Conaie denuncia militarización de Quito y represión en el sur durante las marchas del 12 de octubre
Por Marco Criollo
Desde la mañana de este domingo 12 de octubre, cientos de personas se concentraron en diferentes puntos de Quito para avanzar hacia el centro de la ciudad. En el sur, la fuerza pública lanzó bombas lacrimógenas para impedir el avance de las marchas convocadas por el Día de la Resistencia Indígena.
En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció que el Gobierno de Daniel Noboa mantiene una actitud “guerrerista” contra los manifestantes.
“El Gobierno ha militarizado y sitiado la ciudad de Quito con más de 7.000 efectivos, ha bloqueado el transporte público, realiza movimientos tácticos de guerra e instala el discurso del enemigo interno contra los pueblos, nacionalidades y sectores sociales”, expresó la organización.
La Conaie alertó a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos sobre “las posibles acciones de represión, infiltración, falsos positivos y tácticas de guerra en contra de los pueblos y la población civil que se moviliza”.
El movimiento indígena reiteró sus demandas:
Derogatoria del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel.
Libertad de los detenidos.
Justicia para los heridos y fallecidos.
Reparación integral a las víctimas de la represión.
Respeto a la vida y a la democracia.
Defensa de la Constitución y de los derechos del pueblo.
Denuncio que el Gobierno impidió la concentración y no dejó avanzar la marcha pacífica de los sectores sociales y la ciudadanía en #Quito. El despliegue militar y policial actuó con violencia desde el inicio, reprimiendo de inmediato incluso a niños y familias enteras. Este… pic.twitter.com/PXNUvFLne4
— Marlon Vargas S. (@MarlonVargasEc) October 12, 2025
Pabel Muñoz reprocha ‘excesivo uso de la fuerza’ durante manifestaciones en Quito
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció este domingo sobre el operativo de seguridad implementado en la capital bajo el estado de excepción, y criticó el uso de la fuerza durante las movilizaciones recientes.
“Quito amaneció con un despliegue de policías y militares nunca antes visto. Las autoridades nacionales definieron, bajo el estado de excepción, un gran perímetro de cierres viales que nos obligó a modificar las rutas de transporte y prácticamente impidió el ingreso al hiper centro de la ciudad”, señaló Muñoz en X.
El alcalde añadió que, pese a que la medida busca garantizar la seguridad, se evidenció un uso excesivo de la fuerza: “Sin embargo, lo que debería verse como una medida para cuidar la seguridad de todos, terminó siendo un terreno en el que se pudo ver excesivo uso de la fuerza. Esto es reprochable desde cualquier punto de vista”.
“Hago un llamado a las autoridades nacionales a encontrar una solución urgente y estructural a las demandas sociales. No podemos permitir que Quito termine siendo una ciudad sitiada, pues eso no habla de paz sino imponerse por la fuerza”, sostuvo.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, informó minutos antes que la ciudad se encuentra en paz tras la labor desplegada por el Bloque de Seguridad.
Durante un mensaje desde el parque El Arbolito, Reimberg destacó el trabajo coordinado de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que permitió evitar que un grupo reducido de manifestantes alterara el orden público.
“Hemos cumplido: Quito está en paz. El Bloque de Seguridad ha trabajado. Han hecho una gran labor en las calles de Quito y en las afueras también, haciendo que la paz se mantenga y que aquellos, unos pocos revoltosos, que quisieron incitar a que haya ataques no lo lograran”, afirmó el ministro.
Este es el Ecuador a un mes del fin del subsidio del diésel, decretado por Daniel Noboa
Por Lucía Vásconez
El Gobierno de Daniel Noboa mantiene firme la eliminación del subsidio al diésel pese a las protestas sociales. La medida genera ahorro fiscal y reduce el contrabando, pero también provoca pérdidas económicas en varios sectores.
