Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Francisco Vizconde *
El 12 de setiembre de 1992 marcó un punto de quiebre en la historia del Perú. Ese día, tras doce años de violencia terrorista, fue capturado Abimael Guzmán Reinoso, autodenominado “presidente Gonzalo” y líder máximo de Sendero Luminoso. El hecho representó un hito en la lucha contra el terror, pero también abrió un debate que persiste hasta hoy: ¿por qué aquella victoria no se tradujo en una democracia sólida, inclusiva y duradera?
El contexto de violencia
El país vivía bajo el asedio de Sendero Luminoso desde mayo de 1980, cuando la organización decidió iniciar la llamada “lucha armada”, en un momento en que el pueblo peruano había optado por la ruta democrática tras décadas de dictaduras militares.
Doce años después, el saldo era devastador: más de 200 masacres perpetradas por Sendero, como la de Lucanamarca (1983), donde 69 comuneros fueron asesinados con extrema crueldad; o la de Ccano (1991), en la que murieron más de 30 personas, incluidos nueve menores. El ataque más recordado en Lima fue el atentado de Tarata (1992), que dejó 25 muertos, 130 heridos y más de 300 familias damnificadas.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre 1980 y 2000 el conflicto armado interno ocasionó 69,300 víctimas fatales, de las cuales casi el 50% fueron responsabilidad de Sendero Luminoso.
El papel del Estado y sus sombras
Si bien Sendero Luminoso fue el principal responsable de la violencia, las Fuerzas Armadas y policiales también cometieron violaciones de derechos humanos: las ejecuciones extrajudiciales y entierros clandestinos en el cuartel del Ejército Los Cabitos (1983-1985) y las masacres de poblaciones enteras en las localidades de Putis y Soras (ambas en 1984 en Ayacucho), así como el arrasamiento militar en el río Huallaga (en Huánuco, 1993) y la matanza en el valle de Tsiriari en Mazamari (en Junín, 1993).Estas prácticas dejaron cicatrices profundas y mostraron que el Estado, en su estrategia de contrainsurgencia, también recurrió al terror.
La captura de Guzmán
El 12 de setiembre de 1992, fue capturado Abimael Guzmán. El operativo no fue producto de los “jueces sin rostro” ni de la “colaboración eficaz” promovida por el régimen de Alberto Fujimori tras su autogolpe del 5 de abril de 1992. Fue, en realidad, un trabajo de inteligencia con muchos años de actividad antes de Fujimori.
La captura de Abimael Guzmán fue posible por la persistencia de líderes y lideresas que dieron su vida por la democracia, por las rondas campesinas, los grupos de autodefensa, los grupos de izquierda democrática. La captura tomó por sorpresa incluso al propio gobierno, que se encontraba en actividades ajenas al operativo.
Una victoria no capitalizada
Han pasado más de dos décadas desde aquel día decisivo. La derrota militar de Sendero Luminoso no se transformó en un proyecto democrático de país. No se construyó una visión unitaria basada en inclusión, justicia social y bienestar para las mayorías. Por el contrario, la herencia de la guerra interna fue apropiada por una clase política que asimiló las peores prácticas del autoritarismo, la corrupción y el desprecio por las instituciones.
El rol del pueblo y la sociedad civil
La derrota del senderismo no se explica únicamente por la captura de Guzmán. También fue producto del sacrificio de miles de líderes y lideresas sociales, de las rondas campesinas, los comités de autodefensa y los sectores de izquierda democrática que defendieron la democracia frente al terror. Asimismo, las grandes movilizaciones ciudadanas de 1997 y 1998 marcaron el camino hacia la recuperación de un régimen democrático tras el autoritarismo fujimorista.
La democracia en crisis
Hoy, el Perú enfrenta una nueva precariedad. La democracia, debilitada por décadas de corrupción, clientelismo y mafias enquistadas en el poder, parece incapaz de responder a las demandas de la ciudadanía. El recuerdo de la lucha contra el terrorismo debería servir de advertencia: no basta derrotar al enemigo armado, si después no se construyen instituciones sólidas y un proyecto inclusivo de país.
Del triunfo contra el terror a la crisis actual, el Perú transita un camino de lecciones no aprendidas. La memoria de las víctimas —del terrorismo de Sendero Luminoso y de las violaciones cometidas por el Estado— exige no solo justicia, sino también la recuperación de una democracia real.
Hoy, como ayer, la movilización ciudadana y el compromiso cívico son imprescindibles para enfrentar no a un enemigo armado, sino a la corrupción y al secuestro mafioso de las instituciones.
* Sociólogo peruano, analista de Otra Mirada
