Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Rudecindo Vega Carreazo*
La justicia en el Perú está criminalizada, copada por organizaciones criminales. La justicia no es justicia en manos del crimen, es injusticia institucionalizada, disfrazada y administrada en la formalidad del estado de derecho. La organización criminal de “Los Cuellos Blancos”, descubierta el 2018, cuyo líder sigue prófugo, otros están presos y alguno ha sido restituido en su cargo, es una de las organizaciones criminales que funciona, abierta o sigilosamente, en el sistema judicial, en los organismos constitucionales encargados de administrar justicia común, constitucional, electoral, arbitral y militar
Los instrumentos para copar criminalmente el sistema de justicia son el Congreso de la República y la JNJ. El congreso ha nombrado a los miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y, de la JNJ, ésta, a su vez, nombra, sanciona y expulsa a jueces y fiscales de todo nivel y a los jefes nacionales del sistema electoral de la ONPE y el RENIEC. La JNJ está postrada, sometida, a la mafiosa coalición gubernamental que opera desde el congreso en complicidad con el gobierno de la presidenta, acusada por la fiscal, por asesinados y corrupción. Un círculo vicioso demasiado perverso.
Esa JNJ controlada por el crimen, nombra a sus operadores criminales como jueces o fiscales y, retira o paraliza a quienes tienen criterio independiente o ajustado a las normas. Esa JNJ y sus jueces y fiscales, favorecerán a los criminales, no a la justicia. La actual JNJ es una junta que no junta, ella separa, divide, fragmenta, polariza; tampoco promueve la justicia, ella corrompe, destruye el sistema de justicia nacional, el orden constitucional, el estado de derecho, la democracia.
Salvo un sector institucionalista en el Poder Judicial y Ministerio Público que hoy resisten la arremetida del congreso y la JNJ, al sistema judicial peruano lo tenemos intervenido, perdido, la justicia independiente en Perú no existe, es “justicia criminalizada” o “injusticia institucionalizada” en manos de criminales y delincuentes que nos gobiernan desde el congreso y ejecutivo.
Está semana han explotado conflictos en y entre dos organismos constitucionales del sistema judicial: El Ministerio Público (MP) y la Junta Nacional de Justicia. La JNJ decidió, inconstitucional y prevaricadoramente, reponer a Patricia Benavides, fiscal destituida por la misma JNJ, como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación; negando una decisión consentida de la JNJ, vulnerando la atribución del Ministerio Público de elegir autónomamente al fiscal de la nación y, según denuncia pública de Francisco Távara, miembro de la JNJ, violando sus normas internas de no avocarse a causas consentidas, judicializadas y sin respetar el voto por unanimidad del total de miembros.
La ex fiscal, ilegalmente repuesta, en extraña inmediatez, invadió, con “seguridad personal”, las oficinas de la fiscal de la nación, pretendiendo usurpar dicho cargo. La Junta de Fiscales Supremos, ha cuestionado institucionalmente a la JNJ, defendiendo su independencia, negándose a cumplir la inconstitucional resolución y acusando a la ex fiscal suprema repuesta. La JNJ emitió un increíble pronunciamiento, 3 argumentos deplorables expresan su desfachatez:
- “La resolución de la JNJ es de oficio en busca de autotutela administrativa”. Es decir, la JNJ decidió, por cuenta propia, no a pedido de parte, reponer a la fiscal destituida; pretendiendo “corregir” vicios administrativos, cometiendo otros vicios. Para la JNJ no existe cuestión consentida, justicia ni seguridad jurídica. Barbaridad interesada.
- “La reposición de la señora Benavides Vargas no equivale a un nuevo nombramiento” al restituirla como fiscal suprema y fiscal de la nación. Sin embargo, atropella la autonomía del MP que mediante su Junta de Fiscales eligió a la actual fiscal de la nación Delia Espinoza y, antes de ella, otros 2 fiscales de la nación: Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena. No es ignorancia, es un alevoso acto criminal de prevaricato.
- La fiscal de la nación “no tiene competencia para iniciar diligencias preliminares contra miembros de la JNJ”. Expresa el temor de saberse en falta y pretenden evitar ser acusados y destituidos constitucionalmente, como corresponde.
La denuncia pública de Francisco Távara, miembro de la JNJ, es tremenda, acusa “seguimiento hacia su persona de la JNJ, mediante la vicepresidenta”, por su discrepancia en la toma de acuerdos. Távara ha sido vocal supremo, presidente del Poder Judicial y del JNE, tiene más expertise que los demás miembros de la JNJ, sabe lo que argumenta y denuncia.
El reglaje o marcaje es delito, practica delincuencial y autoritaria que remonta al fujimorismo, “los hermanitos y cuellos blancos” enquistados en el Poder Judicial, Ministerio Público y el extinguido Consejo Nacional de la Magistratura, hoy JNJ. En este caso, la JNJ, emitió otro comunicado, para desvirtuar las acusaciones de Távara, es una abundancia de explicaciones y excusas que ratifican, hacen más creíble y veraz, las acusaciones de su miembro. Este tipo de JNJ, autoridades y proceder criminal de los mismos es perjudicial para el país. Es otro desastre que debemos corregir con la restauración democrática que nos corresponde realizar.
Para oscurecer y complicar la situación, Renovación Popular, el partido de López Aliaga, en abierto apoyo a la ex fiscal Benavides, ha presentado, en el congreso, una acusación constitucional contra los 4 miembros de la Junta Nacional de Fiscales Supremos, acusándolos de desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones.
No sorprende, no es defensa de la institucionalidad democrática ni del estado de derecho, es oportunismo y reacción anti justicia que pretende detener o eliminar las investigaciones y acusaciones fiscales contra varios congresistas, incluidos de su bancada, y contra actos ilegales realizados por el alcalde de Lima. Intervienen en beneficio propio, en perjuicio del país. La mafiosa coalición gubernamental, que integra Renovación Popular, quizá acelere estas acusaciones en la próxima legislatura y acorrale más al MP. Marranada total.
Todo es un pandemonio, genera desconfianza, inestabilidad e inseguridad; es una terrible muestra de manipulación y manoseo de las organizaciones criminales en los organismos del sistema judicial. La criminalización de la justicia, estado y gobierno explican la politización de la justicia y, su contracara, la judicialización de la política.
Ella explica, también, la voluntad de la mafia gubernamental de controlar los sistemas de justicia y electoral para dirigir las elecciones del 2026: salvar a sus procesados y permitirlos candidatear, perseguir a sus adversarios y sacarlos de la contienda y, garantizar su reelección y continuidad en el congreso y gobierno. Todo lo tienen fríamente calculado. Corresponde a los ciudadanos frenarlos, articularnos, unirnos, en ese gran Frente Social por el Perú, de todas las tendencia y procederes, que nuestra patria nos exige. Basadre proponía, “Que el Perú no se pierda por la obra o inacción de los peruanos”.
*Abogado y político peruano. Fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el gobierno de Alejandro Toledo, así como Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala.
