Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Magdalena Bas Vilizzio y Angélica Guerra-Barón *
A navegar entre nuevas instituciones internacionales.
La rivalidad entre China y Estados Unidos redefine el panorama geoeconómico latinoamericano. Mientras Washington privilegia acuerdos bilaterales y mecanismos de presión comercial, Beijing avanza con la Iniciativa de la Franja y la Ruta y proyectos vinculados a la mejora de la infraestructura.
Sin embargo, esta competencia trasciende lo económico: implica una tensión entre modelos de gobernanza global y marcos jurídicos internacionales divergentes que obliga a los países latinoamericanos a recalibrar sus estrategias de inserción internacional en el marco de la disputa por la hegemonía mundial. De ahí que valga la pena preguntarse qué lugar ocupa Latinoamérica en esta disputa.
China y Estados Unidos: dos modelos de inserción internacional
La arquitectura jurídica estadounidense
La década de 1980 marcó un hito en la relación económica de Estados Unidos con Latinoamérica con el Consenso de Washington. Además de estrechar relaciones comerciales, el vínculo se construyó con base en la arquitectura jurídica de los tratados de libre comercio —bilaterales o plurilaterales— y los tratados bilaterales de inversiones. Al fallar el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, la red de acuerdos es el espacio propicio para compartir e impulsar valores comunes desde Estados Unidos, en particular el libre mercado, la protección y la promoción de inversiones, pero también los valores del orden liberal internacional: democracia, Estado de derecho y protección de los derechos humanos.
Una característica destacable de estos acuerdos es la inclusión de mecanismos de solución de controversias inversor-Estado, creados bajo el supuesto de dar certeza jurídica y celeridad para los inversionistas extranjeros, lo que generó una suerte de escape a las cortes nacionales hacia el arbitraje internacional.
Conforme a datos del Centro de Políticas de Inversión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estados Unidos es el principal país de nacionalidad de las empresas demandantes. Algunos ejemplos ilustrativos —y controversiales— son Metaclad vs. México (1997), vinculado a la gestión de residuos peligrosos; Philip Morris vs. Uruguay (2010), relativo a medidas de control del tabaco, así como Odyssey vs. México (2020), sobre minería submarina y medioambiente.
Aunque en los últimos tiempos, un caso en particular ha llamado la atención de representantes demócratas y de la sociedad civil: Próspera vs. Honduras (2023). La empresa reclama por la eliminación del régimen de ciudades bajo estatuto, ciudades con normas y jurisdicción privada que Honduras considera inconstitucionales. A modo de ejemplo, un informe de The New York Times alertó que se realicen ensayos clínicos sin tener que cumplir las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos.
El modelo chino: pragmatismo y confianza
La presencia china en Latinoamérica se remonta al éxodo de su población a raíz de la guerra del Opio, siendo Brasil, Cuba y Perú los principales destinos de acogida. Estos países, sobre todo Perú, están culturalmente influenciados por el estilo de negociación empresarial chino que integra la ética confuciana y la burocracia maoísta.
El proyecto mundial de cooperación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, introducido por el presidente Xi Jinping en 2013, es una clara expresión del poder blando chino, en el que predomina la cooperación inclusiva y el pragmatismo. Latinoamérica ingresó tardíamente a la Iniciativa, pues la cooperación marítima implicaba conectividad geográfica entre África, Asia y Europa.
En medio de fuertes críticas geopolíticas por la presencia china en los proyectos estratégicos de infraestructura de los países adherentes que anulan la soberanía (por ejemplo, puertos), y los efectos nocivos derivados del incumplimiento de las obligaciones financieras asumidas en el marco de los proyectos, Latinoamérica se han ido integrado paulatinamente. A partir de 2017, más de veinte países latinoamericanos y caribeños han aceptado ser parte de la ella.
Excepto por Brasil, Paraguay —mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán— y Panamá —retirado por la presión del gobierno estadounidense en 2025—, cada país adherente está ahora inserto en proyectos de cooperación de distinta naturaleza: desde infraestructura física (Argentina, Bolivia-Brasil y Perú), comercio e inversión (Chile, Panamá y Uruguay), cooperación energética (Argentina, Ecuador y Jamaica), desarrollo digital (Argentina, Chile y Cuba), hasta intercambio cultural y académico (Cuba y Perú). Así, el último país que procuró su ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en 2025, fue Colombia.
Impactos diferenciados: las experiencias de Colombia y Uruguay
Colombia: ¿hacia dónde mirar?
La llegada del gobierno de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, en 2022, implicó el giro de la política exterior colombiana: una más cercana al Sur global y alejada de Estados Unidos, el tradicional socio político y comercial de Colombia. Esa transición implicó pasar del Réspice Polum (mirar hacia la metrópoli, la capital del Imperio, o el Norte) a un nuevo estado de cosas: Réspice África o Réspice Asia.
Por supuesto, la identidad política del presidente Petro ha sido el detonante del drástico giro del relacionamiento internacional colombiano. Su autoidentificación como articulador de un proyecto político progresista y su intención de consolidar una plataforma de izquierda para las próximas elecciones, sustentan el giro que el Presidente colombiano quiere imprimirle a la política exterior. Su posición ha incluido el discurso crítico sobre la necesidad de transformar el sistema financiero internacional en el marco del G-77+China, el desarrollo de la banca de desarrollo desde el Sur, hasta iniciar el proceso de adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en 2025, en medio de las tensiones geopolíticas derivadas de la transición del orden comercial internacional impuesto por el presidente Donald Trump.
