Reprimir para gobernar: la democracia en jaque bajo el gobierno de Javier Milei
Por Emilia Trabucco*
Argentina atraviesa un momento crítico. En nombre del orden, la seguridad y la estabilidad económica, el gobierno de Javier Milei ha desplegado una estrategia sistemática de criminalización de la protesta, disciplinamiento social y represión estatal. Bajo un discurso libertario, el Ejecutivo profundiza prácticas autoritarias que ponen en duda no sólo el Estado de Derecho, sino también los propios fundamentos democráticos.
En los primeros seis meses de 2025, más de la mitad de las movilizaciones sociales en el país fueron reprimidas. Según la Comisión Provincial por la Memoria, se registraron 1251 personas heridas, entre ellas niñes, adultos mayores, periodistas y defensores de derechos humanos. La cifra supera ya el total de víctimas del año anterior. Estas no son cifras aisladas: evidencian la profundización de una política de intervención violenta en el espacio público, habilitada por el llamado “protocolo antipiquetes” y ejecutada por fuerzas federales con armamento no letal utilizado de forma brutal y antirreglamentaria con impunidad.
Este deterioro democrático no es exclusivo de Argentina. Gobiernos como los de Daniel Noboa en Ecuador o Nayib Bukele en El Salvador también han adoptado la estrategia del “Estado de excepción” para consolidar un modelo de autoritarismo. Bajo esta figura, se justifica la militarización de las calles, la intervención directa en conflictos sociales y la supresión de derechos civiles. En Perú, la represión tras la caída de Pedro Castillo dejó decenas de muertos, y nuevas leyes permiten juzgar adolescentes como adultos, en nombre del combate al delito.
En todos estos casos, Estados Unidos aparece como un actor clave. Su influencia se materializa en acuerdos militares, cooperación tecnológica y un discurso securitario que promueve la represión como forma de control social. Esta matriz, lejos de proteger a las poblaciones, legitima la violencia estatal y debilita las garantías democráticas.
En Argentina, se destaca el rol combinado de las fuerzas de seguridad -comandada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich- con el Partido Judicial. Casos como el de Alexia Abaigar y Eva Mieri, militantes detenidas en operativos desproporcionados sin elementos probatorios, por su supuesta participación en un escrache realizado en la vereda del diputado de ultraderecha José Luis Espert, muestran cómo el aparato penal se utiliza para perseguir opositores. La jueza Sandra Arroyo Salgado, con vínculos políticos evidentes, y una historia de relaciones con el poder económico y los servicios de inteligencia, encarna una justicia funcional al poder. Su accionar, lejos de representar imparcialidad, responde a una lógica de disciplinamiento político.
La impunidad de los agentes represivos es parte del problema. El fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente por una bomba de gas durante una protesta, aún se recupera. El gendarme responsable sigue en funciones. Las causas penales no avanzan. Mientras tanto, los discursos oficiales banalizan la violencia y estigmatizan a quienes se movilizan, naturalizando un estado de excepción permanente.
El caso del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, encarcelado por supuesta apología del delito y asociación ilícita en relación con la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuya existencia es altamente cuestionada, refuerza esta lógica. La construcción de enemigos internos —migrantes, pueblos originarios, militantes— permite justificar la represión como respuesta necesaria. La prisión de Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, que lleva más de nueve años detenida, fue el inicio de este programa represivo y persecutorio, ya desde la presidencia de Mauricio Macri.
Pero la crisis institucional no se agota en las calles ni en los tribunales. El Congreso Nacional, órgano clave del sistema republicano, ha sido progresivamente vaciado. Desde diciembre de 2023, sólo se aprobaron cuarenta y cuatro leyes, en su mayoría impulsadas por el Ejecutivo o heredadas de gestiones anteriores. Dos de las pocas normas promovidas por la oposición —la actualización de las jubilaciones y el financiamiento universitario— fueron vetadas. La baja actividad parlamentaria se complementa con un Ejecutivo que gobierna a fuerza de decretos, lo que refuerza el poder presidencial e inhabilita los mecanismos de control.
Milei llegó a la presidencia por voto popular, pero a más de un año y medio del inicio de su mandato, ¿se sostiene en Argentina el sistema democrático? ¿Puede considerarse democrático un gobierno que viola el derecho constitucional a la protesta, encarcela opositores, silencia a la prensa y reprime a jubilados y jubiladas en la calle? ¿Puede haber libertad sin justicia social, con un Partido Judicial subordinado al poder económico a fuerza de dádivas, en un país donde no es posible organizarse colectivamente para disputar sentidos y derechos, sin ser perseguido o violentado por el aparato represivo del Estado?
En esta encrucijada histórica, Argentina parece repetir un libreto regional que combina represión, concentración de poder y blindaje judicial.
La democracia no puede reducirse al derecho al voto, menos aún si se ejerce bajo coerción, miedo, o manipulación. No hay democracia con proscripción política, hostigamiento planificado y violencia institucional permanente. Mucho menos cuando se encarcela a mujeres militantes o se absuelve a los que disparan a matar contra quien se manifiesta en defensa de sus derechos.
Si entendemos la democracia como una práctica colectiva de construcción de justicia social, ampliación de derechos y democratización del poder, es central comprender que las garantías democráticas, que tanto le costó conseguir al pueblo argentino, han sido desalojadas por un régimen autoritario y fascista, conducido por los poderosos y decidido a someter a las mayorías al hambre -el mayor de los disciplinamientos- y a la violencia, mientras saquean impunemente las riquezas y los recursos estratégicos del país.
Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
