Condena y tobillera para Bolsonaro, los Neoconservadores a la defensiva
Por Solange Martínez*
En los últimos días, la crisis en torno al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro alcanzó un punto de ebullición. El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil avanzó en el juicio por intento de golpe de Estado, impuso restricciones como el uso de una tobillera electrónica y prohibió sus declaraciones públicas. El lunes 22 de julio, el juez del STF, Alexandre de Moraes, dio un plazo de 24 horas a los abogados de Bolsonaro para que expliquen por qué incumplió la prohibición de usar redes sociales, ya que apareció en una conversación con la prensa que fue reproducida en diversas plataformas digitales. El hecho podría derivar en su detención. Bolsonaro enfrenta actualmente cinco acusaciones formales: intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, uso indebido de bienes públicos y daño al patrimonio nacional.
En respuesta, Marco Rubio, Secretario de Estado de los EE.UU., revocó el viernes pasado la visa del juez Alexandre de Moraes, el principal actor judicial en el proceso. Jorge Messias, el Procurador General de Brasil, confirmó que también se vieron afectados jueces como Luis Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin y Gilmar Mendes, lo que suma un total de ocho jueces incluidos en las sanciones. Ante esta situación, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión como «arbitraria» y «sin fundamento», advirtiendo además que cualquier interferencia extranjera en el sistema judicial brasileño resulta «inaceptable».
Este conflicto expresa la creciente alianza global de la derecha para proteger a Bolsonaro y cuestionar la soberanía judicial del gobierno de Lula da Silva. Esta alianza encuentra uno de sus principales espacios de articulación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), una plataforma internacional que reúne a exponentes del populismo de derecha como Trump, Milei, Kast y Bolsonaro. La CPAC funciona como centro de coordinación ideológica y mediática del proyecto de la Nueva Aristocracia financiera y tecnológica Neoconservadora.
En esa misma línea, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil, Filipe Barros, denunció lo que considera una persecución política contra Bolsonaro ante organismos internacionales como la ONU y la OEA, y pidió apoyo explícito a la derecha global. Según Barros, ya ha recibido respaldo de partidos como Vox en España y Chega en Portugal. De hecho, el presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó en la red X que ‘De Moraes y Lula tienen motivos para estar preocupados’ y que ‘lo demuestran con sus prácticas arbitrarias y criminales’. Además, sostuvo que ‘Bolsonaro representa la dignidad y la integridad de una nación. A él lo quiere el pueblo; a ellos los repudian por corruptos y por encarcelar a brasileños inocentes’.
¿Casualidad?, un antecedente inmediato de esta estrategia también puede mencionarse la toma del Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, donde el propio Donald Trump fue denunciado por incitar la insurrección tras desconocer los resultados electorales. El paralelismo con el intento de golpe en Brasil no es casual, sino parte de un repertorio compartido.
En Brasil, el STF avanza tras acreditar suficiente evidencia, dictó la utilización de monitoreo electrónico, prohibición de interacciones internacionales y difusión mediática, además de ordenar allanamientos en domicilios vinculados a Bolsonaro. Las restricciones buscan impedir un nuevo estallido de violencia o intento de fuga, en un juicio por presunto complot golpista calificado como una “amenaza al orden democrático”.
Además de las medidas adoptadas por Marco Rubio, Estados Unidos reaccionó con contundencia, Donald Trump anunció un arancel del 50 % sobre productos brasileños, declarando que esta medida era una respuesta a la “caza de brujas” que, según él, Bolsonaro enfrenta dentro del sistema judicial brasileño. The Washington Post calificó la medida como un movimiento político, pues Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil desde hace casi dos décadas, lo que refuerza la percepción de que no es una herramienta económica sino un instrumento de presión política.
Desde el plano interno brasileño, el presidente Lula Da Silva respondió con dureza el pasado miércoles cuando, que responderá ante “cualquier medida unilateral de aumento de aranceles” con la aplicación de la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada en abril de este año para hacer frente a la ofensiva arancelaria emprendida por el Gobierno de EEUU. “La soberanía, el respeto y la defensa irrestricta de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo”, dijo Lula en un mensaje en su cuenta de la red social X. La Ley de Reciprocidad Económica permite al Ejecutivo brasileño poner en marcha contramedidas como respuesta a “acciones, políticas o prácticas unilaterales de un país o bloque económico que impacten negativamente la competitividad”.
El impacto político no se hizo esperar, sectores de la derecha brasileña – especialmente vinculados al agro y la industria – mostraron inquietud ante el posible daño económico de los aranceles, mientras que militantes y analistas de izquierda aprovecharon la ocasión para reforzar la narrativa de soberanía nacional y defensa democrática. El llamado “vampetaço” – oleada de protesta digital en Brasil – demostró que la sociedad civil también se movilizó frente a la intromisión estadounidense.
Desde el punto de vista estratégico, Trump emplea los aranceles y sanciones diplomáticas – en especial la revocación de visas – como herramientas de intervención política, no meramente económica. Sin embargo, esta estrategia ha generado críticas internacionales y una evidente erosión en la credibilidad ante socios globales, la presión sobre Brasil puede interpretarse como un intento de disciplinar a países que desafían el alineamiento con EE.UU., en especial dentro del bloque BRICS.
El resultado es claro, los Neoconservadores – encabezados por Trump y Rubio – han asumido activamente la defensa de Bolsonaro, no sólo en términos ideológicos, sino mediante políticas públicas agresivas contra la jurisdicción brasileña y su soberanía. En contraste, Brasil resiste, reforzando su independencia judicial y recibiendo apoyo popular que crece ante lo que se percibe como una intromisión indebida.
En este tablero, las sanciones económicas y diplomáticas muestran cómo la derecha global está dispuesta a desmontar los equilibrios institucionales de otros países para proteger a sus líderes afines. La última palabra recae ahora en el STF brasileño, que tendrá la responsabilidad de dictar una sentencia que, más allá de Bolsonaro, definirá el grado de autonomía real del Estado brasileño frente a las presiones externas.
*Solage Martínez es docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte). Conductora de Esquina América (radio UNLa) y de NODAL Se Prende. Analista de NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
