En guerra con el Congreso y los gobernadores, Milei apela al veto para sostener el ajuste
Por Melisa Molina
Desde hace días la Casa Rosada es un hervidero. Todos los funcionarios, incluso el Presidente, están alterados por la pelea que atraviesa el Poder Ejecutivo Nacional con los gobernadores de todas las provincias y, en privado, hasta hablan de una inminente «crisis de gobernabilidad». Este jueves, después de que Milei dijo que los mandatarios provinciales quieren “destruir al Gobierno”, los teléfonos volvieron a estar al rojo vivo porque el conflicto escaló. La oposición logró el quórum necesario en el Senado para habilitar una sesión y aprobó una serie de proyectos que, según dicen desde Balcarce 50, «destruirán el control del déficit fiscal». Entre ellos, fue aprobado el aumento a los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Mientras en la Cámara Alta seguía aprobando los proyectos en contra de los deseos de la Casa Rosada, Milei dio un discurso en la Bolsa de Comercio en el que volvió a repetir que va a vetar todo.
«Es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa», analizó el Presidente. Y, de manera metafórica, criticó a los gobernadores, dijo que le clavaron un «puñal por la espalda», y agregó con una risa nerviosa: «Ellos ya tuvieron algún gesto el 25 de mayo y se criticaron mis formas, pero ahora saben que Milei tenía razón». «Los degenerados fiscales no quieren devolverles a ustedes su dinero», les dijo a los empresarios y, cuando comenzó a hablar de la seguridad social, disparó: «Se terminó eso de regalarles el pescado. Ahora van a tener que aprender a pescar».
El mandatario planteó todos los escenarios posibles para intentar «tranquilizar» a los empresarios: «Si el veto se cae, que no creo, lo vamos a judicializar. Y, si de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad y decidiera resolver en poco tiempo, y en contra del gobierno, aún así el daño que podrían causar sería mínimo». Porque, opinó: «Los efectos malos no van a operar rápido, pero sí la fiesta keynesiana, lo cuál también nos va a ayudar y va a ser mucho más contundente el resultado en octubre, es decir, se están pegando un tiro en el pie», se rió y concluyó: «Sería solo una mancha por dos meses, pero el 11 de diciembre lo vamos a revertir, porque la política del superávit fiscal es permanente».
Desde el oficialismo durante todo el día repitieron que vetarán todas las leyes que perjudiquen la búsqueda del «déficit fiscal cero», además amenazaron con ir al Poder Judicial para presentar una demanda, porque consideran que la sesión en el Senado de este jueves «fue autoconvocada de manera irregular».
Desde la cúpula del poder hasta llegaron a hablar de un «golpe institucional» y aprovecharon la ocasión para culpar de todo a la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ella, siendo parte del mismo gobierno, fue en contra de la postura oficial y expresó: «Dejo categóricamente en claro que las tres leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario». Lo cuál le valió mensajes virulentos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (ver aparte) y del propio Presidente, que, después de decir que su gobierno había realizado más reformas que el de Menem, indicó: «Lo hicimos con 15 por ciento de la Cámara de Diputados, siete senadores y con una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia».
«El equilibrio fiscal no se negocia», fin. Escribió el vocero presidencial después de que se aprobaron los proyectos en el Senado y a él se sumó el ministro de Economía Luis Caputo que escribió: «Principio de revelación en su máxima expresión. Todo está más que claro de cara a Octubre. El equilibrio fiscal es lo que da estabilidad y previsibilidad, y no se negocia. Argentina será próspera, aunque algunos políticos no lo quieran».
La jornada arrancó con la que parecía una buena noticia para el gobierno. Después de una reunión de gabinete, se conoció la noticia de que un grupo de diez gobernadores –los que supieron formar parte de Juntos por el Cambio– no enviarían a sus legisladores a votar a favor de los proyectos de aumentos para los jubilados, pero sí a los enviados por los gobernadores para generar un reparto más equitativo de los ATN y el impuesto al combustible. Esos gobernadores eran: Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Claudio Poggi, de San Luis; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Ignacio Torres, de Chubut; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Valdés, de Corrientes; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe y Jorge Macri, jefe de gobierno porteño.
Durante todo el día el desorden fue total. Los gobernadores recibían llamados del jefe de gabinete, Guillermo Francos, de la mano derecha de Karina Milei, Eduardo Lule Menem, y también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Todos los mensajes eran contradictorios. Mientras tanto, en el Congreso avanzaba el debate. Cuando fue el momento de votar, todas las pantallas del Senado se bloquearon y decían que se había «caído el sistema». Los senadores comenzaron a votar de forma analógica y desde la oposición hablaron de un «boicot». Los proyectos comenzaban a ser aprobados por amplias mayorías y, en paralelo, la vicepresidenta y la ministra de seguridad se agredían por las redes sociales.
Cuando llegó la hora de la verdad, los legisladores que responden a Cornejo, Frigerio y Zdero se ausentaron, los de Torres se abstuvieron y los de Valdés, enojados con la Casa Rosada porque no llegaron a un acuerdo con LLA para las elecciones locales, votaron de manera afirmativa. Pullaro, Orrego, Poggi, Sadir y Macri no tienen senadores que les respondan. En el gobierno se ilusionan porque creen que con el respaldo de esos mandatarios provinciales es posible que puedan quedar vigentes los vetos.
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, expresó: “Creo que la irregularidad es clara. Es una especie de sesión autoconvocada por el kirchnerismo para tratar todas leyes que afectan el equilibrio fiscal. Esto viene a ser como una especie de golpe institucional”. Luego, anticipó que el Gobierno «no va a dar por válida la sesión del Senado y la va a judicializar». Desde la oposición explicaron que, al tratarse de una sesión ordinaria, con 37 presentes hubo quórum y puntualizaron: «No hay ninguna discusión, ni irregularidad».
