La maternidad adolescente no es un buen plan
Por Inés Hayes
Entre el 2017 y el 2023, el Plan Enia redujo un 50 por ciento los embarazos no intencionales en adolescentes. El gobierno de Milei borró esa política pública como casi todas destinadas a la salud sexual y reproductiva de las mayorías, pero lo que no pudo destruir son los puentes, las redes, las personas capacitadas y aquellas que siguen planeando cómo construir un país sin vidas arruinadas por la falta de interés del Estado.
Mientras se debate en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para reactivar la política de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) presentó la publicación Plan ENIA 2017–2023. Oportunidades de vida para adolescentes en la Argentina. En el informe no sólo se describen su diseño e implementación, sino que se da cuenta de los resultados, el impacto y los aprendizajes transversales de este plan nacional que articuló con otras políticas públicas como la ESI y el trabajo por erradicar y prevenir las violencias en las infancias y adolescencias.
En esos años, gracias a la incansable tarea de equipos multidisciplinarios, se logró reducir un 50% los embarazos no intencionales en las adolescencias en el Noreste y en el Noroeste del país. Valeria Isla fue directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (2019-2023) y coordinadora general del Plan Enia. Actualmente es coordinadora integral de proyectos en REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro). En esta entrevista con Las12 cuenta la importancia del desarrollo del plan y la necesidad de que siga implementándose.
La publicación, que cuenta con el apoyo de UNFPA Argentina y UNFPA LACRO, fue elaborada además de por Valeria Isla, por Silvina Ramos, Federico Tobar, Natalia Gualdoni y Tamar Finzi Warszawski, quienes participaron activamente de la experiencia del Plan. Durante los años de implementación, el programa funcionó en 36 departamentos de 12 provincias priorizadas por sus altas tasas de fecundidad adolescente y la alta prevalencia de embarazos no intencionales: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En los años de trabajo, se evitaron aproximadamente 94.000 embarazos no intencionales y se redujo un 52% la brecha en la fecundidad adolescente entre las provincias que participaron del Plan y las que no lo hicieron, mejorando la equidad en el acceso a los derechos de la población adolescente. Además, el Plan ENIA incorporó acciones específicas para prevenir, detectar tempranamente y abordar situaciones de abuso sexual y embarazo forzado, y garantizar el acceso a la interrupción del embarazo.
Hubo más de 260.000 asesorías en salud integral en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios, y cerca de 250.000 adolescentes accedieron a métodos anticonceptivos de larga duración que son los más efectivos para la prevención de un embarazo.
Esta política pública también fortaleció la formación de equipos: se capacitaron más de 20.000 docentes y 23.000 profesionales de salud. Según las estimaciones realizadas con el apoyo de UNFPA LACRO, por cada dólar invertido en el Plan ENIA se generaron 4,3 dólares de retorno social.
¿Cuáles fueron los alcances del plan Enia desde que se instrumentó?
–Enia comenzó en 2017 y estuvo vigente hasta fin de 2023. En la publicación hay varios resultados significativos. Por un lado, la disminución de las brechas de desigualdad entre las provincias del Noa y del Nea y el resto del país. La tasa de embarazo adolescente se redujo en un 50 por ciento y eso es importante en términos de equidad, la posibilidad de que las personas adolescentes de cualquier lugar del país puedan acceder a sus derechos y que esto no dependa del lugar donde viven. La evidencia muestra que en la medida en que disminuye el embarazo no intencional en la adolescencia, las adolescentes pueden tener mejores condiciones de vida ligadas a lo educativo y a lo laboral y a romper un círculo vicioso que es el de la reproducción intergeneracional de la pobreza. Por eso es muy importante en términos de una sociedad como inversión también para ganar en calidad de vida y en bienestar.
¿Cómo se sostuvo el Plan?
–A pesar de los cambios de gobiernos, de distintos colores políticos, se sostuvo el equipo técnico en todas las provincias donde se llevó adelante. Había equipos de salud sexual y reproductiva, asesorías en salud integral, se vinculaban las escuelas con los centros de salud, se trabajaba sobre los métodos anticonceptivos, sobre todo en los de larga duración que permite una cobertura entre 3 y 5 años, que implica prácticamente la cobertura de toda su estudio secundario. Había toda una micro-red en las 12 provincias donde se implementó, con personas que estaban todo el tiempo sosteniendo esta agenda, esta prioridad, trabajando, generando acciones con una modalidad de gestión intersectorial, con una mesa participativa por provincia, con metodología, con metas de proceso, con monitoreo, rendición de cuentas, o sea, un montón de procesos de gestión integrales en relación entre Nación y las provincias.
¿Los equipos de las provincias se formaban con profesionales locales?
–Sí, los equipos eran contratados por el Plan nacional, pero eran personas que residían en las provincias, que conocían su cultura, que se habían formado en esos territorios.
¿En qué situación está el plan ahora?
–El plan hoy no está funcionando, está totalmente desmantelado, porque sus pilares eran inversión en recursos humanos. Es como tener una escuela pero no tener los docentes. Hay algunas iniciativas en el Congreso, hay proyectos legislativos para generar una política de prevenir los embarazos no intencionales, en la adolescencia. Y también la Defensoría de niños, niñas y adolescentes junto con una serie de organizaciones integrantes del Colectivo Infancia en Deuda, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género Asociación Civil (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Fundación Sur Argentina, en conjunto con Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ELA, CEI, Fundación Sur, Poder Ciudadano, presentaron un amparo para que se reconstituya o para que se implemente en todos sus términos el plan Enia. Hay claridad en algunos sectores de la importancia de este plan para cualquier país, para la Argentina, pero también para cualquier país de América Latina. Si no hay una intervención, ni un trabajo específico, no baja naturalmente.
–Un embarazo no buscado interrumpe la vida adulta, imagino cómo será en la adolescencia, recuerdo el eslogan Niñas no madres…
–Exacto, porque ese es otro problema muy serio de Argentina y de la región. Esa consigna justamente hace referencia a los embarazos forzados, las maternidades forzadas, a la falta de estrategias y de políticas para que se puede acceder a la interrupción. Es una preocupación en nuestro país pero también en todo el continente.
¿Han conversado con Mónica Macha, que preside la Comisión de Mujeres en el Congreso, para trabajar en la posibilidad de poder volver a contar con el plan?
–Sí, Mónica ha participado de todas las iniciativas que ha habido, de hecho el año pasado se hizo una sesión informativa en la Comisión de Salud y ella es una impulsora de esta política. Tenemos expectativa de que se pueda tratar, de que esté en agenda, que no se invisibilice el problema. Por eso también esta publicación sirve para informar en el Congreso, para que tengan datos, información y que puedan saber cuáles fueron los principales puntos del plan. También lo hemos hablado con legisladores de las distintas provincias porque realmente generó procesos muy virtuosos, en articulación con los programas como la ESI, como salud sexual adolescente. Los equipos que estaban en territorio estaban formados obstétricas, enfermeras, médicas, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras. Y después los acompañantes pedagógicos para estimular la ESI tenían visitas en las escuelas y hacían talleres y trabajaban con los directores y los equipos de salud sexual con objetivos territoriales, asesoramiento y también acceso concreto a los insumos y a los métodos anticonceptivos. El feminismo y el trabajo por los derechos sexuales y reproductivos, tiene experiencias en el Congreso de un trabajo transversal.
