Ciberpatrullajes y perfilamientos en línea: una tendencia regional que pone en riesgo la libertad de expresión
Un informe reciente de Derechos Digitales alertó sobre nuevos métodos de vigilancia en línea desplegados por los gobiernos de América Latina. La persecución y estigmatización de la ciudadanía y la oposición política por lo que publican en línea, y el uso de tecnologías que automatizan dichas prácticas, son solo algunas de las tendencias evidenciadas en la región. Diversos Estados están desplegando estrategias de vigilancia sin control ni límites claros, poniendo en riesgo los espacios de expresión y debate público en entornos digitales.
Casos como el de un joven argentino judicializado por comentarios en X; miles de fans de Madonna monitoreados digitalmente de forma intensiva por la Policía de Río de Janeiro en un recital público; cientos de activistas y periodistas caracterizados como “opositores” o “simpatizantes” por el Estado colombiano; personas críticas del Ejército mexicano engañadas en conversaciones de redes sociales con perfiles falsos de agentes encubiertos, reflejan cómo las prácticas de vigilancia estatal se multiplican en América Latina. A los métodos ya extendidos, como la recopilación de datos biométricos, las escuchas telefónicas y las cámaras de reconocimiento facial, ahora se suma el monitoreo masivo y automatizado del discurso en línea a través del ciberpatrullaje y los perfilamientos en línea.
Un informe publicado por Derechos Digitales, alertó sobre los riesgos que estas prácticas estatales de vigilancia en línea suponen para la ciudadanía, con impactos particularmente graves para periodistas y activistas, en relación con su libertad de expresión y su privacidad.
El documento analizó la expansión del ciberpatrullaje en América Latina, una forma de inteligencia orientada a la vigilancia digital que simula el patrullaje callejero, pero trasladado al entorno virtual. Aunque los cuerpos policiales lo presentan como una herramienta preventiva frente a delitos comunes o ciberdelitos, en la práctica también se utiliza para monitorear y perseguir contenidos considerados como supuesta desinformación, especialmente en contextos sensibles como protestas sociales o crisis sanitarias.
“El ciberpatrullaje es problemático por tres razones. En primer lugar, porque es una figura pseudolegal con la que se habilita a la vigilancia del Estado en espacios digitales sin límites ni restricción de privacidad alguna. En segundo lugar, porque disuade a las personas que no se sienten seguras o tranquilas al opinar en línea, por miedo a ser perseguidas penalmente. Y en tercer lugar, porque la ausencia de precisiones sobre su alcance y límites, hace a esta figura un vehículo ideal para la vigilancia desapercibida, silenciosa y camuflada, que amenaza a las personas especialmente en contextos democráticos frágiles”, declaró Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales y autora del informe.
Para llevar adelante estas tareas de patrullaje, las autoridades se apoyan en las técnicas de Inteligencia de Fuentes Abiertas e Inteligencia de Redes Sociales (OSINT y SOCMINT respectivamente, por sus siglas en inglés), con la apropiación más reciente del uso de IA en algunos casos. La vigilancia parte de la premisa -preocupante desde una perspectiva de derechos- de que todo lo que se publica en internet es automáticamente público y puede ser utilizado por el Estado sin restricciones, incluso con fines de persecución penal. En algunas situaciones, esta práctica derivó en la apertura de procesos judiciales e incluso en la privación de libertad de personas. Según este documento de análisis publicado recientemente, distintas solicitudes de acceso a la información, declaraciones oficiales y regulaciones de naturaleza infralegal confirmaron que el ciberpatrullaje opera con opacidad y sin garantías, amparado en una lógica de explotación indiscriminada de los datos personales disponibles en línea. A la fecha, los marcos normativos penales y policiales carecen de claridad sobre la naturaleza jurídica del ciberpatrullaje, sus límites y los controles institucionales que deberían aplicarse.
El documento analizó los casos más representativos en América Latina y presentó recomendaciones para ser sugeridas a los Estados. Se trata de una contribución de Derechos Digitales para la consulta “sobre tecnologías de vigilancia digital y derechos humanos» emprendida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para acceder al informe completo: “Perfilamiento en redes sociales y ciberpatrullaje como nuevas modalidades de la vigilancia masiva desplegada por los Estados: casos relevantes en América Latina.”
