Marco Rubio de gira refuerza la estrategia de control regional bajo el discurso antidrogas
La gira del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio por Ciudad de México y Quito, Ecuador volvió a poner en primer plano la estrategia del Departamento de Estado y el Comando Sur norteamericanos, para América Latina y el Caribe. Bajo la bandera de la cooperación contra el narcotráfico, Washington despliega una estrategia que combina presión política, acuerdos militares y condicionamientos económicos. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum negocia con Trump, sin descuidar su propio enfrentamiento con los cárteles desplegados en el país, Daniel Noboa profundiza un plan de securitización y “excepcionalidad democrática” acordes a los intereses de EEUU.
En México, la visita de Rubio y la rúbrica del “Joint Statement on Security Cooperation between the United States and Mexico”, emitido conjuntamente por la Cancillería del país azteca y el Departamento de Estado de EEUU coincidió con la condena en Nueva York al narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada. Las declaraciones de “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa que admitió años de sobornos a autoridades mexicanas, fueron usadas por la Casa Blanca como argumento para exigir mayor firmeza contra la corrupción y el tráfico de drogas.
Por estos días, el gobierno mexicano había enviado 10.000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera y cientos de soldados más al estado de Sinaloa, un importante centro de tráfico de fentanilo, además de haber deportado entre febrero y agosto de este año más de 50 presos de alta peligrosidad, integrantes de diferentes cárteles.
Donald Trump, desde su asunción habló de un México dominado por los cárteles y amenazó con aranceles y operaciones militares si no se “frena” el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. En esas tensiones económicas y geopolíticas se da este acuerdo conjunto.
Sheinbaum recibió a Rubio el 2 de septiembre. La reunión derivó en un comunicado conjunto sobre cooperación en seguridad que incluyó compromisos para reforzar la frontera, combatir el tráfico de drogas y armas, y crear un grupo de alto nivel de seguimiento. El gobierno mexicano, sin embargo, insistió en que todo se hace bajo la premisa de “colaboración sin subordinación”. Ese mensaje de soberanía se volvió central para la mandataria, que enfrenta también las embestidas de sectores de la oposición pidiendo una intervención directa de Estados Unidos en territorio mexicano. Entre ellos, la senadora panista Lilly Téllez recurrió a Fox News para pedir el apoyo de Trump, quebrando el consenso nacional contra la injerencia extranjera.
El trasfondo de este escenario es un país que, aunque muestra una reducción del 25% en homicidios dolosos en el último año, mantiene cifras alarmantes: 65 personas son asesinadas cada día, muchas de ellas en situaciones de violencia ligada a la red de narcotráfico que opera desde hace décadas y ha cooptado sectores políticos, judiciales y mediáticos.
La administración de Sheinbaum impulsa un nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia y coordinación institucional, que marca cierta distancia con la política de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador. Vale recordar que la Administración de Control de Drogas (DEA) es una de las agencias del gobierno de Estados Unidos con mayor presencia en México desde 1992. Durante el sexenio de AMLO, la relación bilateral con la DEA se convirtió en un punto de fricción. Las tensiones se intensificaron en 2020, tras la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, un hecho que el gobierno mexicano interpretó como una intromisión indebida.
Posteriormente, en 2022, se confirmó que López Obrador había ordenado la disolución de la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés), un programa creado en 1997 para “colaborar con la DEA en operaciones antinarcóticos”. En esta unidad, participaron más de 50 agentes mexicanos capacitados por Estados Unidos, cuyo comandante se admitió culpable en 2021 de colaborar a cambio de dinero, con el cártel El Seguimiento 39 asociado con el cártel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva y otros cárteles con sede en México.
La decisión de AMLO representó un cambio en la cooperación bilateral en materia de seguridad, reforzando la postura de su gobierno de recuperar la soberanía frente a las agencias extranjeras y redefinir la estrategia antidrogas desde una óptica nacional.
En esa línea, la aprobación de una ley de Inteligencia, entre el paquete de medidas gubernamentales que permite a la Secretaría de Seguridad a cargo del funcionario de confianza de la presidenta, Omar García Harfuch, acceder a bases de datos biométricos, fiscales y de telecomunicaciones sin orden judicial refleja el giro hacia una lógica de control más amplia. Son indicios de una actitud más agresiva contra el narcoestado paralelo, funcional al crimen trasnacional con asiento en Estados Unidos.
La gira de Rubio continuó en Ecuador, donde el gobierno de Daniel Noboa atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. En Quito, el secretario de Estado dejó abierta la posibilidad de instalar nuevamente una base militar estadounidense y anunció un paquete de cooperación de trece millones y medio de dólares, con drones y entrenamiento militar incluidos. Cínicamente afirmó que “Ecuador es un país soberano, si nos invitan, lo vamos a considerar. Incluso aquí teníamos bases militares anteriormente, nos pidieron que nos fuéramos en los años de Correa. Si nos invitan a regresar, es un punto muy estratégico, lo vamos a estudiar”
También impulsó la designación de bandas locales como “organizaciones terroristas”, ampliando el margen de intervención de Washington. Todo bajo el mismo discurso: sin seguridad no hay inversión.
El gobierno de la elite económica y política que representa Daniel Noboa combina acuerdos con Estados Unidos con un uso intensivo del estado de excepción: desde que asumió en noviembre de 2023 acumula más de 630 días de medidas extraordinarias. A esto se suman reformas legislativas polémicas, como la Ley Orgánica de Inteligencia, que habilita prácticas de espionaje sin control judicial y cuyo articulado más cuestionado fue suspendido por la Corte Constitucional tras denuncias de violaciones a la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.
Lejos de retroceder, Noboa confronta al máximo tribunal y convocó a marchar en las calles contra la propia Corte, luego de que ésta bloqueara parte de su consulta popular. Entre las preguntas más problemáticas de ese referéndum se encuentra la que busca eliminar la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en Ecuador, una medida que hace retroceder décadas al país y la región, en materia de soberanía.
Noboa tiene claro su plan de securitización y punitivismo. Concretó en diciembre de 2024 la instalación de una base militar de Estados Unidos en las islas Galápagos bajo el mismo argumento que circula por estos días: “para operativizar el combate al narcotráfico y narcoterrorismo». De esta manera, revierte la decisión histórica de Rafael Correa que en 2009 expulsó la base de Manta. Así, Ecuador volvió a integrarse al mapa del despliegue global de Washington —con más de 750 bases en 80 países—, mientras crecen las críticas de organizaciones sociales, la CONAIE y la Revolución Ciudadana, que denuncian tanto la injerencia estadounidense como la erosión de derechos y soberanía nacional.
El denominador común en México y Ecuador es la forma en que la agenda de seguridad opera como vehículo de subordinación geopolítica, bajo la doctrina de seguridad norteamericana. EEUU busca consolidar un eje regional alineado a su política de lucha contra “narcoterrorismo”, que habilita desde medidas coercitivas económicas unilaterales hasta operaciones militares como la desplegada en mar caribe para atacar a Venezuela.
EDITORIAL NODAL
