Lawfare en Argentina: proscripción moderna y colonialismo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner
Por Luca Silva Agüero*
En América Latina, la historia parece repetirse con otros disfraces. Lo que antes se hacía con botas, hoy se hace con togas. Si en el siglo XX las democracias populares eran interrumpidas por golpes de Estado militares —como el que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955 —, hoy los gobiernos soberanos y populares son desarticulados mediante operaciones judiciales y mediáticas orquestadas por intereses imperiales. La nueva herramienta se llama lawfare: una guerra judicial que no busca justicia, sino disciplinamiento político.
El objetivo es claro: eliminar del escenario a quienes osan desafiar el poder real y construir felicidad para sus pueblos. En lugar de tanques en la calle, hay titulares fabricados en redacciones aliadas y jueces que actúan como verdugos. El poder financiero, mediático y judicial —muchas veces con el respaldo explícito o tácito del Departamento de Estado de EE.UU.— se alinea para destruir liderazgos, estigmatizar proyectos de justicia social y garantizar que nunca más se discuta la redistribución de la riqueza.
Uno de los casos más emblemáticos en el presente es el de la vicepresidenta y dos veces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Su liderazgo, junto con el de Néstor Kirchner, no sólo sacó al país del infierno económico y social de 2001, sino que refundó el contrato social con millones de argentinos y argentinas: derechos, dignidad, ciencia, soberanía, memoria.
El caso «Vialidad»: una causa sin pruebas, con jueces sin vergüenza
La causa conocida como “Vialidad” acusa a Cristina de liderar una “asociación ilícita[1]” para direccionar obra pública en Santa Cruz. Detrás de ese titular, se esconde una operación burda: no hay pruebas concretas de su intervención personal, no se pudo probar ningún tipo de retorno económico ni vínculo directo con las decisiones administrativas cuestionadas. Pero no importaba la verdad: el objetivo era la condena.
El proceso fue iniciado por el juez Julián Ercolini, cercano al macrismo. En segunda instancia intervino el fiscal Leopoldo Bruglia, quien viajó a Lago Escondido junto a ejecutivos del Grupo Clarín y otros jueces, en una escena digna de una novela de conspiración, pero real. La Cámara de Casación, clave para sostener la causa, estuvo integrada por Mariano Borinsky (quien visitó 16 veces a Macri en la Rosada) y Gustavo Hornos (lo hizo 6 veces). Todos alineados.
En el juicio oral, la situación fue aún más escandalosa: el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani compartían equipo de fútbol en la quinta de Macri. Sí, el juez y el fiscal que debían condenar a la líder opositora jugaban partidos en la quinta presidencial de Olivos, con quien tenían vínculos directos. ¿Dónde quedó la imparcialidad?
La Corte Suprema, último eslabón de este armado, está presidida por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ambos nombrados por decreto por Macri, en una clara ruptura del orden constitucional. Rosenkrantz, además, fue abogado de grandes grupos económicos, los mismos que se benefician con la persecución al kirchnerismo.
Hasta el propio Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de Javier Milei y figura oscura del ámbito judicial, reconoció en su momento que “No hay delito, la defensa superó ampliamente la acusación”. Y, sin embargo, Cristina fue condenada e inhabilitada en tiempo récord.
De Argentina a América Latina: una estrategia regional de proscripción
El caso argentino no es aislado. El lawfare ya demostró su eficacia en otros países de la región. En Brasil, Lula da Silva fue encarcelado en 2018 para impedir su candidatura. Años después, el Supremo Tribunal Federal declaró nula la condena por parcialidad del juez Sergio Moro, pero ya era tarde: Bolsonaro había llegado al poder. El daño estaba hecho.
En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado en ausencia por “influencia psíquica” sobre un funcionario. Sin pruebas materiales, con testigos coaccionados y jueces sometidos al poder político, fue inhabilitado y obligado al exilio. La estrategia fue la misma: proscribir al líder que garantizaba soberanía y justicia social.
