Despidos en el Gobierno de El Salvador durante el mandato del Inconstitucional presidente Nayib Bukele
Desde el inicio de gestión del actual gobierno de Nuevas Ideas, junio de 2019, Nayib Bukele ha impulsado una serie de medidas arbitrarias de despidos laborales con el pretexto de reestructuración en el aparato estatal, lo que ha resultado en miles de despidos en diversas instituciones públicas. Aunque el Ejecutivo ha justificado estas acciones como parte de un proceso de “modernización” y “optimización de recursos”, muchas organizaciones sindicales y defensora de derechos humanos han denunciado que, en su mayoría, estos despidos se han realizado de forma arbitraria y sin el debido proceso establecido por la ley.
Según el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), entre 2019 y 2024 se registraron aproximadamente 21,000 despidos irregulares en instituciones del Ejecutivo, alcaldías y la Asamblea Legislativa. Solo en 2024, hasta el 17 de diciembre, la misma organización contabilizó 3,169 despidos, afectando a ministerios como Salud, Educación y Cultura, así como a la Procuraduría General de la República (PGR) y el Órgano Legislativo.
Uno de los casos más mediáticos ocurrió en junio de 2024, cuando Bukele ordenó el despido de más de 300 empleados del Ministerio de Cultura, argumentando que promovían agendas incompatibles con la visión gubernamental. El presidente presentó esta decisión como un ahorro de fondos públicos, aunque críticos señalaron que el verdadero motivo fue la censura de enfoques culturales divergentes.
Las denuncias también incluyen el uso de la “supresión de plazas” como una figura legal para eliminar puestos y despedir personal, sin brindar una indemnización oportuna o sin notificar de forma adecuada a las personas trabajadoras afectadas. Organizaciones sindicales afirman que estas prácticas constituyen un retroceso en materia de derechos laborales, afectando incluso a líderes sindicales: Entre octubre de 2023 y principios del año 2025 se registraron 75 sindicalistas despedidos y 3,498 personas trabajadoras cesadas de la Policía Nacional Civil (PNC), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Todo ello ha conllevado la violación del Convenio 87 de la OIT, de libertad sindical, que protege los derechos sindicales, el que fomenta un entorno laboral justo y equitativo, para la libertad de asociación y derechos de las y los trabajadores a organizarse sin ninguna interferencia.
En El Salvador se ha violado este derecho de libertad y organización sindical para las personas despedidas, hay personas sindicalizadas de juntas directivas y personas secretarias generales de sindicatos, aun en funciones, que han sido despedidas, lo cual ha conllevado quejas ante la OIT para denunciar las arbitrariedades y despidos injustificados de la clase trabajadora del sector público, generadas por actual gobierno de Nayib Bukele.
Esto ha conllevado, además, la no renovación de credenciales de JD de más de 500 sindicatos que actualmente están acéfalos, para evitar que puedan cuestionar tales atropellos. A continuación, se presenta un resumen de los despidos:
Cuadro resumen de despidos denunciados (2019–2025)
| Periodo / Año | Cifra aproximada de despidos | Instituciones más afectadas | Fuente principal |
| 2019–2024 | 21,000 | Ejecutivo, alcaldías, Asamblea Legislativa | Movimiento de Trabajadores/ras Despedidos/das (MTD) |
| 2024 (hasta diciembre) | 3,169 | Salud, Educación, PGR, Asamblea, Cultura | MTD |
| 2019–2025 | ~35,200 | Salud (incluye 1,100 en Fosales), educación, alcaldías | MDCT |
| Junio 2024 | 300+ | Ministerio de Cultura | Presidencia / prensa |
| Oct 2023 – ene 2025 | 3,498 | PNC, PDDH, TSE | MDCT |
| Oct 2023 – ene 2025 (líderes) | 75 | Diversos sindicatos | MDCT |
En síntesis, los despidos en el gobierno de Nayib Bukele han sido un fenómeno persistente y de gran alcance, con impactos significativos en la estructura del empleo público. Si bien el Ejecutivo argumenta que estas medidas son necesarias para eliminar plazas innecesarias, las organizaciones de trabajadores/ras denuncian que se trata de una política sistemática de desmantelamiento de derechos laborales, que reduce la estabilidad en el sector público y genera incertidumbre en miles de familias que han perdido el derecho al trabajo. El debate en torno a este tema se mantiene abierto, con llamados de la comunidad nacional e internacional para que se garantice el respeto al debido proceso y la transparencia en las decisiones administrativas.
Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular
San Salvador, 09 de agosto de 2025
