Argentina: ¿A quién le habló Milei en su cadena nacional? Mensaje de y para el JP Morgan
Por Emilia Trabucco
El gobierno de Javier Milei avanza con una política de ajuste a un ritmo acelerado, dejando impactando profundamente en la economía y en la vida cotidiana de millones de personas. En apenas ocho meses, las políticas impulsadas desde la Casa Rosada, con aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), configuraron un nuevo mapa social: salarios licuados, jubilaciones por debajo de la línea de pobreza, y un retroceso inédito en derechos laborales y acceso a bienes básicos. Argentina atraviesa, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el mayor desplome del consumo desde la crisis de 2001.
El viernes por la noche, desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante las cámaras, Javier Milei dedicó en una cadena nacional, más de veinte minutos a justificar tres vetos presidenciales clave: aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Los calificó como “leyes que promueven el desbalance fiscal” y remarcó que “el Congreso impulsa gastos sin explicar su financiamiento”, advirtiendo: “si quieren dar marcha atrás, van a tener que sacarme con los pies para adelante”.
En paralelo, Milei advirtió que impulsará un proyecto para penalizar a legisladores que avalen presupuestos en déficit y prohibirá al Tesoro financiar gasto primario con emisión monetaria, con el objetivo de “amurallar el déficit cero” y preservar la política monetaria.
Estos vetos se suman a un paquete de ajuste que ya impacta en los hogares argentinos desde diciembre de 2023. Según un informe reciente, el 91 % de las familias tienen deudas, dos de tres contraídas en 2024, y el 76% en mora y judicializadas. Los hogares se endeudan en un 58% para comprar alimentos, y las ventas minoristas registran un 2 % de caída interanual en julio, según la propia CAME.
Mientras tanto, no todos tienen que soportar el “sacrificio” que el gobierno pide al pueblo argentino. El plan oficial combina tres ejes: desregulación económica, apertura comercial irrestricta y ajuste fiscal acelerado. En términos concretos, esto se traduce en una caída del gasto público equivalente a más de tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) en el primer semestre de 2025, un récord en la región según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los recortes impactan en áreas sensibles: salud, educación, ciencia y programas sociales. La paralización de obras públicas dejó más de cien mil empleos en riesgo, mientras que la inflación acumulada desde diciembre ya supera el ciento veinte por ciento.
El presidente defiende esta estrategia como un “shock de confianza” para los mercados. Sin embargo, los indicadores muestran lo contrario: la inversión productiva cayó un quince por ciento interanual y el desempleo creció hasta alcanzar a más de dos millones de personas. El empobrecimiento se profundiza: la Universidad Católica Argentina (UCA) estima que la pobreza ya afecta al 62% de la población, y la indigencia al 15%, cifras no vistas desde principios de siglo.
En el plano político, el uso de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para reformar marcos regulatorios, junto con la sanción de la Ley Bases, consolidó un modelo de gobernabilidad que concentra poder en el Ejecutivo y reduce los contrapesos institucionales. Las protestas contra estas medidas han sido respondidas con un protocolo de seguridad interpuesto por las fuerzas que conduce la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que criminaliza la protesta social.
El trasfondo es claro: el proyecto económico actual implica una transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia el capital financiero y exportador. Esto se ve reflejado en el superávit comercial logrado a costa de una brutal caída de las importaciones y del consumo interno. Mientras tanto, los compromisos de pago con el FMI —que este año ascienden a más de siete mil millones de dólares— condicionan cualquier margen de maniobra en la política económica.
La puesta en escena para la cadena nacional del gobierno pone en evidencia a quién realmente dirigió su discurso el presidente. Como analizó el economista Raúl Dellatorre en NODAL, la presencia del gabinete de Economía y del Banco Central, todos empleados y lobbistas del JP Morgan, fue un mensaje para los actores de la especulación, los verdaderos digitadores de la política económica. El gobierno dio un mensaje para “tranquilizar” a “los mercados”, mostrándose dispuesto a seguir usando la motosierra para destruir derechos, sin importar la carrera preelectoral.
Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta, hizo referencia al plan económico antipopular del gobierno, en un texto publicado en la red social X, el 2 de agosto, recordando la estrategia de extorsión ya conocida de los actores financieros internacionales: «La verdad de la milanesa es que los que sí tienen un plan son el poder económico (con su correlato mediático) y las Fuerzas del Norte (…). Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran…”.
Mientras tanto, el pueblo argentino sufre las consecuencias del ajuste, se desangran las arcas del Estado con la bicicleta financiera y se entregan los recursos estratégicos del país. Se construye además, en el aturdimiento que genera la guerra en redes sociales, un contexto general de impugnación a la política tradicional, que se traduce en una baja asistencia a las urnas en las elecciones ya desarrolladas en el país. Quizás es hora de tomar nota, y proponer otros mecanismos de democracia popular, ya que los únicos beneficiados de la no asistencia a las urnas son los poderes de siempre, que nadie elige.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
