La paradoja argentina”. Claves para leer la causa AMIA hoy: Geopolítica, impunidad y persecución
“La paradoja argentina o cuando Netflix hizo lo que tendría que haber hecho Comodoro Py y Comodoro Py hizo lo que hace Netflix”
Cristina Kirchner, enero de 2020.
*Emilia Trabucco
A 31 años del atentado a la AMIA, el uso político de la causa y su persistente impunidad vuelven a ocupar el centro de la escena pública argentina. En medio de una coyuntura atravesada por una aguda crisis económica y un brutal proceso de ajuste, el gobierno de Javier Milei ha redoblado una estrategia conocida: recurrir al expediente del terrorismo internacional como argumento de legitimación discursiva para la militarización de los territorios, la represión interna y la criminalización del campo nacional y popular.
En este marco, el 19 de julio -día posterior al aniversario- el gobierno anunció una nueva alerta que refuerza su narrativa securitaria: la supuesta infiltración de agentes iraníes por la frontera norte del país, tras recibir un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el ingreso de un funcionario iraní sin registro migratorio oficial. Esto justificó la disposición de reforzar los controles migratorios, reestructurar el despliegue de agentes en el norte e instalar una base internacional de inteligencia en Puerto Iguazú, junto a Brasil, Paraguay y con apoyo del FBI estadounidense.
Un día antes, en el acto oficial del aniversario del atentado a la AMIA, su titular, Osvaldo Armoza, reforzó el relato que abona el marco de justificación del gobierno: “me preocupa la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”, aludiendo también al avión venezolano‑irani secuestrado en Ezeiza en 2022 y al reciente acuerdo militar entre Irán y Bolivia.
Fronteras adentro, la semana del aniversario estuvo marcada por una maniobra mediática y judicial perfectamente orquestada. Las tapas de Clarín y La Nación —en un ejercicio de nado sincronizado— titularon con la novedad de que “la Justicia cita a 90 militares de inteligencia que respondían a Milani” en relación con la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Las notas, lejos de aportar elementos nuevos, refuerzan una narrativa sostenida sin pruebas, que insiste en vincular el supuesto asesinato del fiscal con una conspiración encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Ante este nuevo intento de desvío, César Milani respondió: “Una vez más, cerca de una elección asistimos al patético y repetido espectáculo de que usen esta causa judicial fabricada”. Y denunció que el fiscal Eduardo Taiano actúa como “ejecutor de un guion dictado desde la Embajada de Israel y medios alineados, desesperados por sostener viva la narrativa del asesinato para sostener el ataque a Cristina Kirchner”.
En paralelo, el presidente Javier Milei, junto a parte de su gabinete, con fuerte protagonismo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la presencia hipócrita de Cúneo Libarona, su ministro de Justicia -que estuvo preso por extorsión, robo de pruebas y encubrimiento en la causa AMIA- participó del acto oficial de la DAIA, donde se reiteraron las acusaciones contra Irán como responsable del atentado, sin respaldo probatorio alguno. Lejos de comprometerse con la búsqueda de justicia, el oficialismo utilizó el acto como escenario de reafirmación de su alineamiento ideológico con el régimen de Israel y su estrategia de guerra regional, así como del relanzamiento del juicio en ausencia, habilitado por el juez Daniel Rafecas.
En este marco, la causa AMIA no solo sigue impune, sino que se ha convertido en una pieza clave dentro de un dispositivo que articula poderes judiciales, mediáticos, políticos y agencias de inteligencia, tanto nacionales como extranjeras. La reapertura de una causa cerrada —como la del Memorándum con Irán—, sin elementos nuevos y bajo el control de jueces con probado alineamiento político, apunta a reforzar la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, como emblema de un proyecto soberano y democrático.
El rol del Poder Judicial argentino, lejos de ser un espectador ineficaz, ha sido un actor activo en la construcción de impunidad y persecución. El caso del Memorándum lo demuestra con claridad: lo que fue una política exterior avalada por el Congreso fue convertido en objeto de una causa judicial sin sustento, impulsada por los mismos actores que participaron del encubrimiento en los años noventa. El mismo sistema judicial que hoy se reactiva para garantizar impunidad a los responsables de entonces, se moviliza para disciplinar a quienes, como Cristina Kirchner, se atrevieron a enfrentar al poder real.
La reactivación del juicio en ausencia, el señalamiento a Irán sin pruebas judiciales firmes, y la reiteración del guion del “terrorismo internacional” ubican a la Argentina, una vez más, como teatro de operaciones de conflictos geopolíticos ajenos. La identificación de Irán como enemigo global, impulsada desde sectores del gobierno israelí y replicada por el oficialismo argentino, opera como excusa para consolidar un modelo de vigilancia, militarización y control del territorio, a partir de la instalación de un estado de excepción de facto. Esta lógica forma parte de un plan integral que combina subordinación económica, política exterior dependiente y criminalización de las resistencias internas.
La avanzada persecutoria del gobierno nacional no se dirige únicamente a figuras políticas de la oposición. Se trata de un dispositivo más amplio, orientado a disciplinar todas las voces críticas al rumbo del programa de gobierno. Entre ellas, dirigentes políticos, docentes, periodistas y militantes que expresan su solidaridad con el pueblo palestino o denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Israel son objeto de amenazas, sanciones y procesos judiciales. A ello se suman las listas negras impulsadas por la DAIA bajo el argumento del antisemitismo, que intentan acallar toda crítica al régimen israelí, mientras las milicias digitales oficialistas difunden discursos de odio, reivindicaciones del nazismo y llamados abiertos a la violencia institucional.
Recordar el atentado a la AMIA hoy exige más que memoria: exige una lectura crítica que comprenda su utilización como pieza clave de un modelo de dominación geopolítica, impunidad institucional y persecución política. El verdadero homenaje a las víctimas sólo será posible si se rompe con los pactos de encubrimiento, se recupera una política exterior soberana, y se termina con la instrumentalización de la justicia como herramienta de disciplinamiento. Porque la causa AMIA no es pasado cerrado, es presente en disputa. Y en esa disputa, la democracia, la verdad y la soberanía están en juego.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
