Ministra Saravia remarca que en Bolivia no existen presos políticos
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, aseveró que en Bolivia no existen «presos políticos” y que en todos los casos judiciales se garantizaron los derechos al debido proceso y a la defensa.
En referencia a los procesos judiciales por los hechos de la crisis de 2019, remarcó que las decisiones judiciales respondieron a procedimientos legales y no a intereses políticos.
“En Bolivia nunca ha habido presos políticos, siempre se ha respetado el derecho al debido proceso. Un ejemplo claro es el caso denominado golpe I, donde la defensa del señor (Luis Fernando) Camacho presentó un recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proceso. Lo mismo sucedió en el caso de la señora Jeanine Áñez”, aseveró Saravia.
La ministra recalcó que los procesos por los hechos de 2019 se originaron en base a informes de organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión contra la Tortura de la ONU, los cuales recomendaron investigaciones y sanciones ante posibles vulneraciones de derechos humanos.
“Es tan importante comprender que estos procesos tienen una base que son informes internacionales, no solamente del GIEI, son recomendaciones que han hecho, por ejemplo, la Comisión Contra la Tortura de las Naciones Unidas, que han coincidido en los criterios de la necesidad de investigar y sancionar estos hechos para que las víctimas por supuesto, no se queden sin justicia (…) Son hechos que no deben repetirse y no pueden quedar en la impunidad”, sostuvo.
En ese marco, hizo un llamado a no politizar los casos judiciales relacionados con la crisis política y social de 2019. Aseguró que las decisiones adoptadas por jueces y fiscales deben enmarcarse en la objetividad, la ética y la responsabilidad institucional.
La ministra también enfatizó que el Estado tiene el deber de garantizar justicia para las víctimas y recordó que estas pueden acudir no solo a instancias nacionales, sino también internacionales, si consideran que no se respetó su derecho a una justicia oportuna.
“Las víctimas deben tener la certeza de que los responsables van a ser sancionados. (…) La dignidad de las víctimas debe ser el centro de estos procesos”, dijo.
Gobierno apela decisiones judiciales que beneficiaron a Camacho y Pumari
La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, afirmó que el Gobierno presentó una apelación a las decisiones judiciales que favorecieron a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La autoridad indicó que esperan los resultados para definir los próximos pasos.
“El Estado lo que hizo es accionar conforme a lo establecido en la ley, a través de apelaciones, considerando fundamentos de la apelación. Nosotros, respetuosos de las disposiciones judiciales, esperamos los resultados de esa apelación y, en su caso de corresponder, realizaremos o analizaremos cuáles acciones debemos seguir”, declaró Saravia a Bolivia TV.
Este martes por la noche, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó medidas cautelares para Camacho y Pumari en el caso de los conflictos de 2019, que derivaron en la salida de Evo Morales del poder.
LOS CASOS
El juez a cargo definió detención domiciliaria con salidas laborales para Camacho, mientras que Pumari fue beneficiado con libertad pura y simple. Sobre ello, la ministra recordó que “hay que dejar claro que la competencia privativa de establecer una medida cautelar es del órgano judicial”.
Siguió: “En su momento entenderíamos que quienes estaban a cargo de este proceso habrán determinado riesgos procesales que permitieron establecer una detención preventiva”.
Sectores afines a Camacho y Pumari celebraron estas decisiones, apuntando al Gobierno y calificando la medida como la liberación de “presos políticos”. Frente a ello, Saravia respondió que “en Bolivia nunca hubo procesos políticos y eso se debe aclarar. En Bolivia siempre se respetó el derecho al debido proceso”, concluyó.
En tanto, la justicia determinó libertad para la expresidenta Jeanine Añez en el caso Senkata. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 4.º de El Alto declaró fundada la excepción de incompetencia en razón de materia.
Denuncian que jueces “pisotean” informe del GIEI y se materializa la impunidad
Las víctimas piden garantías a la Defensoría del Pueblo.
El activista y vocero de las víctimas de Senkata, de El Alto, David Inca, denunció que jueces que emitieron fallos “políticos” en favor de Jeanine Añez, Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho “pisotearon” y “vulneraron” el informe del GIEI sobre las masacres de 2019, documento respaldado por la OEA.
