Movilización juvenil en Perú: protestas masivas en Lima abren un capítulo de tensión política y social
En las calles de la capital peruana, las jornadas del sábado 27 y domingo 28 de septiembre marcaron un nuevo capítulo en la escalada de protestas que sacude el país desde hace varias semanas. La juventud, con sus consignas contra la reforma previsional, el gobierno de Dina Boluarte y la élite política, fue la protagonista de movilizaciones masivas que reflejan un creciente descontento social y una profunda crisis de legitimidad.
La chispa que encendió estas protestas fue la aprobación, el 5 de septiembre de 2025, de la Ley 32123 en el Congreso, presentada como una “modernización del sistema de pensiones”. La norma impone la afiliación obligatoria a las AFP o la ONP desde los 18 años, con el riesgo de que aquellos que no opten en 12 meses quedan automáticamente inscritos en la ONP. Además, desde 2028, quienes trabajan de manera independiente deberán aportar, recortando sus ingresos, y se elimina la posibilidad de retirar hasta el 95,5% de los fondos al momento de la jubilación para los menores de 40 años, forzando a aceptar pensiones controladas por el Estado o las AFP.
Para la Generación Z, marcada por altas tasas de informalidad (más del 70%) —como empleos temporales, freelances y trabajos precarios—, esta reforma fue vista como un ataque directo a su presente y futuro. La percepción generalizada es que la medida profundiza la precarización laboral y elimina derechos fundamentales para las nuevas generaciones, que ya enfrentan condiciones laborales frágiles y bajos ingresos.
Las movilizaciones y su fuerte represión
Durante el fin de semana, miles de jóvenes y organizaciones sociales desbordaron las calles de Lima, concentrándose en la Plaza San Martín, epicentro de las protestas. La respuesta policial fue contundente: los enfrentamientos dejaron al menos 18 heridos el sábado, entre ellos un periodista, un brigadista, una mujer afectada por gases lacrimógenos y un adulto mayor golpeado con una vara en la cabeza.
Videos y fotografías difundidas por organizaciones como la CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) muestran gases de guerra, perdigones y ataques directos a los medios, en una estrategia que muchos califican como excesiva y desproporcionada. La represión ocurrió en medio de consignas contundentes: “No a la imposición”, “Mi pensión, mi decisión”, “Fujimorismo nunca más”, y “Cárcel para los corruptos”. Sin embargo, las protestas continuaron el domingo 28, con nuevos intentos de avanzar hacia el Congreso, frenados en su momento con gases y golpes.
El saldo total fue de al menos 18 heridos, incluyendo a un periodista y un adulto mayor. La brutalidad policial y el uso indiscriminado de la fuerza generaron condenas de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que denuncian un patrón de represión que busca disuadir el espíritu de resistencia juvenil.
El escenario político en movimiento
En medio del clamor social, el calendario electoral comienza a correr. El 28 de septiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció la creación de 33 Jurados Electorales Especiales, que avanzarán en la organización de las elecciones generales previstas para abril de 2026. La presencia de estas instituciones en un país sacudido por la movilización social evidencia la tensión entre el proceso institucional y el descontento popular que exige cambios profundos.
Por otro lado, la semana pasada, el juez supremo provisorio, Edhin Campos Barranzuela, rechazó la petición de la defensa del expresidente Pedro Castillo para suspender su prisión preventiva, manteniendo su encarcelamiento bajo cargos de rebelión. La continuidad de su detención y las recientes decisiones judiciales dan cuenta de la estrategia contra Castillo, fuertemente combatido por las matrices mediáticas durante su campaña presidencial, por representar un sector de la población que no tiene voz en Perú.
La situación económica: un trasfondo clave
El malestar social no puede entenderse sin el contexto económico que atraviesa el país. Si bien Perú ha mantenido cierta estabilidad macroeconómica, la desigualdad y la informalidad siguen marcando la vida cotidiana. Más del 27% de la población permanece en situación de pobreza y alrededor del 70% de la fuerza laboral se desempeña en la informalidad, lo que significa empleos sin estabilidad, sin beneficios y con bajos ingresos.
La llamada Generación Z, que representa cerca del 21% de la población y de la cual el 41% ya trabaja, se encuentra en el centro de esta crisis. Según informes recientes, el 47% de estos jóvenes planea cambiar de empleo en los próximos seis meses, reflejo de la frustración frente a trabajos precarios y mal remunerados. Aunque un 76% valora la posibilidad de aprender nuevas habilidades y un 63% reconoce oportunidades de ascenso, estas condiciones no son suficientes para retenerlos si no hay flexibilidad, mejores salarios, seguridad financiera y bienestar.
Las brechas también alimentan el malestar: las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres, casi la mitad de los empleadores no tiene planes concretos para reducir esa diferencia y apenas un 5% de trabajadores LGTBIQ+ afirma sentirse libre en su entorno laboral. Frente a este panorama, las demandas de la juventud combinan reclamos materiales —salarios justos, inclusión, estabilidad— con exigencias de propósito, salud mental y coherencia ética en el mundo del trabajo.
Perú en la competencia global: entre China y Estados Unidos
En paralelo, la posición estratégica de Perú lo ha convertido en terreno de disputa entre las dos principales potencias mundiales. China se ha consolidado como un inversor clave, con más de 13.700 millones de dólares destinados a proyectos entre 2005 y 2024. Su apuesta más visible es el Puerto de Chancay, una obra de 3.500 millones de dólares que promete impactar con un equivalente al 1,8% del PBI peruano y más de 8.500 empleos directos. Además, existen planes de integrar a Perú en un corredor bioceánico que conecte el Atlántico y el Pacífico.
Mientras tanto, Estados Unidos fortalece su influencia en el terreno de la seguridad y la política interna. Bajo el gobierno de Boluarte, Washington ha respaldado un enfoque de “securitización” que articula control social, marcos judiciales y alianzas empresariales. La visita de Erik Prince, fundador de Blackwater, para ofrecer un modelo de seguridad privatizado al estilo salvadoreño, encendió las alarmas sobre el rumbo de la política de seguridad en el país.
Las protestas no son un episodio aislado: condensan una crisis social, política y económica de largo aliento. Los jóvenes que hoy copan las calles expresan el rechazo a un sistema que consideran incapaz de garantizar derechos, inclusión y futuro. La combinación de precariedad laboral, desigualdad persistente y reformas impopulares, sumada a la presión de una geopolítica que coloca a Perú en el centro de la competencia global, configuran un escenario de alta tensión.
La incógnita abierta es si el sistema político logrará canalizar el descontento a través de las elecciones de 2026 o si, por el contrario, la conflictividad social seguirá marcando el pulso de un país que busca redefinir su contrato social.