Un mes sin subsidio al diésel en Ecuador
Este 13 de octubre de 2025 se cumple un mes desde que Ecuador eliminó el subsidio al diésel, una política que estuvo vigente más de cinco décadas. El presidente Daniel Noboa oficializó la medida mediante decreto ejecutivo, elevando el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares
El Gobierno justificó la decisión como un paso necesario para ordenar las cuentas públicas y redirigir los recursos hacia los sectores más vulnerables. Según el Ministerio de Finanzas, el país dejará de gastar un promedio de 2,5 millones de dólares diarios en el subsidio al diésel, lo que representa un ahorro anual superior a los 1 100 millones de dólares.
El Ejecutivo busca redistribuir esos recursos entre los sectores más vulnerables. Hasta ahora ha entregado bonos y créditos para el sector del agro y emprendedores, compensaciones temporales para transportistas, ampliación de beneficiaros del Bono de Desarrollo Humano, entre otros.
Impacto fiscal y reducción del contrabando
El Ministerio de Energía reporta que, tras un mes de aplicación de la medida, el consumo nacional de diésel cayó un 13,4%. En las provincias fronterizas y mineras la reducción ha sido más notoria: Carchi (-25,7%), Imbabura (-25,1%) y El Oro (-22,6%).
Estas cifras evidencian, según el Gobierno, que gran parte del combustible subsidiado terminaba en redes ilegales. “Con la eliminación del subsidio, el contrabando y la minería ilegal pierden rentabilidad”, afirmó la cartera de Energía.
Protestas y pérdidas económicas
A pesar de los argumentos fiscales, la decisión provocó descontento social. Desde el 22 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera protestas focalizadas en varias provincias de la Sierra. El ataque a la caravana presidencial en Cañar, el 7 de octubre, agravó la tensión política.
El paro, aunque no ha sido generalizado, genera pérdidas importantes. El sector florícola reporta cerca de 1 millón de dólares diario en pérdidas, mientras que el turismo calcula afectaciones de 2 millones de dólares diarios en el norte del país.
Según la Cámara de Industrias y Producción, las pérdidas totales en los primeros 13 días de protestas superan los 70 millones de dólares, principalmente en Imbabura y Carchi.
Hasta el momento, las movilizaciones dejan un fallecido, más de un centenar de heridos y cerca de cien detenidos, varios de ellos bajo cargos de terrorismo.
Una medida que resiste
La eliminación del subsidio al diésel bajo el gobierno de Noboa ha durado más que los intentos de sus antecesores. En 2019, el presidente Lenín Moreno elevó el precio del galón de 1,03 a 2,30 dólares, pero el decreto fue derogado tras 12 días de violentas protestas.
En 2022, Guillermo Lasso intentó aplicar un sistema de bandas de precios, lo que derivó en un paro de 18 días y más de 200 acuerdos con el movimiento indígena, sin lograr una focalización efectiva.
Este 2025, las protestas cumplen 22 días, pero el Ejecutivo mantiene su postura: la eliminación del subsidio es irreversible.
Noboa anunció que desde el 12 de diciembre entrará en vigencia un sistema de bandas que hará que el precio del combustible varíe según el mercado internacional del petróleo. El Gobierno prevé que el diésel bajará, ya que el precio del crudo sigue descendiendo.
Opiniones y desafíos
Para el Oswaldo Erazo, secretario de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) considera que la decisión “es valiente y necesaria”, pues los subsidios “no lograron redistribuir ingresos y generaron ineficiencia energética”.
Por otro lado, Pablo Hidalgo-Romero, docente de la Business School de la UIDE, considera que el fin del subsidio al diésel marca un cambio clave en la política económica del Ecuador. Aunque busca ahorrar unos 1 100 millones de dólares al año y reducir el déficit fiscal, la medida afecta directamente a los sectores más vulnerables.
El diésel es fundamental para el transporte público, escolar y agrícola, por lo que su alza encarece la producción y distribución de bienes. Si bien el subsidio beneficiaba también a grupos de mayores ingresos, eliminarlo también afecta a los hogares pobres.
El reto advierte Hidalgo, no es solo fiscal. En un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, especialmente rural, retirar el subsidio sin una estrategia de apoyo sostenida puede agravar la vulnerabilidad social y frenar la recuperación. Más que una medida económica, se trata de definir un modelo de desarrollo que combine eficiencia con equidad, protegiendo a los más afectados y fomentando la productividad.
