Marcha de organizaciones civiles reclama independencia judicial y libertad para críticos del gobierno
Afirman que las capturas y procesos legales no cumplen con el debido proceso y vulneran los derechos humanos de los detenidos. Reclamaron la libertad de presos como Enrique Anaya y Ruth López.
Mientras el país conmemora 204 años de independencia, organizaciones civiles, concejales y diputados de oposición se concentraron este lunes en una marcha pacífica para denunciar la falta de independencia judicial, capturas arbitrarias, poca transparencia en los procesos judiciales y el uso de la fuerza pública para silenciar voces críticas y criminalizar la protesta social, entre otras demandas.
Exigieron, además, la libertad de personas críticas al gobierno como el abogado constitucionalista Enrique Anaya, que este 15 de septiembre cumple 100 días de estar detenido, así como de la abogada Ruth Eleonora López, que también lleva más de 100 días detenida.
Organizaciones marchan para denunciar vulneraciones a derechos humanos en El Salvador este 15 de septiembre. Foto: LPG / Luis Martínez
“El régimen de excepción se ha convertido en un régimen permanente”, aseguraron representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR). El colectivo señaló detenciones arbitrarias, hacinamiento, casos de tortura y muertes en custodia estatal así como la “indiferencia y sumisión” de instituciones encargadas de la justicia y los derechos humanos.
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“Hoy se cumplen 100 días de la captura de Enrique Anaya”, afirmó, por su parte la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS. La legisladora subrayó que detenciones como la de Anaya o la de Ruth López muestran una persistente vulneración de libertades: “La libertad de expresión, la libertad ambulatoria y el derecho a manifestarse pacíficamente están siendo violentados”, afirmó.
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Jaime Quintanilla, abogado defensor de Enrique Anaya, sostiene que su caso judicial presenta irregularidades procesales. Afirmó que el proceso “está en una situación de letargo” porque el tribunal decretó seis meses de instrucción y, según él, ni la Fiscalía ni las autoridades penitenciarias han facilitado las diligencias necesarias ni el acceso regular de la defensa y la familia. Quintanilla denunció que solicitudes de visita y comunicación han sido negadas bajo el argumento del régimen de excepción y advirtió sobre el estado de salud de Anaya, al que describió como “delicado” por enfermedades crónicas y baja inmunidad, condiciones que agrava el encierro y el hacinamiento en centros penales.
Quintanilla sostuvo además que la detención de Anaya responde a una dinámica de “callar voces críticas” y anunció que agotarán los recursos judiciales disponibles, incluyendo solicitudes de vigilancia y apelaciones en instancias superiores.
Simón Paz, concejal del FMLN por San Salvador Centro, participó en la movilización y dijo que la marcha servía para visibilizar “las atrocidades que el régimen de Bukele está cometiendo en este país”. Paz afirmó que el temor se ha generalizado en las comunidades y reclamó políticas públicas que atiendan la crisis económica real, en vez de “promover la ilusión” de un país próspero. Hizo además un llamado a la juventud a organizarse y participar en las luchas por derechos laborales y pensiones dignas.
Organizaciones internacionales han instado al Estado a garantizar que cualquier medida excepcional no vulnere derechos fundamentales de los ciudadanos. Desde el Ejecutivo, la defensa oficial del régimen de excepción se sostiene en la necesidad de combatir la delincuencia y en los resultados que atribuye a la reducción de homicidios y la mejora de la seguridad; sin embargo, para las organizaciones que hoy marcharon esos logros no pueden conseguirse a costa de la erosión de la democracia y del Estado de derecho.