“La impunidad se está materializando a través de los fallos que han emitido los jueces de La Paz y El Alto, quienes sin saber que son parte del Estado, pisotearon y vulneraron el informe del GIEI, un informe avalado por la OEA sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos cometidos por Jeanine Añez y otras autoridades”, dijo Inca a Ahora El Pueblo.
El día de ayer entregamos una carta dirigida al @TSEBolivia denunciando la exclusión y manipulación en las #Elecciones2025.
"Millones de bolivianos y bolivianas han sido despojados de su derecho a elegir y ser elegidos. La historia y la justicia juzgarán la falta de legalidad y… pic.twitter.com/z7ytTAkqNx
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 28, 2025
Recientemente, la justicia determinó dejar en libertad al excívico potosino Marco Antonio Pumari, y con detención domiciliaria al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por el caso Golpe de Estado I. Además de liberar del proceso ordinario a Jeanine Añez y derivar su caso a un juicio de responsabilidades.
Inca aclaró que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia dejó 36 recomendaciones al Estado y estas son de cumplimiento obligatorio por todos los órganos, es decir, el Judicial, Ejecutivo, Legislativo y Electoral.
El activista también denunció que tras el fallo que favorece a Camacho, Pumari y Añez, las víctimas y él son estigmatizados y discriminados por grupos del gobernador cruceño.
“Nos sentimos en la indefensión. Ayer nos han insultado de todo, tal parece que volvió la justicia señorial que solo favorecer a unos”, lamentó.
Debido a la discriminación que sufren, ayer las víctimas de Senkata se reunieron con la Defensoría del Pueblo para pedir garantías.
Reacción de la Defensoría del Pueblo
Al respecto, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que expresó su “extrema preocupación” por las recientes determinaciones judiciales, que incluyen la anulación de obrados en el proceso. Señaló que la causa penal se inició el 19 de noviembre de 2019, por lo que han transcurrido más de cinco años desde el inicio de la investigación.
El organismo recordó que el informe del GIEI documenta vulneraciones a los derechos humanos en 2019 y establece la necesidad de investigar de manera seria, exhaustiva y respetando el debido proceso, garantizando la tutela judicial efectiva de víctimas y procesados.
Asimismo, la Defensoría hizo conocer que informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los procesos, advirtiendo que estas decisiones podrían generar impunidad y vulnerar el acceso a la justicia. Solicitó también a distintas instituciones del Estado detallar las medidas adoptadas para proteger la identidad, ubicación y seguridad de denunciantes, víctimas y testigos, conforme a la Ley N° 458, y aseguró que hará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.
“La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de acompañar y vigilar el respeto a los derechos humanos, y exige que el juicio de responsabilidades no se convierta en un mecanismo para diferir indefinidamente la justicia y el esclarecimiento de los hechos”, subrayó el comunicado.
El fin de semana, las víctimas de la masacre de Senkata informaron a este medio que acudirán a la CIDH y luego a la Corte-IDH en caso de que no encuentren justicia en el país.
Por su parte, la dirección Nacional del MAS-IPSP denunció una supuesta “parcialidad” en el sistema judicial y pidió la intervención de organismos internacionales. “Pedimos justicia para aquellos caídos en 2019”, dijo Grover García, presidente de esta fuerza política.
“Nosotros no asesinamos a nadie, ellos sí”
Una de las víctimas de la masacre de Senkata, El Alto, lamentó que la justicia pretenda favorecer a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, mientras omite a las verdaderas víctimas que fueron reprimidas por protestar contra un gobierno de facto.
“Ellos se creen víctimas, cuál víctimas, nosotros no asesinamos a nadie, ellos sí. Ellos han venido, han matado con bala a mis primos”, recordó la señora.
En Cochabamba, vecinos también cuestionaron los privilegios con los que ahora gozan Añez, Pumari y Camacho.
“No estamos de acuerdo con la liberación. En 2019 vinieron helicópteros y desde ahí dispararon a los jóvenes en Sacaba”, relató otra mujer en Bolivia TV.