En esa línea, también se sumó Patricia Bullrich cuando, antes de empezar a hostigar a Villarruel en las redes sociales, dijo: “El kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una reunión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia Provisional del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos”. Y agregó: “No se puede permitir, están planteando un golpe institucional y llevarse puesto al Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan”.
Mientras los funcionarios denunciaban un «golpe institucional», toda la patrulla digital del gobierno twitteaba mensajes cada vez más violentos: «Los tanques a la calle ya. Es ahora», escribía el influencer Daniel Parissini, alias «El Gordo Dan», y agregaba jocoso: «Javo poné un F16 a sobrevolar el Congreso ya». Luciano Cabrera, alias «El Trumpista», agregaba: «El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso», y a ellos se sumó Fran Fijap que escribió: «Hay que dinamitar al Congreso con senadores y diputados adentro».
Derrota legislativa y guerra abierta: Milei vetará las leyes votadas y acusa al Senado de un “golpe institucional”
Pedro Lacour
El Gobierno se atrincheró tras su mayor derrota legislativa desde que asumió. En una sesión que el oficialismo calificó de “ilegítima”, el Senado aprobó cinco proyectos con alto impacto fiscal —incluidos aumentos a jubilados, emergencia en discapacidad y nuevas transferencias automáticas a las provincias— con el impulso de la oposición y el voto de senadores que hasta hace poco orbitaban la alianza oficialista. Javier Milei no solo prometió vetar cada una de las leyes aprobadas: denunció un intento de “desestabilización” institucional y redobló sus ataques contra los gobernadores.
Para el Presidente, ceder fondos sería retroceder al régimen del “partido del Estado”, esa constelación de intereses políticos y corporativos que —según su diagnóstico— parasita el presupuesto nacional. En su lectura, las provincias aumentan impuestos como Ingresos Brutos mientras exigen más fondos federales. “No les importa si los argentinos están mejor o peor. Les importa el poder y la caja”, había lanzado el miércoles en El Obsevador. Y fue más allá: “Quieren destruir al Gobierno nacional”.
A lo largo de la jornada, desde la Casa Rosada, se activó una campaña para deslegitimar el proceso legislativo. El jefe de gabinete Guillermo Francos denunció en una entrevista radial que se trató de “una especie de golpe institucional del Senado organizado por el kirchnerismo”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue más directa: acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de haber sido funcional a esa estrategia. “Levántese, señora vicepresidenta. No convalide al kirchnerismo destructor”, escribió en su cuenta de X.
¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle “muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente”? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos.
Si…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 10, 2025
Villarruel —que había intentado desactivar la sesión convocando a los jefes de bloque— terminó presidiéndola, en cumplimiento de su rol institucional. Esa decisión le valió un nuevo ataque del dispositivo libertario, y profundizó su enfrentamiento con Bullrich y con el entorno del asesor presidencial de Santiago Caputo. La ofensiva la volvió a dejar expuesta y sola.
Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país.
Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras…— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025
Es que la sesión fue el desenlace de una pulseada que el oficialismo no pudo contener. A las 14:00, el tablero marcó 42 senadores sentados, cinco por encima del quorum. A los habituales de Unión por la Patria se sumaron radicales como Martín Lousteau y Maximiliano Abad, la larretista Guadalupe Tagliaferri, los santacruceños de Por Santa Cruz, la cordobesa Alejandra Vigo, el peronista Carlos “Camau” Espínola y los correntinos que responden al gobernador Gustavo Valdés, ahora distanciado de Karina Milei.
La Cámara alta aprobó el aumento del 7,2% a las jubilaciones mínimas, el incremento del bono previsional, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria y dos proyectos motorizados por los gobernadores: la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.
Según estimaciones del Ministerio de Economía, el combo representa un impacto fiscal de 1,3 puntos del PBI. Según el oficialismo, exactamente el margen que Milei necesita para sostener el superávit prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde el primer minuto, el Presidente acusó a las provincias de estar detrás de la maniobra. “Todos los gobernadores se han unido para sacarle fondos al gobierno nacional”, denunció. Francos reforzó el mensaje: dijo que los mandatarios están “rompiendo el equilibrio fiscal” y que el Gobierno responderá con todas las herramientas legales. El Ejecutivo ya trabaja en la elaboración de los vetos. Si el Congreso los rechaza, judicializará el conflicto. “No se pone en jaque al Gobierno. Vamos a usar todos los medios para evitarlo”, advirtió el jefe de Gabinete.
Sin embargo, la escena expuso también el deterioro interno del oficialismo. En La Libertad Avanza conviven dos almas: la que busca acuerdos territoriales de gobernabilidad y la que apuesta por la confrontación permanente. Milei avaló a esta última y terminó de cerrar el círculo con Bullrich y Francos. En el camino, dejó expuestas a las más voces moderadas, aisló a Santiago Caputo en su “pragmatismo” y endureció la relación con los gobernadores, muchos de los cuales fueron aliados tácticos en otras batallas legislativas.
Mientras tanto, la postal del Pacto de Mayo —firmado un año atrás por Milei y varios de los mandatarios provinciales que hoy le dan la espalda— comienza a quedar cada vez más vieja. En la Casa Rosada ya no se habla de federalismo ni de consensos. El nuevo eje es la resistencia: vetar, judicializar y encapsular el conflicto en la narrativa de “casta contra cambio”. La mira ya está puesta en el próximo hito: las elecciones legislativas de octubre. “Jodan todo lo que quieran”, dijo esta semana el Presidente. “Los espero el 11 de diciembre”.
