28S Del papel a la clínica: el largo camino del aborto legal en México
*Por Lizeth Mejorada
El 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, es la fecha en que miles de mujeres recuerdan al Estado que decidir sobre nuestros cuerpos no es un privilegio, sino un derecho humano. En México, la Marea Verde ha logrado avances históricos: 24 entidades han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró un derecho protegido por la Constitución. En ese marco, México sin duda es un referente para la región Latinoamericana y para el mundo, pues el movimiento feminista mexicano, ha logrado mucho.
Pero la distancia entre los cambios legislativos y la vida cotidiana sigue siendo abismal. El informe Maternidad o castigo de GIRE documenta que en 2024 todavía se abrieron 272 carpetas de investigación por aborto y que ocho estados mantienen tipos penales que criminalizan a quienes interrumpen un embarazo. Aun en entidades donde el aborto es legal (hasta ciertas semanas), la falta de capacitación del personal de salud, el desabasto de medicamentos y los pocos hospitales que brindan el servicio han generado barreras de acceso que ponen en riesgo la salud y la vida.
La paradoja es evidente: mientras avanzamos legislativamente, la realidad del acceso sigue siendo abrumadora. En Aguascalientes, por ejemplo, se aprobó la despenalización, pero el plazo se redujo de 12 a 6 semanas, una ventana prácticamente inviable para la mayoría de las mujeres. La criminalización del aborto es también una política de precarización del cuidado: obliga a niñas, adolescentes y mujeres —sobre todo indígenas y en situación de pobreza— a asumir cargas de cuidados no elegidos. Cada embarazo forzado es un proyecto de vida interrumpido y una red de cuidados impuesta.
La despenalización social en México
Por el otro lado, en México es real que gracias al trabajo del movimiento feminista, tenemos un aumento del apoyo social en el grueso de la población. De acuerdo con el mismo informe de GIRE, en marzo de 2007 (un mes antes de la despenalización del aborto en la Ciudad de México) el 65.8 por ciento de las personas en el país consideraba que el aborto debía ser un delito. En octubre de 2019 (posterior a la despenalización en Oaxaca que fue el segundo estado en despenalizar el aborto en el país) esa opinión se redujo a 38.4 por ciento, y en julio de 2022 de llegó a un 28.1 por ciento.
Eso quiere decir que seis de cada diez personas en México, están en desacuerdo con que se castigue a las mujeres que se practican un aborto y ocho de cada diez están a favor de leyes que permitan el aborto en alguno o en todos los casos.
Este respaldo social, resultado de un cambio sostenido en la percepción pública, muestra que la lucha feminista no solo ha abierto camino en el marco legal, sino que también ha debilitado los prejuicios que históricamente han criminalizado a las mujeres.
El reto federal y la nueva Suprema Corte
La exigencia central de cara a este 28S es avanzar hacia la despenalización plena del aborto a nivel federal. Esto implica cumplir con la sentencia de la Suprema Corte (Amparo en Revisión 267/2023), que ordena eliminar la tipificación del aborto voluntario en el Código Penal. Las organizaciones feministas también demandan actualizar el Código Penal de la Ciudad de México, cuyo marco legal ha quedado rezagado frente a otras entidades.
La reciente configuración de la Suprema Corte abre un escenario interesante en donde los nombramientos de mujeres indígenas en puestos clave de la SCJN —como Camelia Gaspar Martínez, Karina Regalado y Cristina Solano Díaz— representan una oportunidad histórica para incorporar perspectivas de género, diversidad y territorio en las decisiones del máximo tribunal.
Este 28S debemos que unir nuestras voces para demandar el sacar el aborto del código penal federal y exigir que el acceso de las mujeres se garantice.
#AbortoLegalYA #SeráLeyMéxico
*Lizeth Mejorada Barrios, Feminista, activista y defensora de derechos humanos. Estudió Literatura y Filosofía. Fue Consejera Social del Instituto Nacional de las Mujeres de México. En 2020 fue seleccionada como una de las Lideresas en América Latina de movilidad y género por parte de Women In Motion (WIM).
