Nacionalización de YPF: Justicia de EEUU ordenó que la Argentina le transfiera el 51% de las acciones a demandantes
Por Sebastián D. Penelli
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012. La primera reacción fue un desplome de las cotizaciones de YPF en Wall Street y la Bolsa porteña. Y la segunda fue un tuit de Javier Milei, que apuntó contra Axel Kicillof.
La noticia fue difundida este lunes 30 de junio por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X. Sin embargo, a las pocas horas Ámbito accedió al fallo completo de 33 páginas de Preska (ver al final de la nota).
Lo primero que vale aclarar es que YPF no forma parte del juicio, ni del proceso judicial, sino que es uno de los «botines» del pleito entre privados y el Estado nacional. Es la moneda de cobro más a mano, ya que otras fueron desechadas. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales. El representante del Estado argentino es la Procuración del Tesoro de la Nación, hjoy a cargo de Santiago María Castro Videla.
¿Qué resolvió la jueza Loretta Preska?
La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa) y del Eton Park Capital Management, para reclamar una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mientras Kicillof era ministro de Economía.
Sin embargo, ese proceso contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría en abril del 2012 y no fue azarosa: un año antes se redescubrió Vaca Muerta y todo su potencial petrolero y gasífero. Este es el verdadero botín que buscan el fondo litigante y quienes están detrás.
Qué reclama y qué ganó el fondo buitre Burford
El bufete de abogados inglés, especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia de marzo del 2023 en que la jueza de Nueva York condenó a Argentina por la expropiación de YPF en 2012. El monto fue fijado en una segunda sentencia meses después.
La demanda principal de Burford se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol.
Además, el fondo buitre alega perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
Así, en septiembre de 2023 la magistrada emitió una sentencia de primera instancia que obliga al país a abonar un resarcimiento de u$s16.099 millones por la forma en que se renacionalizó la petrolera, sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
El paquete accionario que Loretta Preska pretende que la Argentina le entregue a Burford fue adquirido por el Estado nacional a la española Repsol, pero que actualmente permanece bajo control estatal. La magistrada dio un plazo para la entrega de 14 días desde su firma.
¿Qué dijo el gobierno de EEUU sobre este caso?
Días después del segundo triunfo electoral del presidente Donald Trump en EEUU -y todavía bajo la administración de Joe Biden-, el Departamento de Justicia de EEUU se expidió en contra del argumento expresado por Burford, al señalar que el pedido de los demandantes «viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos».
El temor del gobierno de Biden en ese entonces era que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotetético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.
Qué alcance tiene el fallo de Loretta Preska
El fondo Burford ya había intentado quedarse con acciones y activos del Banco Nación de Argentina, Aerolíneas Argentinas y hasta del Banco Central de la República Argentina como forma de pago, pero no tuvo éxito.
Una de las opciones que tienen los abogados defensores de Argentina es apelar la sentencia, y tratar de escalar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU. Otra alternativa es pedir una suspensión de la ejecución de la sentencia, y ganar tiempo en la apelación. Pero lo que la Justicia de EEUU y el fondo Burford buscan es negociar algún tipo de compensación y plan de pago de los u$s16.099 millones.
Fuentes vinculadas al «juicio del siglo» -como se lo estudia en varias universidades- revelaron a Ámbito que esta decisión de la jueza busca abrir un período de negociación con representantes del Estado nacional, luego que altos funcionarios pusieron el caso en stand by y no ofrecieron ninguna garantía de pago por los u$s16.099 millones.
Pero además, aseguran que cualquier tipo de entrega de acciones de YPF debería ser aprobada por el Congreso nacional, a través de una ley específica, porque así se renacionalizó, según el mandato constitucional del país. En este caso, sería el Gobierno nacional o algún legislador quien deba impulsar y presentar el texto de una norma que dé cumplimiento al fallo de Nueva York.
Y en caso de que el presidente Javier Milei decida cumplir con la sentencia de Preska y lo haga por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), las acciones -y el control de la petrolera de bandera- pasarían nuevamente a manos privadas si ese DNU es avalado por el Congreso. Nunca antes.
