Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Diego Portal *
¿Ha llegado el sistema judicial al borde del despeñadero? ¿Existe algo que rescatar de la administración y los administradores de Justicia? ¿Dónde y cuándo tuvo su origen esta profunda crisis que atraviesa el Órgano Judicial? ¿Cuál es la responsabilidad de los otros tres órganos del Estado?
Estas son algunas de las muchas preguntas que nos hemos hecho bolivianas y bolivianos en los últimos días a raíz del destape del denominado caso “Consorcio”, que ha tomado un gran revuelo mediático, pero que, además, está marcando una profunda división al interior del Órgano Judicial, algo que casi nunca se había podido apreciar, cuando menos en la historia reciente del país.
Y si bien el tema referido tuvo y continúa teniendo una enorme repercusión mediática y, desde luego, en los círculos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, el problema real no se reduce a este asunto coyuntural, sino que debemos comprender que se trata de un tema estructural del Sistema Judicial y que como tal, más allá de lo episódico, es una responsabilidad de la clase política su abordaje, lejos del apasionamiento partidario que casi siempre ha obstaculizado cualquier intento de reflexión y ajuste de la administración de Justicia.
Es por demás evidente que, más allá del caso destapado en los últimos días y que involucra a autoridades del Órgano Judicial, el Sistema Judicial está, y hace bastante tiempo, caminando al borde del despeñadero. Las denuncias continuas sobre las irregularidades en la administración de Justicia, de la corrupción campante y de los “consorcios”, como la instancia y el mecanismo de lograr resultados favorables en cualquier litigio, se han casi normalizado en nuestra realidad y en los medios de comunicación que hacen oídos sordos cuando el ciudadano común y corriente acude a ellos para denunciar a los operadores de Justicia, eso mismos medios que reaccionan con espectacularidad cuando pueden darle un giro político a la noticia.
La cotidianidad de la crisis viene de mucho tiempo atrás
La administración de Justicia atraviesa una profunda crisis, se encuentra prácticamente en un callejón sin salida. Diariamente escuchamos denuncias sobre corrupción en las instancias judiciales, desde secretarios de juzgados hasta magistrados del más alto nivel, involucrando a abogados, fiscales y policías investigadores, alcanzando incluso a funcionarios administrativos de la judicatura. Todos contribuyen… de una u otra manera todos ponen su granito de arena para el desprestigio de este órgano del Estado.
En todo caso es necesario aclarar que nada de esto es nuevo. Hace ya muchos años que la situación se mantiene en esas condiciones y la confianza y credibilidad de la ciudadanía en la Justicia prácticamente ha desaparecido.
El neoliberalismo utilizó abierta y descaradamente al Sistema Judicial para validar la venta del país, de sus recursos naturales, los atentados contra la ciudadanía y todas sus medidas antinacionales, dejando Bolivia, y desde luego a la Justicia, en manos de intereses transnacionales e imperiales.
Un caso emblemático de ese manejo arbitrario de la Justicia fue el del Dr. Edgar Oblitas Fernández, destacado jurista e historiador que, en su condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia, tuvo la “osadía” de decirle “no” a las imposiciones del ejecutivo movimientista, que actuaba bajo la batuta de Sánchez Berzaín, quien además seguía las instrucciones de la Embajada americana.
Esa pretensión de actuar en el marco de las leyes y su subordinación política le costó a Oblitas y a su colega Ernesto Poppe Subieta no solo su destitución, sino también un juicio de responsabilidades en el Congreso Nacional.
Aquello sirvió como un mensaje al resto de los ministros de la entonces denominada Corte Suprema de Justicia, que en adelante actuaron obedientemente ante los mandatos del Ejecutivo, para no seguir el mismo camino.
Las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX tenían como habitual, apenas tomado el poder, disuelto el Legislativo, junto a la posesión de los ministros del Ejecutivo, proceder a la renovación del Poder Judicial, es decir, comenzar por nombrar nuevos ministros de la Suprema para seguir luego con el cambio de las cortes departamentales, jueces y fiscales y tener el control pleno del Poder Judicial.
La democracia neoliberal, desde la recuperación de la democracia y con mayor fuerza desde 1985, buscó la mejor manera de controlar este poder del Estado, desde los intereses del poder político y empresarial, y para ello desarrolló el cuoteo en la designación de las autoridades judiciales, desde el Poder Legislativo.
Con la Reforma Constitucional, vía Asamblea Constituyente, de 2009, se incorpora la modalidad de elección directa de autoridades en elecciones nacionales. Las expectativas fueron grandes en la ciudadanía por considerar que esta forma de llegar a las altas esferas de la administración de la Justicia lograría la despolitización de esas funciones y podría ser el inicio de un proceso de verdadera transformación, desde dentro, del Órgano Judicial, tomando en cuenta que sus autoridades al haber sido elegidas directamente por el ciudadano debían responder ante el soberano, despojados de toda dependencia política o partidaria y de cualquier otro género.
La realidad fue otra y después de tres elecciones, es decir de tres períodos de autoridades electas por el voto ciudadano, el último en curso, más allá de la poca participación del electorado, no es arriesgado afirmar que la situación en el Órgano Judicial si no ha empeorado al menos no ha cambiado para bien.
Los fracasos de reformar la justicia
El problema de la administración de Justicia es de carácter crónico. Pese a los varios intentos de reformas, estas no han logrado superar en el fondo todos los problemas y deficiencias que muestra de manera cotidiana y permanente.
En la década del 90, a fines del siglo pasado, con el apoyo de organismos internacionales y un préstamo del Banco Mundial (BM), se realizaron cambios en la estructura del entonces denominado Poder Judicial, como la creación del Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo de la Judicatura; y también ajustes en ciertos procedimientos, particularmente en el ámbito penal.
