrados los 13 trabajadores de seguridad. Fueron los propios compañeros de las víctimas quienes, ante la inacción de las autoridades, decidieron organizarse y entrar por su cuenta en un intento desesperado por llegar al lugar.
«Aparte, ni un solo policía entró. Nosotros hemos tenido que ingresar por nuestros propios medios. Gracias a Dios regresaron los jefes que estuvieron antes y nos organizamos mejor», reveló uno de los testigos a Noticias Trujillo.
Llamado a la acción del Estado
Este hecho revive las alertas sobre la creciente inseguridad en las zonas mineras del país, donde el enfrentamiento entre minería formal e informal ha escalado en violencia en los últimos años. Organizaciones civiles y familiares de las víctimas exigen una respuesta firme del Estado frente al avance del crimen organizado en regiones ricas en recursos, pero abandonadas en materia de seguridad.
El Gobierno aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta masacre. Se espera que en las próximas horas se brinden declaraciones desde el Ministerio del Interior o la Presidencia del Consejo de Ministros.
🔴🔵#EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻⚖️ | En comunicación con Exitosa, el familiar de uno de los trabajadores hallados sin vida en Pataz increpó a la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunta inacción en el caso: "Les decíamos donde se encontraban y nunca hacían caso".
📻 95.5 FM
📡 6.1… pic.twitter.com/wflSzAgD56— Exitosa Noticias (@exitosape) May 4, 2025
Rescatan a 50 rehenes y detienen a dos personas tras enfrentamiento armado en minera Caravelí de Pataz
El enfrentamiento se produjo el último sábado en un campamento del anexo de Aracoto, en el distrito de Huaylillas. Ocho personas, entre ellas dos suboficiales, resultaron heridas.
Cincuenta hombres que fueron tomados como rehenes lograron ser rescatados durante un operativo tras el asalto a la minera Caravelí, en la provincia de Pataz, región La Libertad, informó la Policía Nacional.
El enfrentamiento armado, en el que dos suboficiales resultaron heridos junto a otras seis personas, se produjo el último sábado en un campamento del anexo de Aracoto, en el distrito de Huaylillas.
Efectivos de la PNP acudieron a atender la emergencia tras reportarse que nueve hombres armados ingresaron y sustrajeron costales con precipitado de zinc.
Detenidos fueron identificados
Luego de una intensa persecución, donde hubo intercambio de disparos con efectivos policiales, se intervino a dos personas, identificadas como Ebert Quispe Hoyos, de 28 años; y José Elías, de 21; a quienes se les incautó escopetas, carabinas, un fusil, una pistola hechiza y hasta una laptop que utilizaban para sus operaciones en zona minera.
El general Carlos Llerena, jefe de la Región PNP La Libertad, informó que los detenidos fueron derivados a la comisaría de Tayabamba para la continuidad de las diligencias.
Amenazas de despido y retención de sueldos: la realidad de los que trabajan para evitar tragedias como la de Trujillo
Por Lucía Castro
La reciente tragedia en el Real Plaza de Trujillo (La Libertad), que ha dejado 6 víctimas mortales y más de 80 heridos, ha dejado al descubierto la realidad de los trabajadores municipales que se encargan de verificar, entre otras cosas, que los centros comerciales a los que todos concurrimos sean lugares seguros: los inspectores técnicos especializados en seguridad en edificaciones (ITSE).
Su día a día, según los testimonios recogidos por Wayka.pe, se resume en sobrecarga laboral, amenazas de despido y retención de sueldos por denegar certificados de seguridad a lugares donde se registran riesgos.
La presidenta de la Comisión de Inspecciones de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, alerta a Wayka.pe sobre esta realidad. “Soy presidenta de la Comisión desde el 2016 y durante todo ese tiempo he escuchado a mis colegas quejarse que no tienen estabilidad laboral, que los que conducen los municipios los condicionan a ciertas ciertas cosas que si que si no cumplen, tal vez, los van a despedir”, advierte.
