Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Danilo Rueda *
Una reforma a la justicia que ampare la justicia social y ambiental, basada en las verdades todas y de todos, ante una justicia sin justicia eficaz, oportuna.
La condena contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal como determinador, tal como se presentó en una sustentación oral de más de 10 horas, cerca de 1.000 páginas, la jueza Sandra Heredia es significativa ante la impunidad que reina. La decisión en derecho despertó las pasiones ideologizadas y políticas con descalificaciones, señalamientos, y más acusaciones, ahogando la discusión de fondo la gravedad de haber usado el poder político para una operación criminal que evitara la verdad y asegurara la impunidad.
Y al tiempo, dejó al descubierto la ineficacia judicial por la ausencia de celeridad en la investigación, la desigualdad ante la ley que propicia ser aforado, y la incredulidad de una sociedad en la imparcialidad de la justicia por su politización a favor de unos sectores y la corrupción que también la ha salpicado.
El transcurrir de la lectura del fallo, en algunos momentos con una ironía cuestionable, muestra como el fraude y soborno es parte de las técnicas de los poderosos para construir un derecho de impunidad e inmunidad. El caso, de más de una década, iniciado por el entonces representante a la cámara Iván Cepeda quién presentó al país las delicadas informaciones de testigos, privados de la libertad, sobre la vinculación de los hermanos Uribe (Álvaro y Santiago) con la estrategia paramilitar del Bloque Metro, entre otros, nunca fue investigado.
Lo que se investigó tiempo después fue la actuación contra derecho del exsenador Uribe contra el senador Cepeda. En el proceso está descartado de plano que la Corte Suprema de Justicia haya ordenado ilegalmente la interceptación de comunicaciones y que el senador Cepeda haya usado medios contra derecho para afectar al expresidente. Habrá apelaciones y segundas instancias, pero es necesario ir más allá.
El embrujo como sistema de operación criminal ha quedado al descubierto. Entre ellas, los testigos a favor del expresidente muestran hilos de pertenencia a la estrategia narcoparamilitar desde la década de los 80, y evidencian técnicas y mecanismos del poder para asegurar su impunidad. El proceso publicitado nos abrió la posibilidad de un reencuentro con la memoria de un país en el que el poder se ha usado con medios encubiertos y estrategias de Estado para exterminar sectores sociales y políticos.
En los días de audiencia de este caso pasamos por un historial de nuestros últimos 35 años en los que sectores del establecimiento, con diversas instancias de poder militar, policial y civil, desarrollaron con torturas, asesinatos, desapariciones, masacres, desplazamientos, despojos, vínculos con el narcotráfico y el engaño cuando no la corrupción del aparato judicial para constituir un tipo de sociedad y de Estado.
Un proceso judicial convertido en un ejercicio de nuestra dolorosa memoria de horrores que siguen sin verdad judicial, sin justicia, que quizás nunca se obtendrán, y que en la emocionalidad de nuestra polarización, nos impedirán una transformación estructural de nuestra sociedad en valores, tales como la verdad, la convivencia, el respeto a la diferencias y las justicias, y por consiguiente del mismo Estado.
Este proceso judicial es cómo el reflejo de una tragedia que se repite en el tiempo y que muy parcialmente hemos conocido en la justicia ordinaria, en los Tribunales de Justicia y Paz, y los atisbos que se han dado en la Jurisdicción Especial de Paz, JEP y, sobre todo, en expresiones extrajudiciales en la literatura, el cine, las investigaciones ciudadanas y el periodismo.
El conjunto de conductas en las que se presume la responsabilidad determinante en desarrollo de la estrategia paramilitar, del uso de organismos de seguridad del Estado para perseguir opositores, la ejecución de civiles como positivos en la lucha contra los grupos insurgentes, y la desviación de la justicia, permanecen impunes. Este proceso judicial mostró roles, encadenamientos internos, configuración de entramados criminales con pretextos contrainsurgentes, usando la ley y las disposiciones de seguridad institucional contra la integridad de otros ciudadanos con derecho a existir con independencia de sus ideas y sus formas de habitar sus territorios.
Esa memoria nos permite vernos en un presente en el que la magnitud de esa estrategia pervive hasta hoy con nuevas técnicas para sus propósitos inconfesables Estamos ante una síntesis, posiblemente, tímida, de la memoria de centenares de víctimas, de la documentación de organizaciones de derechos humanos, y de la investigación periodística, así como, de algunos operadores judiciales que obraron en derecho revelando una criminalidad que ha cimentado nuestra democracia y un tipo de cultura social.
Pudimos reconocer el retazo de esa verdad por testigos y partícipes en esta operación criminal, que decidieron romper los círculos de impunidad. Así se produjo un encuentro en la distancia entre las memorias y las verdades de sobrevivientes y algunos de sus verdugos.
El prontuario amplio que continúa en la impunidad está referido al favorecimiento en la Aeronáutica Civil del narcoparamilitarismo, a estructuras de estrategia paramilitar y sus referencias geográficas. Los 12 Apóstoles, La Carolina, Parqueadero de Padilla, la muerte de Juan B. Moreno, la Guacharacas, La Mundial, San Roque, Ituango, El Aro, La Balsita, El Septiembre Negro, Génesis, las Convivir, el Bloque Metro ,el extinto DAS, las ejecuciones de civiles, desplazamientos y despojos, entre otros.