Desde el Palacio Legislativo también revelaron que el Presidente podriá solicitar un permiso especial por ley al Congreso para encarar una negociación con los fondos buitres ante la Justicia de EEUU y tratar de disminuir sensiblemente el monto del fallo, con vistas a cerrar un acuerdo de largo plazo.
Qué dijo Javier Milei tras el fallo por YPF
Con una publicación titulada «UN FALLO CONTRA KICILLOF», el presidente Javier Milei anunció que apelarán el fallo de la jueza. «Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», afirmó.
UN FALLO CONTRA KICILLOF
Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.
Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de…
— Javier Milei (@JMilei) June 30, 2025
Qué clase de acciones ordenó la jueza transferir
Las acciones que ordenó traspasar son las Clase D de YPF, aquellas que se originaron a partir de la venta de acciones Clase A y Clase B al sector privado.
Las acciones Clase A pertenecían al Estado nacional, mientras que las Clase B eran propiedad de las provincias con yacimientos de hidrocarburos.
En la bolsa, estas acciones se negocian con el símbolo YPFD en Argentina y YPF en Nueva York.
Esta es la actual composición accionaria de YPF:
ACCIONISTAS CLASE A
Estado Nacional 3.764 (0,001%)
ACCIONISTAS CLASE B
Provincias 7.624 (0,002%)
ACCIONISTAS CLASE C
Fondo De Empleados 40.422 (0,010%)
ACCIONISTAS CLASE D
Estado Nacional 200.589.525 (51,000%)
Público 192.671.458 (48,987%)
Cuánto cayeron las acciones de YPF
Conocida la novedad, las acciones de YPF aceleraron su caída y perdieron 5,64% en Wall Street al caer de u$s33,24 a u$s31,45.
En el S%P Merval bajó 5% desde $39.700 a $38.100, aunque durante la jornada el desplome llegó a tocar $37.300.
Hoy el valor bursátil de la compañía no supera los u$s6.000 millones.
0042551115Otra sentencia que exige acciones YPF: es por el default del 2001
En paralelo, la jueza Preska también ordenó a la Argentina entregar acciones de YPF al fondo Bainbridge, como contraparte del pago por la sentencia relacionada con el default de deuda del 2001 y su negativa a entrar al canje posterior.
Este conflicto -paralelo al del fondo Burford- involucra los activos argentinos ligados al colateral de los bonos Brady, los cuales habían sido entregados como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años 90. En 2023, Argentina culminó el pago de sus obligaciones, lo que liberó ciertos activos. Sin embargo, la reciente disputa derivó en nuevos embargos.
Los fondos Bainbridge como Attestor Master, Trinity Investments, y Bison Bee LLC son tenedores de deuda argentina que no participaron en los canjes realizados por el país en 2005, 2010 y 2016, y que ahora buscan recuperar su inversión mediante el embargo de activos del Estado nacional.
Attestor Master tiene derecho sobre u$s460 millones, y Bainbridge Fund, sobre u$s100 millones. Por estas deudas, la magistrada también ordenó entregar acciones de YPF.
La jueza de Nueva York amiga de los buitres
El fallo no es de aplicación inmediata. En línea con el planteo buitre Milei responsabilizó a Kicillof pero anticipó que va apelar la decisión. El gobernador resaltó la obsecuencia con EE.UU. y hoy hará una rueda de prensa
Las relaciones con el capital financiero internacional, por el que se desvive el presidente Javier Milei, no parecen traerle buenos resultados sino más bien todo lo contrario. Este lunes, la jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, falló dos veces en contra de Argentina. Primero, ordenó que el país entregue el 51 por ciento de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital y, más tarde curiosamente, que también le ceda las acciones en su poder al buitre Bainbridge. El presidente culpó por lo sucedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien denunció el vínculo fluido de Milei con los Estados Unidos y aseguró: «Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…».
Especialistas consultados por PáginaI12 coinciden en que la decisión de la magistrada pretende posicionarse por encima de un Estado soberano, como si se tratase de una «jueza universal». «En caso de quedar (la resolución) a favor de los buitres sería un precedente histórico que dejaría en una posición de inferioridad a cualquier país del mundo», explicaron.
La decisión «estrafalaria para forzar el cobro» pretende, según los expertos en el tema, que el Gobierno «decline a favor de los demandantes teniendo en cuenta la afinidad ideológica y admiración que le propician». Sin embargo, bajo el derecho argentino las cosas no funcionan así.
