Paro nacional en Ecuador contra un Estado de excepción permanente bajo el modelo de seguridad de Estados Unidos
El décimo día del paro nacional en Ecuador confirmó que la crisis política es la consecuencia de un modelo económico y de seguridad sostenido con ajustes impuestos desde afuera y con la militarización de la vida social. La eliminación del subsidio al diésel, decretada por el presidente Daniel Noboa, fue el detonante inmediato, pero lo que está en juego es mucho más amplio: el rumbo de la democracia ecuatoriana frente a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la creciente injerencia de Estados Unidos en la definición de la política interna.
El 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) llamó a un paro indefinido que rápidamente sumó a estudiantes, organizaciones sociales y sectores urbanos. La respuesta del Ejecutivo fue extender el estado de excepción a 8 provincias y declarar el toque de queda en 5 de ellas. La medida se acompañó de una fuerte represión: dos personas fallecieron en los últimos días, decenas resultaron heridas y más de cincuenta fueron detenidas.
Las demandas iniciales de la CONAIE —derogación del decreto que elimina los subsidios— se ampliaron con el paso de las jornadas. Hoy incluyen diez puntos que van desde la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 al 12 %, hasta la atención urgente al colapso del sistema de salud, el cese de la expansión minera y la liberación de 12 indígenas trasladados a cárceles alejadas de sus territorios. El pliego de exigencias muestra que el paro ya no es solo contra una medida económica puntual, sino contra un modelo de país.
Lejos de atender esos reclamos, el gobierno endureció su narrativa. A través de una campaña mediática, busca instalar la idea de que quienes protestan son “terroristas” o “delincuentes”. Esa estrategia se sostiene con acciones concretas: bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes, suspensión de señales de comunicación comunitaria y causas judiciales contra defensores de derechos humanos y líderes indígenas. La criminalización de la protesta se ha vuelto un eje de la política de Noboa.
⭕ #ATENCIÓN | Hoy Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, intervino en la @DerHumanosAN de la @AsambleaEcuador, donde denunció la represión brutal al #ParoNacionalEcuador.
“Sr. Pdte @DanielNoboaOk, deje de obedecer al FMI. Fortalezca la educación, la salud y respete la vida. No… pic.twitter.com/LD3yhDztoR— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 30, 2025
Recientemente, Marlon Vargas, presidente de CONAIE pidió a la Asamblea Nacional el juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el del Interior, John Reimberg, por la violencia registrada durante las protestas. Denunció el uso desproporcionado de la fuerza y confirmaron dos fallecimientos en el contexto del paro: el comunero indígena Efraín Fuerez, asesinado el 28 de septiembre por impacto de proyectil, y un segundo hombre que perdió la vida tras un accidente en motocicleta cuando intentaba huir del ingreso de militares en la zona de Ibarra.
Lo ocurrido en septiembre tiene raíces en la agenda que el Ejecutivo desplegó durante el último cuatrimestre. Entre junio y agosto de 2025, Noboa impulsó reformas que combinaron ajustes fiscales, reducción del aparato estatal y nuevas medidas punitivas. La Ley Orgánica de Integridad Pública bajó la edad de responsabilidad penal para adolescentes y endureció condenas.
La reducción de 20 ministerios a 14 y de 8 secretarías a 3 significó la desvinculación de unos 5 mil funcionarios. En paralelo, el presidente firmó un acuerdo de cooperación en seguridad con Estados Unidos que prevé intercambio de información biométrica y asistencia técnica durante 18 meses. La visita de la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, selló el alineamiento militar de Quito con Washington.
El uso del estado de excepción se ha convertido en norma: desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025, Ecuador estuvo bajo régimen excepcional durante 630 de los 638 días de gobierno de Noboa. Incluso cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucionales artículos que habilitaban vigilancia sin orden judicial y zonas militarizadas, el Ejecutivo respondió con una movilización pública contra los jueces. Las imágenes de magistrados exhibidas en vallas con mensajes acusatorios reflejaron el clima de confrontación con la justicia.
En paralelo, sindicatos, feministas, ambientalistas e indígenas denunciaron recortes sociales y privatización encubierta. El 14 de agosto, una masiva marcha en Quito expuso la precarización de la salud, la inseguridad y la falta de medicinas. Ese mismo mes, un intento de asesinato contra Leónidas Iza, referente indígena y expresidente de la CONAIE, mostró la gravedad de la coyuntura política.
La agenda externa refuerza este camino. Noboa incluyó en su referéndum de noviembre la posibilidad de eliminar la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras. También cerró acuerdos energéticos con la estatal china CNPC y habilitó inversiones privadas en telecomunicaciones conectadas a Estados Unidos, como el plan de la empresa Telconet para cables submarinos y centros de datos.
Un modelo de dependencia securitaria bajo la excusa del narcotráfico
La reforma constitucional que busca habilitar bases extranjeras encaja con el esquema de securitización que guía al gobierno. Bajo el argumento de “combatir el narcotráfico”, el estado de excepción se convierte en regla y los ajustes económicos en condición para acceder al financiamiento internacional.
El paro nacional expresa un rechazo social que trasciende a la CONAIE y conecta con sectores urbanos, estudiantiles y laborales. También visibiliza denuncias de desapariciones forzadas y abusos de las fuerzas de seguridad, que organismos internacionales ya investigan.
La escena ecuatoriana se inserta en un contexto regional atravesado por la estrategia de securitización promovida desde Estados Unidos, donde las reformas punitivas internas, el uso recurrente del estado de excepción y la represión generan un clima de tensión social y política que marca el pulso del país en 2025. Noboa, que declaró el “conflicto armado interno” y aumentó el impuesto más popular del país, el IVA, para librar una supuesta batalla contra el narcotráfico, ha estrechado sus lazos de cooperación en materia militar no solo con el Comando Sur estadounidense, sino también con fuerzas privadas como la empresa Blackwater, conocida por entrenar mercenarios.
Mientras Ecuador se convierte en el país más violento de la región, el modelo de Noboa para enfrentar al narcotráfico no muestra resultados concretos. Al contrario, las empresas de su familia han sido denunciadas por supuestos vínculos con el transporte y comercio de sustancias ilegales.
En este escenario, las garantías democráticas y el derecho a la protesta permanecen en suspenso. El uso sistemático de estados de excepción ha instalado un régimen de control permanente que no resuelve la violencia, pero sí limita las libertades ciudadanas. El desenlace del paro nacional marcará si Ecuador logra recuperar una agenda propia o si termina consolidando un modelo securitario autoritario y subordinado a intereses extranjeros.
