Tras descertificación de EEUU, analistas advierten graves consecuencias económicas, jurídicas y diplomáticas para el país
De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, los analistas coinciden en que el próximo gobierno enfrentará un doble reto: reconstruir la confianza internacional y demostrar con hechos que Bolivia puede ser un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico.
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó a Bolivia de la lista de países que combaten el narcotráfico por haber “incumplido manifiestamente” sus compromisos internacionales en la materia, según un comunicado del Departamento de Estado.
Washington advirtió que los países que no atiendan sus responsabilidades como lugares de origen y tránsito de drogas “enfrentarán graves consecuencias”. Sin embargo, aclaró que mantiene como “vital” la asistencia a Colombia, Bolivia, Venezuela y Birmania en el marco de la cooperación antinarcóticos.
Respecto a Bolivia, el informe reconoció “medidas positivas” en incautaciones y colaboración con la justicia de EEUU, citando el caso del ex jefe antidrogas Maximiliano Dávila. Pero subrayó que el país “aún tiene mucho trabajo por delante para garantizar que no sea un refugio para los grupos narcotraficantes”.
La certificación es un mecanismo que Washington aplica desde 1986 para evaluar el desempeño de más de 20 países productores y de tránsito de drogas.
Impacto económico y político para Bolivia
Desde el set de Yo Elijo, EL DEBER contó con un panel de opinadores que compartió su análisis. Rodrigo Lema, corresponsal en México, explicó que esta decisión, aunque predecible, no debe subestimarse en el actual contexto de crisis económica y transición política que vive Bolivia.
“El impacto más inmediato de la descertificación es económico: la Ley de Asistencia Exterior de EEUU establece que un país que incumple sus compromisos antinarcóticos no puede acceder a una parte significativa de la cooperación bilateral. Aunque en los últimos años esta ayuda no ha sido central en el presupuesto boliviano, sí limita la cooperación en áreas de interés estratégico”, dijo a EL DEBER.
De forma indirecta, agregó, las consecuencias son más severas porque Estados Unidos tiene influencia decisiva en organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID. “Una señal negativa desde Washington puede traducirse en mayor escrutinio o incluso oposición a la aprobación de nuevos créditos para Bolivia, elevando la percepción de riesgo país y alejando a potenciales inversionistas extranjeros”, señaló.
Lema advirtió que la imagen internacional de Bolivia se ve deteriorada por percepciones de ser un “santuario” para criminales buscados por la justicia internacional, como se evidenció en los casos del uruguayo Sebastián Marset y otros narcotraficantes extranjeros que encontraron refugio en territorio boliviano, especialmente del PCC y la mafia de los Balcanes.
“Molesta en la región que Bolivia aparezca al mismo nivel que Birmania o Venezuela, y preocupa que actores ligados al cartel de los Soles —con Nicolás Maduro a la cabeza— tengan vínculos directos con la actual administración boliviana”, subrayó.
El corresponsal comparó la situación con México, donde las presiones de la Casa Blanca llevaron a extradiciones de capos y al despliegue de miles de efectivos en la frontera. “Habrá que ver cuál será la presión que EEUU ejercerá ahora sobre Bolivia para que responda de manera efectiva en la lucha antidroga”, indicó.
Políticas criminales ineficaces, según abogado
Wálter Suárez, abogado penalista, aportó una mirada desde el ámbito jurídico al señalar que la descertificación reiterada de Bolivia —18 veces desde 2008— revela la falta de eficacia en las políticas criminales asumidas por el Estado.
“El narcotráfico es un delito transnacional y requiere políticas claras y eficaces. Si EEUU descertifica de forma continua, eso significa que las medidas aplicadas no han sido ni efectivas ni sostenibles. No basta con leyes en el papel: deben aplicarse en la práctica”, sostuvo.
Suárez observó que el Estado boliviano cuenta con herramientas normativas que no se ejecutan de manera adecuada, como la Ley 913 de 2017, que incorpora la figura del “colaborador eficaz”. “En países como Perú, Argentina o Colombia ha permitido desarticular organizaciones criminales, pero en Bolivia no se aplica de forma real. Tenemos políticas criminales, pero ineficaces porque no se cumplen en los procesos judiciales”, agregó.
En cuanto al impacto real de la descertificación, el penalista consideró que no solo afecta lo económico, sino que genera una sensación de inseguridad jurídica generalizada. “El derecho penal busca prevenir y sancionar. Si el Estado no aplica con rigor las herramientas de prevención y castigo, la percepción social es de impunidad, y esto alienta la criminalidad organizada”, explicó.
Además, cuestionó propuestas simplistas como aumentar las penas o construir más cárceles: “Está demostrado que endurecer las sanciones no reduce la criminalidad. Lo que se necesita son leyes procesales eficaces, cooperación internacional real y una aplicación efectiva de la normativa existente”.
De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, los analistas coinciden en que el próximo gobierno enfrentará un doble reto: reconstruir la confianza internacional y demostrar con hechos que Bolivia puede ser un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico, al mismo tiempo que responde a las exigencias de inversión extranjera directa que han formado parte de las promesas de campaña.
“La tarea del nuevo presidente será monumental: hereda una economía interna en crisis y una relación con EEUU marcada por la desconfianza. No solo deberá negociar con Washington, sino también mostrar resultados internos con políticas criminales y judiciales eficaces”, advirtió Suárez.