En enero de este año, la Libertad Avanza designó como nuevo Procurador del Tesoro a Santiago Castro Videla, uno de los socios y ahijado político de Alberto Bianchi, testigo experto de Burford para litigar contra Argentina en la causa YPF. El ahora funcionario tiene a cargo la defensa de los intereses del Estado nacional en los tribunales locales e internacionales.
Bianchi también actuó como experto para grandes empresas en contra del Estado argentino por lo menos en 15 pleitos internacionales.
Las órdenes de la jueza
Preska dispuso que “se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”, como parte de pago de la sentencia por 16.100 millones de dólares que el país ya fue condenado a pagar.
La medida beneficia a Burford, que en 2015 compró los derechos a del holding del fallecido Enrique Eskenazi, para litigar contra el país por la expropiación de la petrolera estatal ocurrida en 2012. El fondo buitre, que logró concretar un pedido de hace más de un año atrás, describe la acción como parte de las «presiones para obtener algo a cambio».
Pocas horas después, la miembro de la Corte del Distrito Sur de Nueva York indicó que el país debía cederle las acciones en su poder de YPF al fondo buitre Bainbridge, que cuenta con una sentencia a su favor y en contra del país por 95 millones de dólares, más intereses por la deuda en default. Bainbridge, además, había solicitado información sobre el oro en las reservas del Banco Central sacado del país.
«Desde el punto de vista jurídico, la expropiación de la mayoría del capital de YPF cumplió los únicos tres requisitos que exige el artículo 17 de nuestra Constitución para que se la considere legítima: tener por motivo una causa de utilidad pública, ser autorizada por una ley del Congreso, e indemnizar previamente al propietario privado», afirmó el abogado especializado en Derecho Financiero Sebastián Soler.
Durante el mandato de Joe Biden, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito a favor de la Argentina: solicitó a Preska que rechazara la solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF. Con la llegada de Donald Trump, Milei confiaba en que iba a recibir su apoyo para resolver el caso a favor del país, pero está ocurriendo todo lo contrario. Al conocerse el primer fallo, cayeron las acciones y subió el precio del dólar.
«Estado Unidos no quiere esto porque es un disparate jurídico, que resolvió una jueza de formación anglosajona», afirmó un jurista a este diario.
La reacción de Milei
El presidente nuevamente insultó y responsabilizó a Axel Kicillof por lo sucedido y anunció que el Gobierno apelará la resolución ante la Corte de Apelación. «Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina», publicó en X.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires no tardó en responder los agravios. «Lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza; lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo; se nota mucho…». Y advirtió: «Su candidato en la Provincia lo acaba de confesar sin disimulo: aspiran a privatizar YPF».
Estrategia de defensa
La mayoría de los especialistas mantienen acuerdo respecto a los escritos que presentó el país, incluso durante la administración actual. Desde el punto de vista técnico jurídico no hay reproches aunque sí algunos matices. Pero advirtieron sobre dos estrategias que debilitan la defensa Argentina:
- Las declaraciones públicas de Milei contradicen los argumentos de la defensa y complican el interés nacional al facilitar argumentos para los demandantes.
- El desmantelamiento del equipo de la Procuración General de la Nación, a partir del recorte de fondos y de personal experto.
En 2015, explica Soler, Argentina «planteó inmediatamente que la Corte de Nueva York era incompetente porque el caso no estaba comprendido en ninguna de las únicas dos excepciones que, según la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (Foreign Sovereign Immunities Act o “FSIA”), habilitan que los tribunales de ese país resuelvan una demanda contra un estado extranjero: que el estado extranjero lo haya consentido o que el caso involucre un acto del estado extranjero estrictamente comercial, y no soberano, realizado en Estados Unidos o cuyos efectos sustanciales ocurran allí».
La sentencia no tiene aplicación inmediata y los analistas anticiparon a este diario que «lo más probable es que la jueza, o en todo caso la cámara, haga lugar a la apelación y esta causa incómoda entre en un proceso de hibernación».
El fallo no es inocuo. Y como los mismos fondos declaran «lo usan para presionar». Tienen a favor sentencias favorables que no solo afectan a la Argentina, de seguir así podrían influir sobre cualquier Estado soberano.
