Organizaciones sociales piden declarar inconstitucional la Ley de Agentes Extranjeros
EL SALVADOR.- El Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT), conformado por varias organizaciones de la sociedad civil, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), solicitando a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador que declare la normativa como inconstitucional por supuestamente, violar varios artículos de la Constitución de la República.
“La Ley de Agentes Extranjeros busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de Ruth López, Enrique Anaya y otros defensores, quienes han denunciado públicamente violaciones de derechos humanos e indicios de actos de corrupción de los empleados públicos”, declaró Silvia Navarrete, miembro del movimiento.
La representante del MDCT, Morena Murillo, explicó que la demanda se basa en los vicios de forma y contenido de la normativa, destacando que la normativa otorga al Estado una discrecionalidad excesiva para autorizar el registro, operatividad y sanción de las organizaciones sociales. Según la demanda, la ley permitiría la confiscación de bienes, así como la imposición de multas desproporcionadas, principalmente hacia aquellas que critican al gobierno o denuncian violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento del Estado democrático de derecho.
En ese contexto, las organizaciones han solicitado una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo que se suspenda la vigencia de la normativa hasta que se emita una resolución definitiva sobre la demanda.
El Registro de Agentes Extranjeros, que comenzó a operar en junio de este año, requiere que las organizaciones registren sus actividades bajo esta nueva normativa. A partir de septiembre, el reglamento de la ley impondrá un impuesto del 30% sobre los recursos de cooperación que las organizaciones extranjeras reciben, lo que podría limitar la ejecución de proyectos sociales en El Salvador.
El MDCT también expresó su preocupación por el impacto de la normativa en los defensores de derechos humanos. Según datos del movimiento, al menos 130 personas han abandonado el país en los últimos tres meses debido a miedos relacionados con represalias del gobierno, incluyendo la captura y la posibilidad de sufrir abusos dentro de las cárceles.