Así, dos representaciones de grandiosidad han colisionado: la grandiosidad empresarial y personal trumpista expresada en su Día de la Liberación frente a la autoidentificación petrista como abanderado designado del cambio del establecimiento y del orden regional e internacional. Así, como un esfuerzo por encontrarse con sus raíces ideológicas y desalinearse de la política exterior estadounidense, el nuevo centro del gobernante colombiano se ubica geográficamente en África y Asia, así como en Sudamérica con Venezuela, en medio de crisis estructurales, fisuras a la institucionalidad del país e ingobernabilidad. Con esto, la idea de consolidar la integración de Colombia en los esquemas regionales (la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina) se ha debilitado, pero se ha resignificado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mientras que la tensión con los ideales que ahora representa el gobierno estadounidense ha profundizado la histórica alineación de Colombia con los intereses de Estados Unidos.
Uruguay: navega desde el Mercosur
La puja entre las grandes potencias también se manifiesta en escenarios regionales, como el Mercado Común del Sur (Mercosur). Mientras Argentina busca negociar un acuerdo comercial preferencial con Estados Unidos, en la última Cumbre de Presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva fue claro: el Mercosur debe mirar a Asia. La relevancia de China ya es innegable: es el principal destino de las exportaciones de bienes del bloque (27.9%). Si bien fueron evidentes diferencias entre Argentina y Brasil sobre qué temas y desde qué perspectivas deben darse las relaciones intra-Mercosur, hay un punto en el que hay consenso entre todos los miembros: el relacionamiento externo.
La importancia de cerrar negociaciones en curso, avanzar en la aprobación de los acuerdos y abrir nuevos espacios es clave. Allí es donde China juega una carta fundamental, individualmente o dentro de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) o del “triángulo dorado” que compone junto a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Consejo de Cooperación del Golfo. Ya sea mediante negociaciones con los bloques o individualmente con cada integrante, el Mercosur apunta a la región con mayor dinamismo económico del mundo.
Ahora bien, ¿cuál es la situación de los socios pequeños del Mercosur, puntualmente Uruguay? Durante la última década, Montevideo impulsó negociaciones en vista de un eventual tratado comercial con China. No obstante, el interés chino buscaba abarcar todo el Mercosur y sortear algunas discusiones jurídicas sobre la posibilidad de que cada miembro celebre tratados comerciales de manera individual. Asimismo, recientemente, el acercamiento a Asia también se manifestó con el ingreso como Estado 57 en el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, y mediante la participación, como Estado invitado, a la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), celebrada en Río de Janeiro.
En un escenario internacional fragmentado, el minilateralismo permite adoptar decisiones estratégicas en temas complejos y con un impacto mundial. Uruguay aprovecha dichos espacios, sin que esto implique una mirada escéptica al multilateralismo. El acercamiento a Asia tampoco implica un alejamiento de un socio económico clave, como es Estados Unidos, especialmente para las exportaciones de carne vacuna. Es una falacia pensar que países como Uruguay deben elegir entre China o Estados Unidos; la estrategia es la diversificación entre socios estratégicos, no la exclusividad.
¿Oportunidades estratégicas para Latinoamérica?
Aunque referirse a Latinoamérica como una unidad es desafiante por las diferencias que yacen, la coyuntura actual plantea un momento de quiebre en la relación que cada país de la región había sostenido tradicionalmente con Estados Unidos. Los valores liberales tradicionalmente defendidos por Washington y expresados en la liberalización comercial, financiera y de inversión, promueven un cambio del orden internacional centrado en los intereses estadounidenses.
En medio del nuevo estado de cosas que moldea ese gobierno, las rigideces en la región aumentan. La tradicional tensión de México con Estados Unidos por asuntos binacionales estratégicos (migración y narcotráfico) se ha acentuado, por lo que se ha endurecido el concepto de frontera y renegociado los términos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, la política exterior brasileña hacia Washington —cordial, pero autónoma y auténtica—, está fisurada por la presión política y económica que coincide con el gobierno del presidente Lula da Silva. Chile, por el contrario, ha optado por un equilibrio diplomático y moderado hacia Estados Unidos, consistente con el pragmatismo que caracteriza la política exterior chilena. En un sentido similar, Perú se mantiene como un actor pragmático que no aspira a entrar en contradicciones ideológicas para concentrarse en la atracción de inversión estadounidense en sectores estratégicos.
En un sentido amplio, el panorama para Latinoamérica en interlocución con Estados Unidos es delicado. El nuevo acercamiento estadounidense, que privilegia los palos sobre las zanahorias, hace que buena parte de la región deba plantear y repensar con sumo cuidado cómo actuar, manteniendo siempre una sintonía entre las dimensiones nacional e internacional.
La presencia china en la región ofrece una oportunidad de diversificación y de apertura a iniciativas en sectores clave, con una lógica de ganar-ganar y de pragmatismo, propia del estilo de negociación chino. La participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta es un hecho para casi todos los países de la región; así, los términos de los acuerdos (concesión y otros instrumentos privados) que se deriven de la cooperación china con cada unidad deberían ser cuidadosamente negociados para evitar eventuales complicaciones, teniendo presente siempre las dinámicas chinas de estatismo-pragmatismo.
*Bas Vilizzio es profesora agregada de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República e investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Guerra-Barón es profesora catedrática de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá, Colombia) y profesora visitante de la carrera de Derecho y Economía de la Universidad Científica del Sur (Lima, Perú). Es doctora en Ciencia Política y Gobierno, con énfasis en Relaciones Internacionales, por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