Posteriormente, durante la realización de la Asamblea Constituyente, entre 2006 y 2008, la administración de Justicia volvió al centro del debate en aspectos fundamentales como la elección/designación de las principales autoridades. Pero la incorporación de la modalidad de elección directa de esas autoridades, a través del voto ciudadano, no logró ser la solución para el antiguo problema.
El loteamiento de los espacios de conducción de las entidades judiciales se mantuvo casi intacto entre los partidos políticos, eso sí agregando una serie de problemas nuevos no solo en las fases de preselección de postulantes, sino incluso en la asignación de recursos económicos en épocas en que la liquidez del país no es de las mejores, como también en la generación de nuevas formas de prebendalismo y corrupción.
Las tres elecciones realizadas tras la aprobación de la nueva Constitución no lograron en absoluto mostrar que, sobre la base de la elección directa mediante el voto popular de los magistrados, había algún cambio positivo en la administración de Justicia.
Los mismos defectos de retardación de justicia, denuncias constantes de corrupción y negociado de resoluciones y sentencias judiciales, así como una mayor y evidente dependencia de los operadores de Justicia hacia el poder político fueron incrementándose de manera exponencial. Se podría decir que antes el escrutinio social era menor en este tema y que el tema judicial se desenvolvía en círculos de “iniciados” y no formaba parte del debate político ni social. Sin embargo, no es ese un argumento suficiente para aceptar la actual situación de este sistema de administración de Justicia.
Es vox populi que todos los cargos no electos en la judicatura, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, tienen un costo, que primero sirven para pagar a quienes “invirtieron” en las campañas de quienes resultaron elegidos para los altos cargos de la administración de Justicia y a quienes de una u otra manera aportaron para esa elección y, después, para resarcir los gastos de los candidatos convertidos en autoridades. Eso lo saben muy bien jueces, secretarios, actuarios, oficiales de diligencia y todos quienes se encuentran dentro de ese círculo laboral.
¿Qué hacer?
Partiendo de la constatación de que ni la Asamblea Constituyente ni reformas anteriores lograron superar la crisis existencial de la administración de Justicia, no queda otro camino que iniciar un gran debate nacional donde participen no solo ya los actores políticos y/o abogados, sino que se amplie a todos los sectores de la sociedad, porque todos, de alguna manera, tienen algo que decir al respecto, pues en la cotidianidad están relacionados o enfrentados con la administración de Justicia; como diría la sabiduría popular: “los tribunales de justicia son la casa del jabonero, donde el que no cae resbala”.
Este debate deberá contemplar ya no solo aspectos formales de la elección de autoridades, jueces y fiscales, sino el cambio de la estructura misma de este órgano, la legislación existente en el país, especialmente la procesal y los límites y controles sociales y estatales hacia la actividad de los operadores de Justicia. Ya no se trata de ajustes o reformas, la justicia se encuentra en estado de coma y eso amerita una cirugía profunda.
En este debate nacional deben participar de la forma más amplia posible profesionales de diferentes ámbitos, universidades, colegios y otras agremiaciones de abogados, sectores sociales y empresariales, representaciones ciudadanas que, al margen del pensamiento político y partidario del control del Estado, puedan aportar ideas y propuestas que se encaminen hacia la construcción de un órgano judicial nuevo.
La politización extrema de la administración de Justicia junto a su subordinación a otros intereses, fundamentalmente económicos, ha dejado a la mayoría de la población en una situación de casi total indefensión. Quienes se ven en la necesidad de acudir a la administración de Justicia para solucionar sus problemas suelen señalar que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, no solo por el tiempo y las energías que les absorberá un proceso judicial, sino porque no se puede saber a ciencia cierta cómo saldrán del proceso, aun cuando tengan la razón y las pruebas de su parte, si es que no cuentan con los recursos económicos para hacer prevalecer sus derechos ante jueces, fiscales y otros operadores de Justicia.
Al parecer nadie, por sí solo, tiene la receta mágica para este añejo problema. Lamentablemente las propuestas generadas en los políticos siempre han sido parciales y nunca han estado desprendidas de esa intencionalidad de control político, directa o indirectamente. Las universidades y, particularmente, las facultades de Derecho hace mucho tiempo que han dejado de hacer ciencia y, como diría en su tiempo el maestro Isaac Sandoval, solo se dedican a formar artesanos del Derecho. Las universidades privadas, casi todas, han llevado al nivel más bajo la formación de los abogados, por lo cual poco o nada hasta ahora han aportado.
Hay que definir ejes temáticos de debate referidos, por una parte, a la carrera judicial y a las formas de acceder a ella, en todos sus niveles, incluyendo la de sus máximas autoridades, en la formación de jueces y fiscales, y también en la formación de abogados que es donde se origina la imposibilidad de encontrar solución a los problemas; y por otra, plantear propuestas de control social y profesional de los operadores de Justicia y pensar en la imposición de severas sanciones a quienes cometan delitos dentro de la función judicial, que vayan más allá de la simple destitución de sus cargos, hasta la cancelación de su derecho de ejercicio profesional.
Que es complejo el tema, claro que lo es, pero esa complejidad o la falta de voluntad de nuestra clase política y de los propios abogados de llevar adelante una verdadera transformación de la Justicia no pueden llevar al resto a volcar la mirada a otro lado y seguir ocultando toda la basura del Sistema Judicial bajo la alfombra. Es hora de plantear una verdadera revolución judicial.
* Cientista político boliviano, analista de La Época
