Proyecto que reconoce jurídicamente a desaparecidos queda listo para ser ley
Con 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley (boletín 15.338) que introduce la calificación jurídica de “Ausente por Desaparición Forzada” y crea un registro especial para estas personas, avanzando en una medida esperada por familiares de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos.
Durante su tramitación en el Senado, se realizaron modificaciones al texto, eliminando la norma que facultaba a la Subsecretaría de Derechos Humanos para dictar resoluciones de reconocimiento jurídico y retirando el mecanismo estandarizado que regulaba dicho proceso.
Tras su aprobación en la Cámara, la iniciativa quedó lista para ser promulgada como ley por el Ejecutivo, consolidándose como un avance en materia de verdad, memoria y reparación, que permitirá reconocer jurídicamente a las personas desaparecidas y entregar mayor certeza a sus familias. Según parlamentarios, esta calificación jurídica no representa gasto fiscal.
Al respecto, Jaime Gajardo, ministro de Derechos Humanos indicó que “1.469 personas fueron víctimas de la desaparición forzada durante la dictadura militar y de esas 1.496 personas todavía tenemos 1.162 personas sin ubicar su paradero”.
“La desaparición forzada no es solo una herida para los familiares, sino que también, es una herida para lo más profundo de la esencia de nuestro país y nuestra sociedad. Y por lo mismo, estamos muy contentos, que el día de hoy hayamos podido después de una larga tramitación con muchas dificultades, aprobar un proyecto de ley que es fruto del trabajo de las agrupaciones de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas”, indicó el jefe de la cartera.
Un paso clave para la memoria: Se aprueba ley que crea un registro oficial de víctimas de desaparición forzada
El Congreso Nacional dio su aprobación final al proyecto de ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una medida de reparación simbólica esperada por décadas por las familias de víctimas de la dictadura.
La iniciativa se enmarca dentro de las acciones del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia impulsado por el Gobierno.
La ley establecerá por primera vez la calificación legal para las víctimas de desaparición forzada ocurridas durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990.
Conoce más de este importante paso en la búsqueda de verdad y justicia a continuación.
¿En qué consiste el nuevo Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada y cómo funcionará?
La nueva ley crea un registro público, gratuito y de carácter digital que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.
El objetivo del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada es que el Estado reconozca oficialmente la ausencia de estas personas, dignificando su memoria.
La base de datos inicial será una nómina elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Esta lista se construirá incorporando los antecedentes ya existentes, provenientes de las comisiones de verdad y de las sentencias judiciales firmes sobre la materia.
Un acto de reparación: El impacto para las familias de las víctimas
Esta ley representa una herramienta de reparación simbólica clave para las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de cuerpos.
Uno de los avances más significativos es que los familiares podrán solicitar y obtener certificados gratuitos que acrediten la condición de «ausente por desaparición forzada» de sus seres queridos.
Este es un paso muy significativo para que en nuestro país nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante la dictadura militar», ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
Avance en el Plan Nacional de Búsqueda
La creación de este registro es una de las acciones impulsadas en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Con esta legislación Chile no sólo reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática de Estado durante la dictadura, sino que también refuerza la obligación de seguir buscando, esclareciendo los hechos y garantizando que estos crímenes no se repitan.
