Fallo histórico: Colombia condena a Uribe
Por Solange Martínez*
Por primera vez en la historia reciente de Colombia, un expresidente ha sido condenado por delitos penales. Álvaro Uribe Vélez, figura central de la derecha latinoamericana y emblema del poder militarizado en la región, fue hallado culpable de fraude procesal y soborno de testigos. Esta sentencia cuestiona los cimientos de una arquitectura política sostenida por sus vínculos con el paramilitarismo, represión interna y alianzas internacionales. El juicio expone cómo se construyó un modelo de poder que marcó a sangre y fuego la historia de Colombia.
El lunes 28 de julio, la jueza Sandra Heredia condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe por dirigir, a través de su abogado, una operación para manipular testigos. La causa se remonta a 2012, cuando el entonces senador denunció a Iván Cepeda por un supuesto montaje judicial. Pero la Corte Suprema de Justicia dio vuelta la acusación y descubrió que fue el propio Uribe quien había intentado influir en los testimonios.
El fallo marca un hito judicial, es la primera vez que un exmandatario colombiano es condenado por un delito penal. La condena podría alcanzar hasta doce años, probablemente bajo prisión domiciliaria. El proceso continúa en etapa de apelación, y la Corte Suprema aún podría intervenir.
Uribe no solo fue presidente entre 2002 y 2010, sino también gobernador de Antioquia, senador y una figura influyente en la política nacional y regional hasta hoy. Su trayectoria estuvo atravesada por denuncias persistentes de vínculos con el paramilitarismo, especialmente en su región natal.
El juicio actual se basa, entre otros elementos, en el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien vincula a Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba. Las masacres de La Granja (1996), El Aro (1997) y San Roque (1996–1997) no solo dejaron decenas de víctimas, sino que también revelaron patrones de connivencia entre grupos armados ilegales, fuerzas estatales y estructuras políticas vinculadas a Uribe.
Durante sus dos mandatos presidenciales, la política de «Seguridad Democrática» elevó la militarización interna y multiplicó los llamados “falsos positivos”, asesinatos de civiles presentados como guerrilleros para mostrar eficacia militar. Se estima que hubo entre cuatro mil quinientos y seis mil doscientos casos.
La reacción política al fallo expuso una grieta profunda. El presidente Gustavo Petro defendió la sentencia como un avance hacia la verdad. “Colombia no se chantajea”, escribió en su red social. Por su parte, Iván Cepeda, impulsor de la denuncia y víctima de persecución política, destacó que el juicio es una forma de reparación: “Sobreviví, como otros, a un genocidio político”, expresó.
En cambio, sectores del partido colombiano Centro Democrático y aliados internacionales de Uribe calificaron el juicio como una persecución. Desde Estados Unidos, Marco Rubio y congresistas republicanos como Carlos Giménez hablaron de “circo romano” y “cacería de brujas”. Noventa y seis parlamentarios del uribismo firmaron una carta asegurando: “Su inocencia es un grito de verdad que no se puede acallar”.
El poder de Uribe no se sostuvo sólo en territorio colombiano. Durante su presidencia (Entre 2002 y 2010), Colombia fortaleció su alianza militar con Israel, firmando acuerdos para importación de armamento, drones y entrenamiento de tropas. También avanzó en su integración con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que en 2018 reconoció a Colombia como “socio global”, el primero en América Latina.
Esta red internacional de apoyo, ha sido una de las claves que protegieron a Uribe durante años. Hoy, parte de ese cerco comienza a resquebrajarse, al menos en los tribunales nacionales.
A pesar del fallo inédito, la violencia política sigue presente. Solo en lo que va de 2025, al menos noventa y dos líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). El caso más reciente es el de Fernanda Domicó, mujer trans, líder indígena del pueblo Embera y jefa del cuerpo de bomberos de Dabeiba, Antioquia.
La impunidad, en Colombia, no se interrumpe con esta sola sentencia. Pero este fallo puede funcionar como quiebre simbólico, por primera vez, uno de los nombres más poderosos del país enfrenta la justicia sin fueros ni privilegios.
Con Uribe en el banquillo, la derecha colombiana entra en una etapa de redefiniciones. Sin un liderazgo claro y con parte de su legitimidad erosionada, deberá reconstruir su proyecto político. Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta el desafío de no convertir este avance judicial en un caso aislado, sino en una oportunidad para transformar el sistema que lo hizo posible.
La pregunta no es solo qué pasará con Uribe. La pregunta es si Colombia se anima a juzgar no solo a un hombre, sino al modelo que representó.
*Solage Martínez es docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte). Conductora de Esquina América (radio UNLa) y de NODAL Se Prende. Analista de NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
