Ecuador: así fue el segundo día de protestas tras eliminación del subsidio al diésel
El segundo día de protestas en Ecuador por la eliminación del subsidio al diésel estuvo marcado por bloqueos en varias provincias, la declaratoria de estado de excepción en siete jurisdicciones y una multitudinaria marcha en Cuenca en defensa del agua. Transportistas, indígenas y colectivos sociales rechazaron el incremento del combustible y advirtieron que las medidas del Gobierno de Daniel Noboa afectan a los sectores más vulnerables.
Noboa decreta nuevo estado de excepción en 7 provincias por grave conmoción interna
Estado de excepción y control militar
A través del Decreto Ejecutivo N.º 134, el Gobierno declaró el estado de excepción en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, con una vigencia inicial de 60 días. La medida faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a resguardar el orden público, controlar vías y restringir temporalmente la libertad de reunión en zonas donde se detecten riesgos a la seguridad. Noboa justificó la decisión en la “grave conmoción interna” generada por las protestas.
En ciudades como Latacunga y Otavalo se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, así como cierres de carreteras. El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en varias provincias.
Bloqueos y reclamos sociales
Los gremios de transporte denunciaron que el incremento del precio del diésel a $ 2,80 por galón encarece en más del 30 % sus operaciones, lo que podría traducirse en un aumento de pasajes para los usuarios. “La tarifa del bus en Quito debería ser 46 centavos”, expresó Luis Haro, del Corredor Central Norte, quien advirtió que las compensaciones ofrecidas por el Ejecutivo solo cubren ocho meses.
Eliminación del subsidio al diésel: FUT hace un llamado a radicalizar protestas
Tensiones políticas y sociales
Mientras el Gobierno insiste en que la eliminación del subsidio es necesaria para sanear las finanzas públicas y frenar el contrabando de combustibles, alcaldes y dirigentes sociales advierten un impacto directo en las familias. Pabel Muñoz, alcalde de Quito, responsabilizó al Ejecutivo por el inminente aumento de pasajes y recalcó que “el transporte público es una política social”.
Los líderes indígenas, por su parte, dieron un plazo de ocho días al presidente Noboa para atender sus demandas, bajo amenaza de un levantamiento popular. La Conaie ratificó que mantendrá la presión en las calles hasta que se revierta la medida.
¿Qué pasa en Cuenca?
En la capital azuaya se formó un “quinto río” para rechazar el proyecto minero Loma Larga. Bajo la consigna “Quimsacocha no se toca”, campesinos, estudiantes, colectivos sociales, autoridades locales y líderes indígenas recorrieron las calles hasta llegar al centro de la ciudad, donde se leyó un manifiesto en defensa del agua.
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La masiva convocatoria, respaldada por el alcalde Cristian Zamora y el prefecto Juan Cristóbal Lloret, superó las expectativas y congregó a más de 90.000 asistentes, según cifras municipales. Durante la marcha se corearon consignas y se exhibieron pancartas que resaltaban la importancia del agua frente a la minería. El ex candidato presidencial Yaku Pérez lideró el bloque y aseguró que la movilización enviaba un mensaje no solo al presidente Noboa, sino también al mundo, sobre la necesidad de proteger los páramos y enfrentar el cambio climático.
El proyecto Loma Larga, a cargo de la canadiense Dundee Precious Metals, prevé una inversión de hasta 500 millones de dólares para extraer oro, plata y cobre, pero la oposición ciudadana mantiene en vilo su futuro. Aunque el propio presidente Noboa admitió que hay una “altísima probabilidad” de que no se ejecute, los colectivos temen que la licencia ambiental concedida en junio sea un precedente para avalar otras explotaciones en zonas de recarga hídrica. La marcha de Cuenca, así, se consolidó como uno de los puntos más fuertes de presión dentro de las protestas nacionales.
Es así que como la segunda jornada de protestas deja en evidencia un escenario de alta tensión política y social en Ecuador, donde la convergencia de reclamos económicos, ambientales y comunitarios ha multiplicado los frentes de conflicto.
La Marcha del Agua, en Cuenca, registró una masiva convocatoria
Los cuencanos recorrieron 26 cuadras, en una protesta pacífica a favor del cuidado del agua.( API )
Colectivos ciudadanos, agricultores, organizaciones indígenas y autoridades locales, se congregaron la mañana del 16 de septiembre en la Plaza de San Roque, en el centro de Cuenca, para marchar en defensa del agua y la vida.
Desde las 07:00, equipados con pancartas, banderas y hasta monigotes, los cuencanos se alistaron para recorrer 26 cuadras hasta la Catedral, en rechazo al proyecto minero Loma Larga. Aseguran que la actividad extractivista contaminará el agua de Cuenca, por lo que buscan que se suspenda.
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«Son tres informes, al menos, que coinciden con la contaminación de una zona altamente sensible que dota de agua a la ciudad de Cuenca y, por eso, la reacción de la ciudad», dijo en Contacto Directo el alcalde Cristian Zamora.
El rechazo también llega por lo que Zamora denominó como «una serie de irregularidades» en la delimitación del predio del proyecto.
Cuenca protesta contra la minería
Una convocatoria masiva se observó en el centro de Cuenca, hasta donde llegaron miles de ciudadanos para sumarse a la marcha en defensa del agua.
La manifestación pacífica comenzó a las 09:00 con una ceremonia ancestral y avanzó liderada por el alcalde Cristian Zamora, concejales y otras figuras, como la Reina de Cuenca.