SOBRECARGA LABORAL
De acuerdo con la presidenta de la Comisión ITSE, las municipalidades suelen encargar más de 10 o 15 inspecciones al día. “Dependiendo de la dimensión del local, máximo podrían ser 6. Porque si usted saca la cuenta, diez inspecciones es menos de una hora por lugar. Entonces, el inspector con tanta carga, ¿cree que lo va a hacer a conciencia?, ¿lo va a hacer bien? No, para nada”, advierte Barrenechea.
Prueba de ello es la experiencia laboral de más de 20 años de ‘Rosario’, una ingeniera ITSE que prefiere mantener su nombre en reserva para evitar represalias. ‘Rosario’, que fue inspectora en las municipalidades de Surco, Miraflores y San Miguel, cuenta que en un día se le encargaba hasta 20 revisiones, bajo la excusa de que eran de “riesgo bajo”.
“En la Municipalidad de Surco me daban todos los días 20 inspecciones básicas. Entrábamos a las 8:00 a.m., nos asignaban nuestro trabajo y al día siguiente regresabas con tus inspecciones ya listas. Yo a veces me quedaba hasta las 10:00 p.m para cumplir con todas mis inspecciones, pero he visto otros inspectores que hacían dos o tres horas”, cuenta la ingeniera ITSE a Wayka.pe.
AMENAZAS DE DESPIDO
Cuando un ingeniero ITSE deniega un certificado de seguridad, dependiendo del lugar al que se inspecciona, también puede recibir amenazas de despido.
‘Rosario’ también afrontó una amenaza de despido cuando trabajó en la Municipalidad de San Miguel en el 2016, entonces a cargo de Eduardo Bless, actual alcalde del mismo distrito. El jefe de ‘Rosario’ era el entonces subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Luis Alberto Luna Renteros. Tanto Eduardo Bless como Luna Renteros han sido militantes del Partido Popular Cristiano (PPC).
En ese periodo, ‘Rosario’ y otros dos inspectores ITSE realizaron una revisión de 15 días al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según recuerda ‘Rosario’, los inspectores encontraron deficiencias en la infraestructura y seguridad del campus. “Encontré graves observaciones. Por ejemplo, un tanque de agua sin tapa y un muro que se veía que podía colapsar. Mi compañera también encontró algunas fallas eléctricas que representaban un alto riesgo”Desde Wayka, se pidió
Al terminar la revisión, los inspectores se reunieron con las autoridades de la universidad y expusieron sus hallazgos. Sin embargo, según cuenta ‘Rosario’, en ese momento recibieron una llamada de su entonces jefe, Luis Alberto Luna Renteros, quien les habría ordenado omitir todas las observaciones y aprobar la inspección.
“El gerente nos dijo que el alcalde está apoyando a la Universidad Católica, y por eso nos ordena que no dejemos ninguna observación. Nos dijo: ‘yo les ordeno que dejen un documento en el cuál no exista ninguna observación’. También nos dijo que si alguno de nosotros se negaba a obedecerle, lo iba a despedir”, cuenta la ingeniera ‘Rosario’.
Con la amenaza hecha, ‘Rosario’ y otro de los inspectores decidieron mantener las observaciones de la revisión, pero el tercer inspector, temeroso de perder su empleo, según cuenta la ingeniera ITSE, omitió las deficiencias. Al final, ‘Rosario’ fue despedida y además, según denuncia ella, la Municipalidad de San Miguel le debe hasta hoy 4 meses de sueldo, casi S/20 mil.
Actualmente, desde Wayka se solicitó al equipo de prensa de la PUCP algún descargo o documentación sobre la denuncia de la inspectora; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ningún comentario de parte de la universidad.
Por otro lado, hasta la presidenta de la Comisión ITSE del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, ha afrontado amenazas de despido por negarse a aprobar un certificado de seguridad.
Cuando era inspectora, a mediados del 2020, Barrenechea recuerda, aunque sin ánimo de dar nombres, que un subgerente de la Municipalidad de Carabayllo le amenazó con despedirla por negarse a aprobar un certificado de seguridad de una discoteca del distrito porque pertenecía a un entonces regidor. Ante la firmeza de Barrenechea, fue despedida.
