Régimen de Boluarte reporta 1,465 víctimas de trata, pero responde con 0.003% del presupuesto
Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú el 7 de diciembre de 2022, el país ha registrado un aumento alarmante en los casos de trata de personas. En los casi mil días que lleva en el poder, se han reportado 1,465 víctimas, lo que representa casi un tercio del total de casos identificados entre 2017 y 2025, según cifras oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Sin embargo, las estadísticas del Ministerio Público revelan una realidad aún más preocupante. Solo en 2023, las fiscalías comunes del país recibieron 2,783 denuncias por trata, una cifra muy superior a las 583 reportadas por el Mininter en el mismo periodo.
🚨 Un nuevo estudio del Ministerio Público y UNODC revela cómo este delito, que afecta sobre todo a mujeres y niñas, es utilizado como fuente del lavado de activos en el Perú.
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— Naciones Unidas Perú (@ONUPeru) July 11, 2025
“Desde hace mucho tiempo se exige la homologación de cifras (…) No se pueden establecer políticas públicas, normas, procedimientos ni protocolos si no conoce con exactitud qué es lo que está ocurriendo en el país. (…) Cada región tiene sus particularidades y esa información no está siendo manejada a nivel del Estado», declaró para La República Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo y exviceministro del Interior.
Discursos vacíos
Ha pasado casi un año desde el último mensaje de Boluarte por 28 de julio. En él mencionó que su gobierno había declarado “la guerra al infame delito” de trata, destacando que en los cinco primeros meses del 2024 hubo ejecución de 123 operativos policiales y la desarticulación de 32 bandas criminales
«Esto permitió la liberación de 1,016 víctimas, entre las que se encontraban 29 menores de edad de nacionalidades peruana y extranjera», declaró en el mensaje protocolar por Fiestas Patrias del 2024.
No obstante, de acuerdo con el IX informe de CHS Alternativo (2022-2023), en realidad existe una desatención a la trata que ha sido agravada tras la crisis política de 2022 que generaron protestas contra Boluarte y el Congreso, que dejaron 50 muertos y más de 800 heridos producto de la represión militar y policial
Asimismo, debido a la ola de criminalidad, durante todo el régimen de ella se han emitido 77 decretos supremos para declarar estados de emergencia, en los que se ha priorizado el control del orden interno.
Según el informe, esta política generó un abandono sistemático de las poblaciones más vulnerables a la trata, especialmente mujeres jóvenes y migrantes, que se ha agravado con la desconfianza hacia los agentes del orden público, especialmente, la Policía Nacional.
En lo que va del 2025, el Mininter ha registrado 213 denuncias por trata. El 87.7% de las víctimas son mujeres, la mayoría entre 18 y 29 años, y un 73.4% solo cuenta con educación secundaria. Las modalidades más comunes son la explotación sexual y laboral.
“Vivimos en una sociedad marcada por la informalidad generalizada. Tenemos transporte informal, hotelería informal y actividades económicas sin regulación, lo que facilita el movimiento de las víctimas sin que nadie se preocupe por ellas. Esto abarata enormemente el costo operativo para las redes criminales, porque el Estado no impone controles efectivos ni sanciones reales”, explica Valdés.
Criminalidad que avanza en conjunto
El delito de la trata también está estrechamente vinculado al avance de economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal. Bandas como el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios y Los Pulpos operan activamente en estas redes.
A esto se suma la creciente victimización de mujeres migrantes, principalmente venezolanas, que de no figurar en las estadísticas en 2014, ahora representan el 85% de las víctimas extranjeras.
Pese a la magnitud del problema, el Estado peruano continúa asignando recursos mínimos. En 2023, solo el 0.003% del presupuesto nacional fue destinado a combatir la trata de personas, lo que equivale a menos de 20 céntimos por ciudadano.
«El presupuesto estatal es ridículamente bajo (…) Estamos ante un Estado que no previene, no atiende, y apenas reacciona», sentencia el director de CHS.
Además, recientes modificaciones legales desde el Congreso han debilitado aún más el marco normativo. La Ley n.° 32108 redujo el rango de delitos considerados como crimen organizado, excluyendo 59 delitos, entre ellos la trata. Asimismo, la aprobación del Proyecto de Ley N.º 5712/2023, impulsado por el congresista Alejandro Muñante, eliminó la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas al Congreso sobre esta problemática.
“Me gustaría escuchar a la presidenta decir que ha tomado conocimiento del crecimiento alarmante de las economías ilícitas en el país, entre ellas la trata de personas, estrechamente vinculada a actividades como la minería ilegal. (…) Aunque realmente no tengo ninguna expectativa”, concluye el especialista.