El burgomaestre resaltó que la marcha no era en contra de nadie, sino «a favor del agua de El Cajas, del páramo, que está muy clavado en el espíritu de los cuencanos».
Una ligera lluvia se registró desde temprano en la ciudad y Zamora señaló que era un recordatorio del ciclo del agua y su importancia.
«Mañana, el litro de agua va a ser más caro que cualquier onza de oro o barril de petróleo y eso es lo que el día de hoy tenemos que preservar», dijo Zamora
También calificó como un «error del presidente» la declaratoria de estado de emergencia en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo. «Nada iba a parar esta expresión ciudadana», agregó.
El Gobierno rechaza la postura del Alcalde Cuenca
La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, cuestionó en su rueda de prensa semanal la participación del alcalde Zamora en la marcha por el agua. Dijo que ha incumplido con una sentencia ambiental precisamente a favor del agua.
Hace poco, un tribunal ordenó a la alcaldía de Cuenca una reparación integral para cuidar la biodiversidad y el agua en esa ciudad. «Estaría bueno preguntarle al Alcalde si ha dado cumplimiento con esto, que es una orden emitida por un tribunal. Yo les puedo contestar que no ha cumplido. Entonces, con qué calidad política y moral hoy es una de las principales voces que está llamando a los cuencanos a marchar por el agua», resaltó.
El Concejo Cantonal de Cuenca rechazó toda la actividad minera
En sesión ordinaria, el Concejo Cantonal resolvió rechazar toda actividad minera que ponga en riesgo la salud de las y los cuencanos.
Además, dispuso al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, además de a sus empresas públicas y entidades adscritas, que brinden todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de la movilización de este 16 de septiembre, «garantizando que se lleve a cabo en las mejores condiciones».
Para ello, también exhortaron a la Policía Nacional a disponer de todas las garantías y el contingente necesario para asegurar la seguridad de los ciudadanos que participen en esta manifestación pacífica.
Así propone Daniel Noboa reducir el número de asambleístas con la pregunta corregida que envió a la Corte Constitucional
Luego de que la Corte Constitucional (CC) desestimó una primera pregunta del presidente Daniel Noboa para reducir el número de asambleístas, el mandatario volvió a remitir una nueva interrogante corrigiendo las observaciones que hizo el organismo de control constitucional.
El Ejecutivo insistió con su intención luego de que el 15 de septiembre, la CC rechazó la pregunta que tenía el mismo objetivo, tras examinar que no procede, ya que «omitía datos fundamentales, como el hecho de que la Asamblea Nacional pasaría de 151 a aproximadamente 73 integrantes”.
“Esta ausencia de información dificultaba que el electorado comprenda con precisión el alcance de la propuesta y sus efectos en la representación democrática por provincia, lo que no satisface plenamente los principios de claridad y lealtad previstos en los artículos 103 y 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, dictaminó la CC.
En su nueva propuesta de enmienda constitucional, el Gobierno plantea enmendar los numerales 1 y 2 del artículo 118 de la Constitución para que la Asamblea Nacional del Ecuador esté conformada por 10 asambleístas elegidos por circunscripción nacional, y un asambleísta elegido por cada provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes, de acuerdo con el último censo nacional de la población. Los asambleístas de las regiones, distritos metropolitanos y circunscripción del exterior que se seguirán eligiendo de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley Orgánica Electoral.
Asimismo, el documento enviado a la Corte Constitucional contextualiza que, actualmente, “en aplicación del censo nacional de 2022, la Asamblea Nacional se encuentra conformada por 151 asambleístas; 15 son elegidos por circunscripción nacional, 57 por circunscripciones provinciales, y 6 por distritos electorales del exterior elegidos de acuerdo al actual artículo 150 de la Ley Orgánica Electoral”.
Sin embargo, en la propuesta el Ejecutivo vuelve a cometer una imprecisión, pues detalla que son 57 legisladores por circunscripciones provinciales, cuando, actualmente, son 130.
En este marco, el texto plantea que con la presente enmienda, si se aplicara el mismo censo nacional 2022, la Asamblea Nacional estaría conformada por 73 asambleístas: 10 elegidos por circunscripción nacional, 57 por circunscripciones provinciales, y 6 por distritos electorales del exterior elegidos de acuerdo al actual artículo 150 de la Ley Orgánica Electoral.
Con estos fundamentos, el Ejecutivo plantea la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?
Mientras que el anexo de la nueva iniciativa dice:
Sustitúyase el artículo 118 de la actual Constitución con el siguiente texto: “Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. La Asamblea Nacional se integrará por: 1. Diez asambleístas elegidos en circunscripción nacional. 2. Un asambleísta elegido por cada provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes, de acuerdo con el último censo nacional de la población. 3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos metropolitanos, y de la circunscripción del exterior.”
Disposición transitoria: La Asamblea Nacional en el plazo de 90 días desde la proclamación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial, realizará las reformas legales respectivas para cumplir con esta reforma constitucional.
En el documento enviado a la Corte Constitucional, el Ejecutivo asegura que “la propuesta respeta los límites formales y materiales de la enmienda constitucional en cuanto a que: no altera la estructura fundamental de la Constitución; no altera la estructura del Estado; no modifica el régimen de derechos de manera regresiva; y, no cambia el procedimiento de reforma».
El organismo deberá pronunciarse sobre esta nueva pregunta. (I)