“El subgerente, que tenía menos tiempo de experiencia que yo, me dijo que tenía que aprobarla porque era la propiedad de un regidor. Entonces, le dije que yo no iba a aprobar el certificado de seguridad de esa discoteca porque no tenía las dos salidas que contempla la norma. Y al final, me terminaron botando. Encima solo me pagaron 15 días, aunque trabajé un mes entero”, rememora.
RETENCIONES DE SUELDO
Barrenechea no fue la única inspectora que sufrió la retención de su sueldo por no ceder a la presión de sus jefes para otorgar certificados de seguridad pese a los riesgos que se registren. El ingeniero ‘Octavio’, quién también denuncia a Wayka.pe en reserva, contó que cuando trabajó en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho durante la gestión de Jesús Maldonado, entre octubre y diciembre del 2023, un funcionario lo obligó a firmar 10 actas en blanco de certificados de seguridad para edificaciones de alto riesgo. De lo contrario, según ‘Octavio’ no le pagarían su sueldo.
“Un colega me llamó y me dijo: ‘ven a firmar (las actas) para que te paguen’. Al llegar, dos ingenieros ya habían firmado estos certificados que necesitan la firma de 3 ingenieros. Yo, por temor, firme, pero no como hago mi firma normal, utilicé un sello sin mi nombre, con la intención de que si lo utilizaban en edificaciones grandes y pasaba algo como la caída del techo de Real Plaza, ya yo me deslindaba. Yo sé que hacen eso para locales grandes y luego les cobran”, cuenta el ingeniero ‘Octavio’.
Por no cumplir las órdenes al pie de la letra, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho le debe 4 mil soles de su salario de noviembre del 2023. Los documentos, mostrados a continuación, lo demuestran.
Más de 20 casos de inspectores que recibieron amenazas de despido por negarse a aprobar certificados de seguridad se han registrado en la Comisión ITSE en el Colegio de Ingenieros del Perú, desde que Barrenechea asumió la presidencia. Sin embargo, apunta Barrenechea, la mayoría no inicia una denuncia formal por falta de pruebas.
“Yo les digo que me presenten sus quejas, pero, lamentablemente, no cuentan con documentos para avalar estas amenazas que son verbales, y aparte de eso, si las tuvieran, también tienen miedo de las represalias. Y la represalía muchas veces es despedirte, y como muchos inspectores tienen familias, lo piensan dos veces antes de denunciar”, alerta Barrenechea.
NORMAS POR MEJORAR
La presidenta de la Comisión ITSE señaló que las condiciones laborales de los inspectores y la rigurosidad en la aprobación de certificados podrían mejorar si se refuerza la Ley N° 29664, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Explicó que la actual normativa no permite estudios estructurales, lo que genera conflictos cuando los inspectores los solicitan, pues algunos administrados lo interpretan como un abuso de autoridad. Además, propuso restablecer la exigencia previa a la modificación de 2018, que requería la presencia de tres inspectores para edificaciones de alto riesgo y cuatro para las de muy alto riesgo, incluyendo obligatoriamente a un ingeniero civil para evaluar la estructura.
“Es necesario ser más rigurosos con el personal ITSE. Actualmente, prefieren inspectores jóvenes para pagar un menor sueldo, pero la experiencia que puede tener un inspector con 20 o 30 años de experiencia es diferente, porque tiene una visión total. Asimismo, los gerentes y subgerentes deben ser acreditados como ITSE, porque si ellos no están capacitados cómo se van dar cuenta si es que lo que están haciendo los inspectores está bien”, resaltó Barrenechea.
Finalmente, la especialista exhortó al Ministerio de Vivienda que cumpla su función fiscalizadora y controle lo que se está haciendo en cada municipalidad con las oficinas de Gestión de Riesgo y Desastre. “Tendrían que empezar a visibilizar cuántas municipalidades ha visitado, qué falencias han podido encontrar para la mejora de las normativas, y, sobre todo, qué municipalidades están cumpliendo y quiénes no”, agregó.