Este nuevo Plan Cóndor judicial reemplazó los vuelos de la muerte por resoluciones judiciales, pero con el mismo objetivo: impedir que los pueblos gobiernen.
El costo humano: ¿Qué siente un joven cuando proscriben a sus líderes?
Cuando persiguen y condenan a Cristina, no solo atacan a una persona. Atacan a una generación entera que creció creyendo que el Estado podía ser un garante de derechos. Atacan la dignidad de quienes recibimos una netbook cuando nuestras familias no podían comprarla, la posibilidad de ser los primeros universitarios de nuestras casas, la esperanza de que el trabajo y el conocimiento puedan cambiar la vida.
Hoy, muchos adolescentes y jóvenes están siendo capturados y capturadas por el relato individualista, violento y negacionista de figuras como Javier Milei. Pero esos mismos jóvenes sufren cada una de sus políticas. Sufren la desfinanciación de las universidades, la pérdida de becas, el desprecio a la cultura, la entrega de los recursos nacionales, y el odio como doctrina.
Por eso hay que ir a buscarlas, buscarlos, organizarnos, tenderles la mano. No son enemigos: son víctimas de una maquinaria que busca despolitizar, fragmentar, romper los lazos de solidaridad.
Cristina no es el pasado, es el futuro
Cristina no representa solo el pasado glorioso de los gobiernos populares, sino la posibilidad de un futuro distinto. Un futuro en el que América Latina se pare de pie, defienda sus recursos, proteja a sus niños y abrace a sus trabajadores. La proscriben porque no pueden derrotarla en las urnas. La proscriben porque es símbolo de lo que el poder no tolera: un liderazgo popular, feminista, inteligente y soberano.
Cristina no está condenada por corrupción; está condenada por haber transformado el país, por haber tocado intereses de los poderosos, por haber ampliado derechos, por haber representado a millones de argentinos y argentinas invisibilizados. La quieren presa porque no pudieron derrotarla en las urnas. Porque no pudieron quebrarla políticamente, ahora buscan encerrarla físicamente. Pero lo que no entienden es que Cristina no está sola.
La proscripción dejó de ser una amenaza y se convirtió en una realidad palpable. La decisión de la Corte es la coronación de un proceso sucio, plagado de irregularidades, armado con medios de comunicación, operaciones judiciales y complicidades políticas. No hay justicia en una sentencia dictada por jueces que juegan al fútbol en la quinta de Macri, que viajan con empresarios mediáticos, que asisten a reuniones secretas con el poder económico.
A partir de hoy, se abre una nueva etapa: la de la organización y la unidad del campo popular. No hay margen para la tibieza. No hay lugar para los silencios cómodos. Cada militante, cada joven, cada trabajador, cada madre, cada pibe que recibió una netbook, cada abuelo que recuperó dignidad con una jubilación, sabe lo que está en juego. Esto no es solo contra Cristina, es contra todos nosotros.
Frente a este golpe judicial, tenemos una sola salida: unidad y movilización. Vamos a defender a Cristina con el cuerpo, con la voz, con la organización. Porque defenderla a ella es defender nuestra historia, nuestro futuro, nuestros derechos.
La democracia no se mancha, y Cristina no se toca.
Desde esta trinchera latinoamericana, alzamos la voz: el lawfare no es justicia, es persecución. No se trata de una interna judicial, sino del intento sistemático de arrebatarle el poder al pueblo.
Hoy como ayer, la historia no la escriben los que proscriben, la historia la escriben los pueblos organizados.
Y los pueblos, ahora más que nunca, estamos despertando.
*Luca Silva Agüero, joven de 13 años, peronista, estudiante secundario y líder en su región, apasionado por la política y comprometido con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Busca generar conciencia sobre las problemáticas que afectan a las juventudes en Argentina y en América Latina, contribuyendo con su voz a la construcción de un futuro más justo e inclusivo. Colaborador del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL).
De acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia dominantes, la asociación ilícita es un delito formal y permanente, cuya consumación se configura con el acuerdo de voluntades asociativas con el fin de cometer delitos; y su comisión se prolonga hasta tanto cesen sus efectos.
