El gobierno apunta contra los sindicatos y vuelva a la carga contra el derecho a huelga
A través de un decreto relacionado al régimen de la marina mercante, limita el derecho a la protesta. Amplía la lista de servicios esenciales y alertan que el criterio es tan amplio que podría entrar prácticamente todo.
En una nueva avanzada contra la organización sindical, el gobierno retoma parte de lo que fue rechazado del DNU 70/2023 y, mediante otro decreto en el Boletín Oficial, busca limitar el derecho a huelga. A través de la publicación del 340/25 referida al régimen de la marina mercante, amplía el listado de actividades esenciales hasta casi prohibir el derecho constitucional a protestar.
“Por la ventana mete un artículo considera servicio esencial a muchas más actividades. Y lo más grave, que en esos casos hay que garantizar un 75% de la prestación. Es decir, no tiene efecto la huelga”, analizó Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y asesor de Aceiteros.
El decreto del gobierno establece dos tipos de grupos: establece a los esenciales -aquellos que deben garantizar un 75 por ciento del servicio-; y a los trascendentales -aquellos que deben llegar al 50 por ciento-. Entre los dos, sin embargo, enumera una extensa lista de servicios que van desde el servicio hospitalario, los servicios aduaneros y migratorio, la aeronáutica comercial hasta la producción de medicamentos, los servicios de radio y televisión y la industria alimenticia, por nombrar solo algunas. “Es tan abierto el criterio que casi todo podrá considerarse esencial o trascendental”, describe Cremonte.
Los motivos del gobierno
Entre los argumentos del DNU, el Ejecutivo expuso que “la reforma normativa propuesta por la presente medida para adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional resulta indispensable para sanear la situación de crisis actual en la que se encuentra la Marina Mercante Nacional”.
Hoy, el decreto 340/25 creó los “servicios de importancia trascendental”, que no podrán negociar una cobertura menor al 50%.
O sea digamos, @JMilei acaba de anular por decreto el derecho a huelga en la República Argentina.
Diputados, ¿están ahí?
Nos vemos hoy en el Congreso. pic.twitter.com/iOadDR8zFp— Agustín Rombolá (@agustindrombola) May 21, 2025
En este sentido, precisó que “la urgencia de la medida se ve acreditada, en tanto persisten regímenes que por excesivos o insuficientes obstruyen el tráfico marítimo comercial y derivan en un incremento de costos significativos en ese sector”.
La medida rápidamente comenzó a generar rechazos. “El DNU 340/25 de Milei acaba de eliminar el derecho a huelga. ¿Qué hay que hacer? Ir a la huelga, ya”, dijo Vanina Biasi, recientemente electa como legisladora porteña en las elecciones del domingo pasado. “Es inconstitucional», anticipó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en diálogo con El Destape Radio.
Milei aniquiló por decreto el derecho a huelga de los trabajadores
El Gobierno nacional amplió el listado de actividades de servicio esencial y trascendental y prácticamente abortó la posibilidad de paro en una importante cantidad de sectores.
El gobierno de Javier Milei aplicó un fuerte golpe al derecho a huelga de los trabajadores, con una importante ampliación de las actividades consideradas esenciales y la instauración de la nueva figura de «servicios trascendentales».
Lo hizo a través del decreto de necesidad y urgencia por el cual desreguló la marina mercante nacional. La gestión libertaria aprovechó la presentación del nuevo régimen de navegación para incluir, por la venta, un artículo que amplía los servicios esenciales y prácticamente prohíbe realizar huelgas en sector clave.
Todo quedó incluido en el Artículo 3 del Decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que sustituye el artículo 24 de l Ley N° 25.877 de ordenamiento del régimen laboral.
ARTÍCULO 24.– Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos.
Para los servicios esenciales, se deberá garantizar un 75% de la prestación. Mientras que para las actividades englobadas en la nueva figura de «servicios de importancia trascendental» deberá garantizarse un 50% de las prestaciones.
Según el nuevo decreto: se considerarán servicios esenciales en sentido estricto las siguientes actividades:
a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;
b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;
c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;
e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;
f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y
g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.
Se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:
a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;
c. Los servicios de radio y televisión;
d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;
e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;
f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y
h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
«Ilegal modificación»
El abogado laboralista Matías Cremonte señaló que «al igual que como en el declarado inconstitucional DNU 70/23, amplía de tal modo los servicios esenciales que prácticamente prohíbe hacer huelgas».
«La legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT sólo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga», sostuvo Cremonte.
Se publicó hoy en el BO el Decreto 340/25 mediante el que el Gobierno vuelve a la carga contra el derecho de huelga. Igual que como en el declarado inconstitucional DNU 70/23, amplía de tal modo los servicios esenciales que prácticamente prohibe hacer huelgas 1/7👇
— Matías Cremonte (@matias_cremonte) May 21, 2025
Y agregó, a través de un hilo en X: «Tan absurdo es que en un inciso incluye «la interrupción o suspensión de la producción pudiere … afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal». Es claro que no trata de proteger la vida de la población ni el ejercicio de un derecho. Hace más de 20 años que está regulada la huelga en los servicios esenciales, y jamás existió un caso en el que se haya puesto en peligro la vida, la salud o la seguridad. El sistema funciona bien, y el cambio es para favorecer a los empresarios y joder a los trabajadores».
El Gobierno desarma la Secretaría de Derechos Humanos y reafirma su proyecto negacionista
El anuncio incluye el traspaso del Museo Sitio ESMA del Archivo de la Memoria al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). También la reducción del 40% de trabajadores.
