Organización activista denuncia incitación al odio y violencia institucional contra la comunidad LGBTIQ+
Por Eugenia Olán
En el marco del Día Internacional contra la LGBTIQ+ fobia, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) denunció el alarmante retroceso en el respeto y garantía de los derechos de esta población en El Salvador.
Uno de los retrocesos más grandes es el archivo a la Ley de Identidad, que desde su presentación en 2018 enfrentó múltiples obstáculos legislativos a pesar de contar con el respaldo de organizaciones de sociedad civil.
En mayo de 2021, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, decidió archivar el proyecto de ley, argumentando que era «obsoleta y no acorde a la realidad». Esta decisión fue tomada sin una consulta formal con las organizaciones que conforman Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género.
Asimismo, el desacató de la Asamblea Legislativa al no cumplir con la orden emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en febrero de 2022, declaró inconstitucional que en el artículo 23 inciso 2 de la Ley del Nombre, por no incluir el cambio de nombre por razones de identidad de género y ordenó a los legisladores crear un mecanismo para reformar dicha ley, otorgándoles plazo de un año. Hasta la fecha la Asamblea Legislativa no ha cumplido dicha orden.
Para las representantes de ASPIDH, es lamentable que estas medidas buscan borrar décadas de lucha, “En 2014, el señor presidente se sentó con la mesa de LGTBI para poder hablar acerca de las iniciativas y propuestas de ley, pero actualmente y desde su llegada al gobierno nuestras demandas están siendo ignoradas, la invisibilización desde el gobierno alimenta un clima de impunidad y odio”. agregaron.
Existen más de 145 casos de abusos y violaciones a derechos humanos de las mujeres trans en El Salvador, según datos del Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDOSTALC), la mayoría de estos casos se dan en las instituciones públicas donde buscan un servicio tan básico como la salud.
“El primer estigma y discriminación que sufrimos viene de parte del señor agente que está cuidando la entrada, porque ya no existen los programas sensibilización para las persona que están en el servicio público”. mencionaron.
El gobierno salvadoreño en 2024 adoptó una postura firme al prohibir la inclusión de cualquier material relacionado con la identidad de género y la diversidad sexual en los espacios educativos. Además, ha desmantelado instituciones gubernamentales que estaban destinadas a atender a esta población.
Como consecuencia de estas políticas excluyentes, la población trans enfrenta mayores barreras para acceder y permanecer en el sistema educativo. La falta de reconocimiento de su identidad de género, junto con un ambiente escolar hostil y la ausencia de políticas inclusivas, ha contribuido significativamente a los altos índices de deserción escolar entre personas trans.
Pese a todas estas denuncias, ASPIDH reafirma que ser LGBTIQ+ no es un delito, ni una ideología de género, es una realidad para muchas personas que exigen respeto y dignidad “lo único que buscamos es la reivindicación de nuestros derechos”.
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