EEUU pagó $4.76 millones a El Salvador en acuerdo para recluir a miembros de Tren de Aragua en CECOT según fundación
Fundación Democracy Forward publica correspondencia oficial sobre el acuerdo entre EE.UU. y El Salvador para recluir a venezolanos en el CECOT. EE.UU. dice en la carta que no asumía responsabilidad de daños por el acuerdo.
El gobierno de Estados Unidos habría entregado un total de $4,760,000 al gobierno de El Salvador como parte del acuerdo para encarcelar a unos 300 miembros de la organización terrorista “Tren de Aragua” (TdA), según una correspondencia publicada por la organización Democracy Forward o “Democracia hacia adelante”.
El acuerdo se dio entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador e implicó la reclusión de 238 venezolanos señalados de ser miembros de TdA por el gobierno estadounidense que fueron encarcelados durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión construida por el gobierno de Nayib Bukele en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur.
“El Departamento de Estado no asume responsabilidad por reclamaciones por daños y perjuicio de terceros que surjan de este acuerdo (…) Por favor firme a continuación y retorne esta carta tan pronto como sea posible”, indica la carta, fechada el 22 de marzo.
El retorno con la firma por parte de El Salvador implicaba la aceptación de “los términos y las condiciones de esta carta”.
El pago se realizó a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, según la misiva dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores. La carta tiene oculto nombre y cargo del remitente.
La comunicación detalló que, el 14 de marzo, el gobierno salvadoreño “comunicó su voluntad de aceptar en su casa aproximadamente 300 miembros de TdA removidos por hasta un año o hasta otra decisión” y que los fondos se destinarían a costos de la detención y no para propósitos distintos.
Según la correspondencia publicada, el gobierno salvadoreño debía proveer, dentro de los seis meses siguientes al final de cada año calendario, un reporte de la actividad financiera relacionada con los fondos proveídos por Estados Unidos.
El acuerdo comprometió al gobierno salvadoreño a no usar los fondos para apoyar individuos u organizaciones designados bajo la Orden Ejecutiva 13818 –personas involucradas en graves abusos de derechos humanos o corrupción– ya sea funcionarios o exfuncionarios, o personas cómplices directa o indirectamente de corrupción, apropiación indebida de bienes estatales, sobornos; o para individuos u organizaciones relacionadas al terrorismo, incluyendo designados bajo la Orden Ejecutiva 13224, así como tampoco a narcotraficantes.
También se prohibió usar los fotos para financiar caravanas migratorias hacia Estados Unidos, procesos de asilo, agencias de Naciones Unidas, promoción del aborto o que no cumpla la Orden 14173 contra la discriminación ilegal.
Los más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador por Estados Unidos entre el 15 y el 16 de marzo de 2022 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La reclusión desató disputas judiciales en las cortes estadounidenses y la presentación de una demanda de habeas corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña.
Llega a Argentina el primer vuelo con deportados de EEUU
Silencio del gobierno de Javier Milei, estrecho aliado del presidente Donald Trump. Según la prensa son 16 pesonas acusdas de delitos migratorios, robo y violencia.
El primer vuelo chárter con ciudadanos argentinos expulsados de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump aterrizará en las próximas horas en el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, reveló el diario Clarín.
Según el periódico, se trata de un Boeing 767-300 de Omni Air International, que sale de Estados Unidos con escalas programadas en Bogotá, Colombia, y Belo Horizonte, Brasil.
Omni es la aerolínea chárter estadounidense contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para operar vuelos de repatriación. A bordo viajarán 16 argentinos acusados de violaciones a la ley federal estadounidense, incluyendo delitos migratorios, robo y violencia.
Desde que Trump endureció sus políticas migratorias, según Clarín, que pone de relieve el silencio del gobierno del presidente Javier Milei, más de 300 argentinos han sido expulsados de Estados Unidos.
La repatriación se produce en un momento en que Buenos Aires busca asegurar un acuerdo sobre el Programa de Exención de Visas y mejorar las condiciones comerciales con Washington.