Envalentonado tras el triunfo electoral, el gobierno nacional anunció este miércoles que lo que queda de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tras el desguace y los despidos pasará a ser una subsecretaría, una degradación que muestra también la intensión del gobierno de profundizar su proyecto negacionista del terrorismo de Estado.
La decisión fue informada por el vocero y legislador electo Manuel Adorni, quien aseguró que “ahora sí la cartera se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no defender un sector ideológico partidario”. No explicó Adorni cómo va a lograr esa tarea, con menos del 40 por ciento de su planta de trabajadores y con sus funciones paralizadas desde la asunción del presidente Javier Milei.
Minutos después, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, confirmó la novedad en un breve comunicado difundido en sus redes sociales, aunque aún no fue oficializada en un decreto.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) May 21, 2025
“La decisión responde al compromiso del Presidente Javier Milei de achicar el Estado, eliminar el déficit y terminar con los privilegios. Ya fueron despedidos 405 empleados militantes, lo que representa el 44% del personal heredado”, señala el texto. Y aclara que el paso a Subsecretaría “implica una reducción en un 50% de los cargos jerárquicos y direcciones vigentes, lo que permitirá un ahorro de $9000 millones de pesos anuales”.
Como parte de la destrucción de la Secretaría, dos áreas completas saldrán de su órbita: el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la ESMA, que este jueves cumple 10 años desde su apertura, pasarán al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), una entidad descentralizada de la Secretaría creada por un acuerdo bilateral con la UNESCO.
Desde la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, la única política que desarrolló la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, fue el desguace y la parálisis. Los primeros despidos se produjeron en marzo de 2024 y en un año y medio echaron a casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras con áreas clave desarmadas, como el área de querellas, integrado por abogadas y abogados que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad, el programa Verdad y Justicia, y Sitios de memoria, entre otros.
Luego avanzó con el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y, con la excusa de una auditoría, desactivó el funcionamiento del predio de la ex ESMA y el pago de los sueldos a sus trabajadores.
Con la degradación a Subsecretaría, el gobierno no hace otra cosa que recrear lo hecho durante el gobierno de Carlos Menem, cuando la Subsecretaría de Derechos Humanos creada por Raúl Alfonsín en la vuelta de la democracia dentro del Ministerio del Interior fue degradada a Dirección Nacional en 1991 como parte del proceso para garantizar impunidad a los genocidas tras la firma de los indultos entre 1989 y 1990.
El área siguió su recorrido apenas 5 años después, cuando recuperó el rango de Subsecretaría, y en 1999 pasó de Interior al Ministerio de Justicia. En 2002 se elevó al rango de Secretaría, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y continuó así por más de 23 años, en los que fue una parte central del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. En esas dos décadas, con idas y vueltas, acompañó e impulsó los juicios por crímenes de lesa humanidad, así como el reconocimiento y reparaciones a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
“La decisión responde al compromiso del Presidente Javier Milei de achicar el Estado, eliminar el déficit y terminar con los privilegios. Ya fueron despedidos 405 empleados militantes, lo que representa el 44% del personal heredado”, señala el texto. Y aclara que el paso a Subsecretaría “implica una reducción en un 50% de los cargos jerárquicos y direcciones vigentes, lo que permitirá un ahorro de $9000 millones de pesos anuales”.
Como parte de la destrucción de la Secretaría, dos áreas completas saldrán de su órbita: el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de la ESMA, que este jueves cumple 10 años desde su apertura, pasarán al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), una entidad descentralizada de la Secretaría creada por un acuerdo bilateral con la UNESCO.
Desde la llegada al gobierno de La Libertad Avanza, la única política que desarrolló la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, fue el desguace y la parálisis. Los primeros despidos se produjeron en marzo de 2024 y en un año y medio echaron a casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras con áreas clave desarmadas, como el área de querellas, integrado por abogadas y abogados que intervienen en causas por crímenes de lesa humanidad, el programa Verdad y Justicia, y Sitios de memoria, entre otros.
Luego avanzó con el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y, con la excusa de una auditoría, desactivó el funcionamiento del predio de la ex ESMA y el pago de los sueldos a sus trabajadores.
Con la degradación a Subsecretaría, el gobierno no hace otra cosa que recrear lo hecho durante el gobierno de Carlos Menem, cuando la Subsecretaría de Derechos Humanos creada por Raúl Alfonsín en la vuelta de la democracia dentro del Ministerio del Interior fue degradada a Dirección Nacional en 1991 como parte del proceso para garantizar impunidad a los genocidas tras la firma de los indultos entre 1989 y 1990.
El área siguió su recorrido apenas 5 años después, cuando recuperó el rango de Subsecretaría, y en 1999 pasó de Interior al Ministerio de Justicia. En 2002 se elevó al rango de Secretaría, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, y continuó así por más de 23 años, en los que fue una parte central del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. En esas dos décadas, con idas y vueltas, acompañó e impulsó los juicios por crímenes de lesa humanidad, así como el reconocimiento y reparaciones a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Los jubilados se vuelven a movilizar frente al Congreso
Organizaciones de jubilados realizarán hoy una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso para reclamar un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector.
Los jubilados se darán cita como todos los miércoles a las 17 en las cercanías del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad suele desplegar el operativo de las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.
La semana última se registraron una serie de incidentes entre la Policía Federal y los manifestantes cuando los efectivos intentaron evitar que la protesta interrumpiera el tránsito en la intersección de Callao y la Avenida Rivadavia. Producto de la represión, los agentes de la Policía Federal agredieron al padre Francisco «Paco» Olveira, que se encontraba en la movilización, así como también a otros manifestantes que resultaron heridos.
