Renuncia funcionario de Guatemala tras denunciar corrupción en Ministerio de Gobernación
La combinación de corrupción interna, fugas masivas de presos y presiones externas ha dejado en evidencia el estado crítico del sistema de seguridad.
El viceministro de Seguridad de Guatemala, José Portillo, presentó su renuncia este miércoles tras denunciar ante el Ministerio Público (MP) una serie de presuntos actos de corrupción dentro del Ministerio de Gobernación (Mingob), institución a cargo del ministro Francisco Jiménez. Las acusaciones involucran a funcionarios de alto nivel, señalados de recibir sobornos de reclusos, manipular procesos de compra pública y participar en redes de tráfico de migrantes hacia el norte del país.
Portillo acudió de madrugada al MP para presentar cinco denuncias formales antes de anunciar públicamente su decisión de dejar el cargo, que ocupaba desde hace apenas cuatro meses por designación del presidente Bernardo Arévalo.
El viceministro describió una estructura interna dedicada a extorsionar a reclusos mediante cobros ilegales conocidos como “talacha”, que garantizaban privilegios o seguridad dentro de las cárceles. Además, reveló cobros irregulares en el Departamento de Tránsito por la emisión de licencias de conducir y denunció el tráfico de migrantes en la ruta de Esquipulas hacia México y Estados Unidos.
La renuncia de Portillo ocurre en el punto más crítico del sistema penitenciario guatemalteco en años.
El pasado 11 de octubre se confirmó la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 desde la prisión de máxima seguridad Fraijanes II, un hecho que desató una crisis nacional y provocó la destitución del entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez.
El ministro Jiménez ordenó un operativo de búsqueda con 45.000 agentes de la Policía Nacional Civil y solicitó apoyo a la Interpol y a los Gobiernos vecinos. La Embajada de Estados Unidos intervino en el caso, un asunto interno de Guatemala, calificó la fuga como “totalmente inaceptable” y exigió “responsabilidad plena” de las autoridades.
El Ministerio Público asignó la investigación a la Fiscalía de Delitos Administrativos, que indaga delitos de malversación, cohecho, estafa y nombramientos ilegales. El secretario general del MP, Ángel Pineda, afirmó que las pesquisas serán “exhaustivas” y que “nadie está por encima de la ley”.
La corrupción en el sistema carcelario no es un fenómeno nuevo. Durante las últimos Gobiernos se documentaron construcciones de lujo en prisiones, amotinamientos simultáneos, conductos de fuga, y el ingreso sistemático de dinero y aparatos electrónicos a los centros de detención.
En 2024, las autoridades descubrieron apartamentos de dos niveles con televisores, cocinas y baños privados en la cárcel de Pavoncito, controlada por líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Pese a las demoliciones y a la remodelación del penal “El Infiernito” (hoy Renovación I), la corrupción estructural se mantuvo.
El caso golpea directamente a Arévalo, quien llegó al poder con una agenda centrada en la lucha anticorrupción y la reforma institucional. Su administración acumula ya varios escándalos dentro del Mingob, debilitando el discurso reformista que lo llevó al poder.
Sectores empresariales y sociales han pedido la renuncia del ministro Jiménez, mientras la oposición denuncia una crisis de gobernabilidad en materia de seguridad pública.
Portillo, al dimitir, subrayó que su decisión responde a “principios y convicciones personales”, y que no permitirá que su nombre sea vinculado a prácticas corruptas. Sus declaraciones también apuntaron contra la viceministra Claudia Palencia, encargada de temas penitenciarios y antinarcóticos, a quien responsabilizó de haber recomendado a funcionarios implicados en las irregularidades.
