Jóvenes en las calles: la generación Z protesta contra la reforma previsional en Perú
Perú acaba de vivir un fin de semana de movilizaciones masivas que marcan un punto de inflexión político. Miles de jóvenes de la llamada generación Z (13 a 28 años) coparon la plaza San Martín en Lima y otras ciudades para rechazar la reforma del sistema de pensiones y cuestionar la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. La protesta se dio mientras la presidenta viajaba a Nueva York para participar de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, dejando en evidencia una disociación entre las prioridades oficiales y las demandas populares en las calles.
El detonante fue la Ley N.º 32123, sancionada el 5 de septiembre de 2025, que obliga a toda persona mayor de 18 años a afiliarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o al sistema público de pensiones (ONP). Quienes no elijan en un plazo de 12 meses serán inscritos automáticamente en la ONP. Los manifestantes denuncian que la norma implica descuentos obligatorios incluso para quienes trabajan de manera informal, temporal o independiente, y limita la libre disposición del ahorro para la jubilación.
El malestar no se limita a las pensiones. El 9 de septiembre comenzó una huelga indefinida de trabajadores de la salud en el altiplano, que denuncian la ausencia de tomógrafos, medicamentos esenciales y prótesis. La respuesta del Ejecutivo fue aplicar descuentos salariales y perseguir al gremio médico. En paralelo, el Congreso de la República aprobó la contratación directa de un seguro médico privado con la aseguradora Rímac, por más de 9,5 millones de soles para el periodo 2025-2026. El plan incluye atención en clínicas privadas de Lima y segundas opiniones médicas en el extranjero, con coberturas de hasta 35 mil dólares por persona. El beneficio alcanza a los 130 congresistas, así como a sus esposas, hijos y padres.
Una generación precarizada y con incertidumbre
El rechazo a la reforma se funda en una realidad laboral frágil. Según datos de IPSOS, la generación Z representa aproximadamente el 21 % de la población peruana y el 41 % de ese grupo ya está trabajando. Sin embargo, el 47 % planea cambiar de empleo en los próximos seis meses, pese a que un 76 % valora las oportunidades de aprendizaje y un 63 % ve posibilidades de ascenso. La brecha salarial de género se mantiene en un 20 % y solo un 5 % de los trabajadores LGTBIQ+ se siente libre en su empleo.
Estas cifras reflejan una situación general laboral marcada por una informalidad que supera el 70 % y una pobreza que afecta a más del 27 % de la población. La generación Z exige algo más que un empleo: busca un modelo híbrido, salud mental, inclusión, salario justo y coherencia ética de las empresas. Su consigna “Mi pensión, mi decisión” es también un reclamo por autonomía económica y derechos laborales.
Manifestaciones y represión
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció el uso desproporcionado de la fuerza represiva policial y el bloqueo de líneas telefónicas durante las marchas. La Asociación Nacional de Periodistas registró al menos seis ataques a periodistas en la cobertura de las manifestaciones en el centro histórico de Lima.
Esta represión reactiva la discusión sobre las garantías a la protesta pacífica y la libertad de prensa en un país que aún no otorga justicia por las muertes ocurridas en las protestas de 2022 y 2023.
En paralelo, la agenda institucional suma tensión. La fiscal general Delia Espinoza, que había solicitado cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori por “actividades contrarias a los principios democráticos”, fue destituida por la Junta Nacional de Justicia. Por otro lado, el gobierno prorrogó además por 60 días el estado de emergencia en distritos de Ayacucho y zonas de hidrocarburos, alegando la persistencia de amenazas de terrorismo interno.
Perú y la disputa global
Mientras las calles se llenan de jóvenes, el país está en el centro de una competencia global enmarcada en el G2. En los últimos 20 años, Perú se ha convertido en un punto estratégico de interés para las dos principales potencias mundiales: China y Estados Unidos.
China avanza con megaproyectos como el puerto de Chancay, con más de tres mil quinientos millones de dólares de inversión y un impacto estimado de 4.500 millones anuales en la economía peruana. En este periodo las inversiones de China en Perú alcanzaron los 13.774 millones de dólares, lo que equivale al 12% de toda la inversión extranjera directa recibida por el país en ese período. Eso convierte a China en el mayor inversor asiático en Perú y en el tercer mayor a nivel global.
Mientras, Estados Unidos refuerza su influencia en seguridad y control político. En Perú, al igual que en otros países de la región, la securitización se ha convertido en una estrategia alineada a los intereses de Washington. Este enfoque no es solo militar: articula control social, lawfare, alianzas mediáticas y marcos judiciales que limitan los mecanismos democráticos. La llegada en junio de Erik Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater (hoy Academi), encendió alertas sobre un posible modelo de seguridad privatizado.
Un panorama abierto
Perú enfrenta un dilema. Puede sostener un modelo que prioriza la estabilidad macroeconómica y la atracción de inversiones extranjeras con concentración de riquezas y exclusión de las mayorías, o puede dar respuesta a una generación que exige empleo digno, pensiones justas, inclusión y democracia real. Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, el descontento juvenil será un factor decisivo.
La juventud ha pasado de ser espectadora a protagonista. Su irrupción en las calles muestra que el debate sobre el futuro del país no se limita a la élite política ni a las grandes potencias que disputan influencia en la región. La cuestión central es cómo construir mayorías populares que incluya a quienes hoy exigen, desde la calle, un Perú más equitativo y democrático.
