Militares ingresan a hospitales y centros de salud en Imbabura para detener a personas heridas durante las protestas
Por Marco Criollo
Según Inredh, las autoridades ordenaron al personal médico no brindar atención a los heridos.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denuncia que convoys militares ingresan a hospitales y centros de salud en la provincia de Imbabura para detener a personas heridas durante las protestas.
Según la organización, las autoridades ordenaron al personal médico no brindar atención a los heridos y, en caso de recibirlos, informar de inmediato a la Policía Nacional.
Fuentes confidenciales de centros de salud de Imbabura confirmaron a Radio Pichincha que las personas heridas que llegan a recibir atención médica “son detenidas y llevadas por militares”. Según estas mismas fuentes, se trataría de una “orden emitida por la fuerza pública”, lo que ha generado temor entre el personal médico y los familiares de las víctimas
¿Qué dice la ley?
Estas acciones violan el derecho a la salud garantizado en el artículo 32 de la Constitución del Ecuador, que establece la atención médica como un derecho fundamental bajo principios de equidad y universalidad.
Además, contravienen la Ley Orgánica de Salud, que obliga a los establecimientos públicos y privados a atender emergencias sin requisitos previos, y la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, que prohíbe negar asistencia a personas en riesgo vital.
La fundación calificó como “grave” la militarización de los espacios de salud y recordó que estos deben mantener su carácter humanitario. Negar atención médica o detener a heridos, afirmó, constituye una violación de los derechos fundamentales y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Que todo el país se entere: en Imbabura se comete una masacre contra quienes exigen justicia y dignidad. #ParenLaMasacre #SOSImbabura@JohnReimberg @MinInteriorEc @DanielNoboaOk@CIDH @ONU_derechos @CICR_es @UN4Indigenous pic.twitter.com/IYgm8MuLiM
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 15, 2025
Inredh exigió al Estado garantizar el acceso a la atención médica sin represalias y proteger la vida e integridad de las personas heridas durante las manifestaciones en Imbabura.
🔴 #ATENCIÓN | Denuncian que convoys militares ingresan a hospitales en Imbabura para detener a heridos. Se habría ordenado no brindar atención y alertar a la policía, lo que vulnera derechos humanos. @inredh1 exige respetar el carácter humanitario de los centros de salud. pic.twitter.com/hLbXkF0DXk
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 14, 2025
Más de 20 personas heridas a causa de la represión policial y militar
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 22 personas heridas —entre ellas una mujer en estado grave por el impacto de una bomba lacrimógena— y cuatro detenidos, todos víctimas del uso ilegítimo de la fuerza. También se registraron afectaciones psicológicas, pues varias familias habrían dormido fuera de sus viviendas por temor a nuevos enfrentamientos.
🚨 ALERTA | Denunciamos la represión militar indiscriminada en Imbabura. Un convoy “humanitario” del Ejecutivo ha atacado a comunidades indígenas, dejando 22 heridos (una de gravedad) y 4 detenidos. Exigimos el cese inmediato de la represión y el respeto a los #DerechosHumanos. pic.twitter.com/eYAp7l7erg
— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) October 14, 2025
La CIDH llama al Gobierno a dialogar para evitar violaciones de derechos durante el paro nacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este martes 14 de octubre un nuevo llamado al Gobierno Nacional a que establezca un diálogo con los manifestantes para «prevenir violaciones a derechos humanos» cuando se cumplen 23 días desde que iniciaron las protestas convocadas por el movimiento indígena en rechazo al alza del precio del diésel.
«La CIDH insta a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes», señaló la Comisión en un comunicado emitido junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
El paro nacional expone el racismo estructural del poder en Ecuador
A 23 días del paro nacional convocado por la CONAIE, las denuncias de represión y criminalización contra los pueblos indígenas han evidenciado un racismo estructural arraigado en el poder político, mediático y… pic.twitter.com/4yZKcJOaZW
— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) October 15, 2025
Además, la Comisión y la Relatoría señalaron que permanecen atentas «ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el paro nacional en Ecuador» y que recordaban «que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos».
En el comunicado, la CIDH hizo un recuento de lo que ha sucedido en en Ecuador desde que el presidente Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel, el pasado 12 de septiembre, destacando que tras las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el Gobierno declaró un estado de excepción que ahora rige sobre 12 provincias y dispuso la movilización de los militares y policías.
«Durante las movilizaciones, la CIDH tomó nota con preocupación de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, atribuidos a ciudadanos que se encontraban presentes en las manifestaciones», detalló.
Muerte de comunero indígena
El organismo también rechazó la muerte del comunero indígena kichwa Efraín Fuerez, ocurrida el 28 de septiembre en Imbabura, donde las protestas se han intensificado durante estas cuatro semanas.
Según la CIDH, la muerte de Fuerez, que la Conaie atribuye a los militares, ocurrió en un «contexto de enfrentamientos».
«Hasta la fecha, según reportan algunas organizaciones, se registraron al menos cien personas heridas; cien detenciones, 12 personas desaparecidas; así como doce personas procesadas por supuestos actos de terrorismo», alertó la Comisión.
Mientras que desde el Gobierno se denunció ataques contra las fuerzas de seguridad, contra dos caravanas de vehículos lideradas por el presidente Noboa hacia Imbabura y otra hacia Cañar y que «el crimen organizado se ha infiltrado en las manifestaciones».
La Comisión aseguró que el Estado ecuatoriano había reiterado «su reconocimiento de la protesta social como forma legítima de participación democrática, ‘siempre que se ejerza de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros'» y que había actuado «conforme los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad para proteger los derechos de la ciudadanía».
La RELE, por su parte, registró al menos 21 casos de agresiones físicas y hostigamiento contra periodistas y trabajadores de medios durante la cobertura de manifestaciones, presuntamente cometidos tanto por manifestantes como por fuerzas de seguridad estatales.
La CIDH recordó que «la protesta pacífica es un pilar de las sociedades democráticas» y que «debe ser protegida».
«El uso de la fuerza solo puede aplicarse de manera excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, de acuerdo con los estándares interamericanos. En este marco, el uso de armas de fuego en operativos de control de manifestaciones está estrictamente prohibido», advirtió.
«La Comisión exhorta al Estado ecuatoriano a investigar de forma imparcial y diligente las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y a juzgar y sancionar a las personas funcionarias responsables de violaciones de derechos humanos», señaló el organismo.
Y añadió que «la participación de algunas personas en actos de violencia no puede justificar la deslegitimación de toda la protesta ni la restricción de los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente».
«En estos casos, las fuerzas de seguridad deben actuar de manera diferenciada, aislando a quienes recurren a la violencia y respetando los estándares internacionales de derechos humanos», concluyó.