Existen evidentes hilos conductores más allá del negacionismo, y la tergiversación con la que se quiere defender a toda costa otra verdad justificatoria de violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad.
El conjunto parece evidenciar patrones en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que siguen siendo como una suerte del azar investigados por una paquidérmica justicia, mientras otros casos ya tienen el infortunio que están en los anales de la impunidad. Siempre en las operaciones judiciales los pocos sancionados son personas que estaban distantes de ser los máximos responsables o los beneficiarios o los planificadores
También observamos que ninguna de las instancias de justicia interna posibilitarán la rendición de cuentas acerca de millares de casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. El derecho a la verdad y a la justicia permanece como deuda pendiente.
Es por esta razón que la sanción, en primera instancia, contra Álvaro Uribe se convierte en un hito, pero al mismo tiempo en la necesidad de una discusión profunda sobre nuestros aparatos judiciales ¿Qué hacemos con una justicia que no propicia justicia? ¿Qué hacemos con una justicia con deudas con millones de víctimas entre todos los que han participado directamente en nuestra guerra fratricida, en la corrupción, en el desarrollo corporativo nacional e internacional en el exterminio sindical, en el desarrollo del modelo extractivo?
En este recorrido observamos que las justicias para los aforados permiten en el tiempo saltar de un lado a otro, en un juego que favorece su impunidad. Derecho de unos, nunca de todos. Derecho del que no gozan las víctimas ni los de a pie. Si de verdad queremos hablar de igualdad ante la ley, principio liberal, es necesario que los expresidentes y presidentes, y todos los poderes que tienen ese privilegio, se asuman como cualquier ciudadano, mucho más con sus mayores responsabilidades como parte del poder.
Terminar los fueros asegurando para todos los ciudadanos el ser respetado en su dignidad, y de todos presumir su inocencia, y con el derecho a un debido proceso dar credibilidad a la igualdad ante la ley.
Así habría que abolir la desprestigiada cámara de absoluciones. Una revisión de la justicia en esa perspectiva liberal supone que expresidentes, senadores, eclesiásticos, militares, empresarios y agentes de Estado y terceros deben someterse a un mismo aparato judicial.
Este caso, como en el de Chiquita Brands, Drummon, y centenares más que demuestran la asimetría ante la ley, debería llevarnos a asumir como sociedad la comprensión de las graves consecuencias de la impunidad, y la necesidad de una justicia pronta, creíble y eficaz. En una sociedad fanatizada su insanidad lleva a la burla del derecho, a su banalización y a la intervención imperial. Un ambiente así que fortalece sorderas y lealtades, en medio de lo cual se desmorona la verdad. Cada quien desde su polo político desconoce o no una decisión judicial.
Es quizás el tiempo de asumir como sociedad el reto de impulsar una reforma de fondo a la justicia, reconociendo ese acervo emocional nocivo, de discutir reformas constitucionales que garanticen la no repetición. Es necesario discutir también, sobre las justicias transicionales, sobre la idoneidad y los mecanismos de elección en la rama judicial y el sistema carcelario.
En esta perspectiva es tiempo de evaluar y de derogar leyes como la 1908 de 2018, que desnaturaliza la realidad del conflicto social, político y armado, que mezcla las diversas violencias con las valoraciones que proyectan las fuerzas regulares del Estado y su visión del enemigo interno. La justicia se convierte, así, en una suerte de prolongación de la guerra contra un enemigo interno que se va construyendo con narrativas oficiales, resonadas por los medios masivos, así el justiciero se hace guerrero.
Es necesario, en un proyecto de país, con todas las fuerzas políticas, y con las diversas expresiones ciudadanas, acordar una reforma a la justicia, acompañada de otras de progresividad en la inclusión social, ambiental y la paz. De lo contrario, seguiremos en el mismo circuito de impunidades y de democracias para unos, que acumulan poder político y económico con total protección –e impunidad– ante la ley.
Un aliciente a venganzas, a odios, a violencias y al modelo de economía. La justicia carece de rostro de justicia para la mayoría. Si las pocas decisiones judiciales están lejos de asegurar transformaciones en pro de la coexistencia y el bienestar y de un país capaz de resolver sus contradicciones racional y razonablemente en un Estado Socio Ambiental de Derecho, las decisiones jurídicas como hasta hoy solo serán una formalidad simbólica que nada transforma.
En este tiempo electoral el poder consciente, imbuido de sensatez, puede proponer salidas con la verdad de todas y todos en mecanismos judiciales y extrajudiciales novedosos que permitan el reconocimiento de responsabilidades y zanjen la impunidad estructural. Una reforma que proyecte un mecanismo de justicia que posibilite con tránsitos económicos, sociales, culturales, ambientales, además de una rendición de cuentas de todas las violencias, sus causas y sus motivaciones, y propicie en sus decisiones la invalidación del ejercicio del poder y la economía con la violencia, la corrupción y las leyes de poderes corporativos.
El embrujo se resquebrajo pero aún la impunidad del sistema sigue vigente.
*Defensor de Derechos Humanos y Paz AmbientalDesde Abajo
