Argentina activa un nuevo filtro: convierte “falsas denuncias” en herramienta de control
La reforma penal que el presidente de Argentina, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron en Buenos Aires en octubre de 2025 vuelve a poner en debate la figura de las “falsas denuncias” en casos de violencia de género y delitos sexuales. Pero su sentido va más allá de la coyuntura: busca disciplinar. En nombre de la “igualdad ante la ley”, el proyecto plantea penas de hasta 6 años de prisión para quienes denuncien falsamente en contextos de violencia de género, abuso sexual o contra infancias.
El punto llega con un dato clave: la figura ya existe en el artículo 245 del Código Penal, que sanciona a quien denuncia un delito inexistente a sabiendas. La novedad no cubre un vacío legal; opera sobre el clima social. Desplaza el foco desde la impunidad hacia la palabra de las víctimas. Es decir, el cambio no responde a un vacío jurídico, sino a una operación simbólica: reinstalar la duda sobre quienes denuncian.
Los datos disponibles no sostienen una “epidemia” de acusaciones inventadas. ONU Mujeres estima que las denuncias falsas representan menos del 1% en el mundo. En España, la Fiscalía General registró un promedio de 0,00084% entre 2009 y 2021. En Argentina no hay estadísticas oficiales específicas, pero los estudios existentes sitúan el fenómeno por debajo del 3% del total de causas penales, con mayoría en delitos económicos y no en violencia de género.
El contraste con la violencia letal es drástico. El observatorio Ahora Que Sí Nos Ven reporta 178 femicidios en lo que va de 2025. Solo el 15% había denunciado. Traducido a una imagen: 178 equivalen a más de 3 buses de larga distancia completos. La cifra exhibe un problema de acceso y de protección, no de exceso de denuncias.
La subdenuncia es estructural. La Encuesta Nacional de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de 2017 indica que apenas 12,5% de las violencias sexuales se denuncian. Es decir, 8 de cada 10 hechos no llegan al expediente. La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) relevó que 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y que 40% son niñas, niños y adolescentes. En ese escenario, endurecer el castigo por denuncias falsas funciona como un mensaje disuasivo.
La tendencia no es solo local. En España, Chile, Colombia, Perú y México se discutieron o presentaron iniciativas para agravar penas cuando la denuncia falsa se vincula con violencia de género. En Colombia rige la “falsa denuncia ante autoridad”. En Perú, el artículo cuatrocientos dos del Código Penal tipifica la “denuncia calumniosa”. En México, a nivel federal, se tramitan proyectos que crean figuras específicas para acusaciones falsas en materia sexual. Este mapa regional ubica a Argentina dentro de una agenda que prioriza controlar la puerta de entrada al sistema judicial.
El riesgo es nítido: transformar un problema de protección en un problema de castigo. En un país con subdenuncia alta, la prioridad debería pasar por garantizar patrocinio jurídico gratuito, equipos interdisciplinarios y medidas de resguardo efectivas. También por producir estadísticas públicas y comparables, con metodología abierta y federal. Y por fortalecer las áreas especializadas, como UFEM, y los protocolos de investigación con enfoque de género.
Hay alternativas comunicacionales en marcha. La campaña Yo Sí Te Creo en Argentina busca acompañar a quienes deciden denunciar y reducir el costo social de hacerlo. Se articula con iniciativas en América Latina como Hermana Yo Te Creo en México, Eu Acredito em Você en Brasil y Nosotras Sí Creemos de Uruguay. El objetivo es sencillo y verificable: que más víctimas lleguen a la justicia y que los procesos sean serios, rápidos y respetuosos.
La reforma penal puede y debe discutir delitos nuevos incluidos los digitales y actualizar herramientas. Pero penalizar la denuncia no mejora la investigación ni protege mejor. En el corto plazo, agrega miedo al trayecto ya frágil de quien se anima a hablar, es decir, se convierte en una estrategia de disciplinamiento social. En el largo plazo, profundiza la desigualdad de género y de clase. La salida razonable es otra: poner recursos donde faltan patrocinio, equipos, refugios, datos y evaluar resultados. Es un punto de partida para que el Estado, en la región, cumpla con su obligación de proteger y de investigar.
La consigna es clara: creer en la palabra de las mujeres no es ingenuidad, es justicia. Es reconocer que el problema no son las denuncias falsas, sino la impunidad estructural del patriarcado.
*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL.
